- Por Benjamín Livieres
- Analista político
“Primero vamos a poner la casa en orden y después vendrá la reforma de la Carta Orgánica”, dijo el nuevo presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes, en la última de sus numerosas apariciones mediáticas. Si por el ordenamiento de la casa se refiere a la adopción de medidas de emergencia o “parches” para aliviar la crisis originada por la falta de insumos y medicamentos, sus afirmaciones cobran sentido. De otra forma, no, dado que mal podría ponerse orden en esta institución sin proceder a las urgentes reformas estructurales que originan sus crisis recurrentes.
Hay que apagar los incendios, no hay duda alguna. Sin embargo, el ordenamiento de las prioridades expuestas por Fretes no resulta convincente, por aquello de que “se puede mascar chicle y cruzar la calle”. Las reformas estructurales que siempre se anuncian, pero cuyos contenidos se ignoran, deben comenzar a ser discutidas sin más demoras.
En cuanto a las urgencias, la política de los anuncios no funciona. La practicó el expresidente de la previsional Jorge Brítez, y después de 30 meses se fue sin dejar un memo al respecto. Y Fretes, que tiene a su favor un amplio consenso, no dispone ni de la cuarta parte del tiempo que tuvo su antecesor.
Las palabras, en la actualidad, se valoran positivamente si están antecedidas por hechos. El “vamos a sanear el vademécum” no hace falta anunciar. Háganlo y después informen. Igual con las investigaciones de presuntos hechos de corrupción. Detéctenlos, comuniquen a los asegurados –a quienes en teoría se deben– y denuncien responsablemente ante la Fiscalía, si así corresponde. Lo mismo aplica para la auditoría que se hará sobre los inmuebles de la previsional, que será realizada por el auditor del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, exdirector administrativo de Itaipú en el gobierno de Mario Abdo.
Lo que el asegurado reclama son cambios concretos en materia de gestión, que no dependen ni se contraponen a la puesta en marcha del debate sobre los cambios de fondo. Cuestiones básicas, como propone Camilo Pérez para Asunción cuando habla de resolver los problemas de los baches, la basura y brindar condiciones mínimas de seguridad, que en el caso de la previsional significa acabar con el desabastecimiento en los hospitales, así como con el calvario que representa obtener un turno para consulta, estudios o un procedimiento quirúrgico.
Lo antedicho, valga resaltar, no es un alegato contra la información, uno de los pilares de la trasparencia, sino del lugar que debe ocupar en las labores que desarrollen las autoridades de la previsional, porque los problemas ya fueron objeto de innumerables diagnósticos y los planes para hacer frente a algunos de ellos se vienen divulgando desde hace cuatro semanas. Es poner el énfasis en la gestión, en las acciones que se ejecuten y, sobre la base de lo realizado, desarrollar las políticas comunicacionales que muestren sus resultados.
Ahora bien, como “mascar chicle” no es suficiente, en simultáneo es necesario “cruzar la calle”, es decir, impulsar el debate sobre las reformas estructurales y no esperar a no esperar a que futuras crisis se utilicen como justificación para introducir cambios a las apuradas, de consecuencias generalmente perjudiciales para los afectados, que no son 230.000 aportantes, cono en la “caja fiscal”. En el caso del Instituto de Previsión Social son 1 millón, más sus beneficiarios.