• Por el Dr. José Duarte Penayo
• Filósofo. Presidente de la ANEAES

Muchas veces el arbusto técnico oculta el bosque de la realidad social, económica y política. El aseguramiento de la calidad en educación supe­rior es, sin dudas, un caso espe­cialmente revelador de ese pro­blema. Lo que a primera vista parece una discusión reservada a especialistas, agencias y pro­cedimientos administrativos, en realidad remite a una cues­tión mucho más profunda, que es la capacidad de un país para formar profesionales compe­tentes, producir conocimiento pertinente y orientar su sis­tema educativo en función de sus necesidades de desarrollo.

Paraguay atraviesa una etapa en la que busca diversificar su economía y crear nuevas capa­cidades en un contexto donde la riqueza hace rato dejó de depender solo de la explota­ción de recursos naturales o la producción a través de capital físico. Desde Theodore Schultz y Gary Becker hasta Jacob Min­cer y Robert Lucas, la teoría del capital humano mostró que la educación, la formación y las habilidades acumuladas por una sociedad son una inversión decisiva para el crecimiento con desarrollo. En la llamada “sociedad del conocimiento”, hoy tensionada por la inteligen­cia artificial, la fuerza laboral es un factor central de generación de valor. Esto obliga a repensar la educación superior, ya no solo como emisora de títulos, sino como formadora de profesio­nales con competencias reales y como motor de innovación y productividad.

Es en este marco que el proceso de acreditación de la calidad se vuelve decisivo para evaluar si una carrera cumple estándares exigentes en su plantel docente, su estructura curricular, sus mecanismos de evaluación y su capacidad de mejora conti­nua. Es decir, hoy la evaluación de calidad se convierte en un sello de confianza para estu­diantes, familias, empleado­res y para el Estado. Así lo sub­rayan Susanna Karakhanyan y Kevin Kinser en su reciente publicación, Global Trends in Tertiary Education QA, donde sostienen que el propósito del aseguramiento externo sigue siendo brindar confianza y cre­dibilidad a la educación supe­rior y proponen juzgar estos procesos por tres grandes fines: efficiency, relevance, and transformative power, es decir, eficiencia, relevancia y poder transformador. Esa tríada es especialmente útil para Para­guay. La eficiencia supone que la evaluación pueda ayudar a alcanzar mejores resultados haciendo un uso racional de recursos y sin superposiciones inútiles. La relevancia exige que estándares, criterios y decisio­nes estén conectados con las necesidades reales del país. El poder transformador remite a algo todavía más importante, a saber, que la evaluación no se agote en la verificación perió­dica, sino que modifique con­ductas y fortalezca institu­ciones, con el fin de mejorar realmente el aprendizaje. Se insiste así en que la calidad solo vale la pena cuando logra con­vertirse en una parte genuina de la cultura de la educación supe­rior, impulsando la mejora con­tinua.

La evidencia empírica es clara. Según el INE (EPHC 2024), la ocupación informal alcanzó en 2024 el 62,5 %, equivalente a 1.522.612 personas, y disminuye conforme aumentan los años de estudio. La informalidad fue de 95,5 % entre quienes no tie­nen instrucción, 85,5 % entre quienes cuentan con 1 a 6 años de estudio, 70,2 % entre quie­nes tienen de 7 a 12 años y 38,9 % entre quienes poseen de 13 a 18 años de estudio. Estos datos permiten afirmar una correla­ción fuerte entre mayor forma­ción y mejores probabilidades de inserción en segmentos más formales del empleo. Si la for­mación impacta en la emplea­bilidad, la calidad de esa for­mación debe ocupar un lugar central en cualquier política que aspire a dar un salto cualitativo en nuestras oportunidades de desarrollo económico.

Allí radica el papel estratégico de la ANEAES que sostiene la confianza pública con procesos trazables, decisiones transpa­rentes, información accesible al público y criterios técnicos blin­dados frente a intereses parti­culares. Debe quedar claro que no puede haber aseguramiento de la calidad sin transparencia, porque que si los procedimien­tos de evaluación no pueden ser seguidos, comprendidos y audi­tados públicamente, la acredita­ción de una carrera deja de fun­cionar como una señal confiable para la toma de decisiones de estudiantes, familias, emplea­dores y del propio Estado. En esas condiciones, ya no ordena el sistema ni reduce incerti­dumbre de los actores, sino que puede convertirse en un meca­nismo de engaño y distorsión, al otorgar una apariencia de calidad allí donde la confianza no está respaldada en garan­tías verificables. Nuestro país ya demostró, en otros campos, que puede conquistar mercados exigentes cuando asume seria­mente los más altos estánda­res. Ocurrió con sus exporta­ciones, que debieron ajustarse a requisitos cada vez más altos para acceder competitivamente al mundo. La educación supe­rior debe recorrer un camino semejante, pero para que la dis­cusión sea seria debemos posi­cionarla en el centro del debate nacional, abandonar toda auto­complacencia y partir de la evi­dencia disponible. En Para­guay, la acreditación de calidad sigue siendo todavía excepcio­nal frente al volumen total de la oferta existente, cuando apenas el 10 % de las carreras cuenta con acreditación en un contexto de más de cinco mil carreras habi­litadas por el CONES, lo que constituye una brecha intole­rable entre expansión, control y aseguramiento efectivo de la calidad.

Un proyecto real de innova­ción y desarrollo nacional ya no puede tolerar la informali­dad académica, la emisión de títulos sin competencias rea­les ni la proliferación de ofer­tas educativas que no generan impactos concretos en la vida de las personas. En este marco, es urgente fortalecer la presen­cia de la ANEAES –la única política pública consolidada en educación superior desde 2003 hasta nuestros días– en todos los procesos de asegura­miento de la calidad, desde la habilitación inicial de las carre­ras hasta el monitoreo perma­nente de acreditación y mejora continua de las instituciones.