- Por Juan Carlos Dos Santos G.
- juancarlos.dossantos@nacionmedia.com
La diplomacia internacional en Medio Oriente suele tropezar con una barrera donde las declaraciones oficiales y los presupuestos estatales cuentan historias radicalmente distintas. El reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos al Congreso sobre la Ley Taylor Force expone, sin matices, una de las dinámicas más espinosas para la seguridad en la región: la política de la Autoridad Palestina (AP) conocida como “Pay for slay” (Pagar por matar).
Para comprender la gravedad del asunto, es necesario mirar los números y su justificación. Durante el año 2025, la AP destinó 156 millones de dólares en pagos y beneficios a palestinos condenados por terrorismo y a las familias de aquellos fallecidos al cometer ataques.
No se trata de un daño colateral ni de una filtración de fondos; es un sistema de incentivos institucionalizado que choca frontalmente con los esfuerzos de estabilización en una zona donde la seguridad es, día a día, una cuestión de supervivencia.
El detonante legal para que Washington pusiera la lupa sobre estos fondos fue el asesinato de Taylor Force, un veterano estadounidense apuñalado en Tel Aviv en 2016. La ley que lleva su nombre traza una línea roja clara: no habrá asistencia económica estadounidense mientras la AP siga recompensando la violencia. Sin embargo, la respuesta desde Ramala no ha sido el desmantelamiento del sistema, sino un sofisticado ejercicio de rebranding burocrático.
Ante la presión de Occidente, la AP intentó canalizar estos pagos a través de una nueva agencia con un nombre aséptico: la Fundación Nacional Palestina para el Empoderamiento Económico (PNEEI). Vendida a la Unión Europea y a los donantes árabes como una reforma hacia la asistencia social legítima, la PNEEI resultó ser una fachada. Investigaciones y reportes de inteligencia revelaron que los terroristas y sus familias continuaban recibiendo pagos suplementarios, muchas veces mediante entregas de efectivo en oficinas de correos para evitar el escrutinio del sistema bancario formal.
El impacto táctico y estratégico de esta política es alarmante cuando se observa la realidad sobre el terreno. El informe estadounidense detalla casos de individuos liberados en recientes acuerdos de intercambio de rehenes –con historiales letales comprobados contra civiles– que salieron de prisión con “deudas” acumuladas a su favor por parte de la AP que superan los 350.000 dólares, además de estipendios mensuales vitalicios.
Este flujo de dinero revela una fractura profunda en la gobernanza palestina. Cuando la AP amagó con suspender o alterar levemente estos pagos para apaciguar a los donantes internacionales en enero de este año, enfrentó protestas inmediatas de exprisioneros en las calles de Belén. El sistema de pagos está tan arraigado en la base política y social que desmantelarlo supone un costo político que el liderazgo palestino, liderado por Mahmoud Abbas, no está dispuesto a asumir. El propio ministro de Finanzas palestino admitió públicamente que seguir pagando a los “mártires” era un “asunto fundamental y claro”, casi insuperable.
El interrogante estratégico que deja este escenario es ineludible para la comunidad internacional. Si el consenso diplomático occidental y de las potencias regionales proyecta a la Autoridad Palestina como el actor moderado, legítimo y necesario para asumir la gobernanza a largo plazo y la reconstrucción en los territorios palestinos, ¿cómo se reconcilia esta expectativa con un aparato estatal que no solo glorifica en sus libros de texto la violencia, sino que financia con cientos de millones de dólares a quienes aprietan el gatillo o detonan los explosivos?
Mientras la contabilidad oficial siga premiando el terrorismo, cualquier esfuerzo de paz sostenido seguirá naciendo con las cuentas en rojo.