- Víctor Pavón (*)
De contramano a las manifestaciones correctas del presidente de la República de no subir los impuestos y bajar el déficit fiscal para fortalecer el crecimiento de la economía, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y el Ministerio del Trabajo desean lo contrario: pretenden frenar el empleo, el comercio, la industria y la producción en general.
La DNIT insiste con un severo control a las reservas de las empresas. Desea establecer exigencias con multas y gravámenes en caso que las sociedades comerciales no utilicen sus reservas en un plazo de no más de tres años, dado que “es preciso saber qué hacen las empresas con sus recursos”.
Las reservas, y a diferencia de lo que creen los burócratas de la DNIT, son beneficios netos obtenidos por las empresas que fortalecen el patrimonio, la inversión futura y hasta pueden cubrir pérdidas. Las reservas empresariales son de sus dueños, siendo de propiedad privada garantizada en la Constitución Nacional, un “colchón” de dinero que repercute en la estabilidad y la solvencia de las sociedades.
El Ministerio del Trabajo, a su vez, pretende incorporar compulsivamente a los trabajadores informales a la seguridad social. Consideran que la informalidad puede acabarse con la inscripción automática de trabajadores y empleadores, calculando los aportes pendientes y las jubilaciones para luego aplicar las sanciones que correspondan.
No saben los del Ministerio del Trabajo que la informalidad tiene otra causa. Es la falta de capitales y de seguridad junto con el alto costo laboral. Y a diferencia de lo que cree este órgano estatal, con la inscripción masiva de empleadores y trabajadores se elevará todavía más el costo laboral y el riesgo afectando los puestos laborales existentes y los muchos que podrían crearse.
A la DINIT y al Ministerio del Trabajo les tiene sin cuidado la economía privada, su interés es la recaudación para el erario. Pretenden inmiscuirse en la economía de las empresas y personas para lograr su objetivo de más dinero para el fisco. El método que aplicarán no solo es equivocado, sino que también causará daños a las empresas, a los empleadores y trabajadores, un freno a la economía que terminará en recesión.
De igual importancia, las mencionadas intervenciones estatales no serán bien vistas por el mercado nacional e internacional. El grado de inversión se verá afectado. El cambio en las reglas de juego es una señal negativa dentro y fuera del país.
Modificar el timón institucional de la manera que pretenden la DNIT y el Ministerio del Trabajo, terminará por dañar la gestión gubernamental y a la economía que requiere de ahorro e inversión privada mediante la confianza en reglas claras, estables y predecibles.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.