- Por Benjamín Livieres
- Analista político
“El Paraguay debería hacer un reajuste tributario para que haya tasas más progresivas. ¿Qué quiere decir eso? Que los segmentos de ingresos más altos deben pagar impuestos más altos que los segmentos más bajos”. Las expresiones no corresponden a un economista “keynesiano”, sino al presidente Santiago Peña, formado en los moldes de la ortodoxia neoliberal, tras señalar que tenemos un problema de distribución (de las riquezas). Claro, no lo planteó como algo de ejecución inmediata. Avisó que no sería durante su gobierno. Aun así, bien hecho por Peña. Es la primera vez que, desde ámbitos oficiales, se plantea colocar en el horizonte el debate de un tema considerado tabú, como el de los impuestos.
La discusión es muy concreta, aunque siempre se acompañe de prejuicios ideológicos y doctrinarios que nada aportan a su desarrollo. Tal como insinúa el presidente de la República, en el futuro, los recursos de los que dispone el Estado serán insuficientes para cumplir con sus obligaciones. No con este sistema tributario (10 % IVA, 10 % a la renta empresarial y 10 % a la renta personal), instaurado hace 32 años, que ya evidencia síntomas de agotamiento o, cuanto menos, de problemas que requieren ajustes para afrontarlos.
El “descalce” del Presupuesto Nacional es una de sus expresiones. Se aprobó un proyecto que no contaba con las contrapartidas financieras para ejecutarlo y se acumuló una deuda de más de USD 1.200 millones con empresas farmacéuticas y de la construcción. Los lectores recordarán que Carlos Fernández Valdovinos, en el ocaso de su gestión, respondió con las viejas recetas del “ajuste de cinturones” y una “economía de guerra”, sustituidos por el nuevo ministro Óscar Lovera por una “política de recortes de gastos que no afecten los programas sociales”, cuya única fundamentación sigue siendo la caía pronunciada de la cotización del dólar, que sin dudas impactó en las recaudaciones, pero no explica todo.
A decir verdad, la insuficiencia de recursos ordinarios viene de antes, pero parte de los planes se financiaban mediante la contratación de deuda externa y otra parte con fondos extraordinarios provenientes de un acuerdo con Brasil, que permitió elevar los gastos sociales de Itaipú a USD 1.950 millones para un periodo de 3 años. Y ocurre que el endeudamiento tiene límites, impuestos por un techo cada vez más bajo, en tanto que ese dinero procedente de la Binacional se acaba este fin de año.
Entre medio ocurrió un hecho relevante: el aumento de la inversión social por casi USD 1.000 millones, entre “Hambre cero” y “Adultos mayores”, imprescindibles para evitar que cientos de miles de compatriotas permanezcan en niveles inaceptables de pobreza.
En otras palabras, se incrementaron los gastos corrientes, mientras los ingresos disminuyeron (menor recaudación, lo que se profundizará si se eliminan los gastos sociales de Itaipú desde enero de 2027).
Tal como están las cosas, este sistema tributario no es compatible con los programas de inversión social y otras políticas públicas que sostengan el crecimiento económico. La disyuntiva es clara: o volvemos al esquema anterior, en el cual el Estado cumplía un rol secundario en el plano social, lo que además de injusto dispararía la conflictividad y sería un freno al desarrollo, o iniciamos un debate serio sobre la necesaria reforma tributaria para elevar los ingresos genuinos del Estado, pero no dentro de 10 años, como dejó entrever Peña, sino muy pronto.