- Jorge Torres Romero
Hace apenas unos días, el Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó un dato que, en cualquier país con vocación de progreso, debería ser motivo de debate serio y no de descalificación automática: la pobreza se redujo cerca de tres puntos porcentuales.
Sin embargo, lejos de generar una discusión técnica sobre metodologías, alcances o sostenibilidad, lo que emergió fue una reacción casi reflejo de desconfianza por parte de algunos analistas, periodistas y sectores de la oposición.
La pregunta es inevitable: ¿habría ocurrido lo mismo si el dato hubiese sido el contrario? Si el INE anunciaba que la pobreza aumentó un 5 %, probablemente esos mismos números habrían sido citados como prueba irrefutable del fracaso gubernamental.
No habría habido urgencia en auditar la metodología ni en relativizar la fuente. La estadística, en ese caso, habría sido elevada a verdad indiscutible. Pero cuando el dato es positivo, entonces se vuelve sospechoso.
No se trata de afirmar que los números oficiales son incuestionables. Toda estadística pública debe ser escrutada, debatida y perfeccionada. Ese es el rol de una sociedad democrática. Lo que resulta problemático es la vara selectiva: creer solo en los datos que confirman una posición previa y descartar aquellos que la contradicen.
Algo similar ocurre con los programas sociales. Hambre Cero, por ejemplo, alcanza a más de un millón de niños que hoy reciben un plato de comida diaria en condiciones dignas. ¿Puede discutirse su implementación, su eficiencia o su sostenibilidad? Por supuesto. Pero negar su impacto concreto en la economía de miles de familias es desconocer una realidad palpable.
Para muchos hogares, ese almuerzo no solo alimenta: también libera recursos para otras necesidades básicas.
En la misma línea, la expansión de la pensión para adultos mayores –que hoy alcanza a cientos de miles de personas que antes no recibían nada– constituye un cambio estructural en términos de protección social.
Y el impulso a las viviendas sociales, más allá de las polémicas coyunturales que puedan opacarlo, ha permitido que decenas de miles de familias accedan por primera vez a un techo propio.
Lo penoso es que un escándalo amplificado al máximo por medios y opositores puede eclipsar políticas públicas de alcance masivo. Lo anecdótico tapa lo estructural. Y así, el debate público se empobrece, porque se concentra en el ruido y no en los resultados.
¿Es injusto? En parte sí. Pero también es reflejo de un clima político donde el reconocimiento del acierto ajeno parece una concesión inadmisible. En ese contexto, admitir que una política del adversario funciona se percibe casi como una derrota propia.
Sin embargo, una sociedad madura debería poder hacer ambas cosas al mismo tiempo: criticar lo que está mal y reconocer lo que funciona. Los números no son ideológicos. Pueden ser discutidos, auditados y contextualizados, pero no deberían ser aceptados o rechazados según la conveniencia política del momento.
Esa mirada destructiva que tiene sobre los números oficiales no erosiona al gobierno de Peña, liquida la percepción ciudadana y crea un ambiente de frustración y desánimo. Pero lo grave es que la ciudadanía podría terminar creyendo esos relatos y hasta truncar un proceso que está dando resultados para el Paraguay. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso