- Por Jorge Torres Romero
La política paraguaya tiene una curiosa costumbre: cuando no hay crisis reales, se fabrican. Y el caso del senador Javier Vera, conocido popularmente como Chaqueñito, parece encajar perfectamente en ese libreto repetido hasta el cansancio.
De pronto, un trámite administrativo que cualquier ciudadano puede realizar se convierte en un escándalo nacional. Se lo presenta como privilegio, como abuso, como símbolo de corrupción. Pero cuando se revisan los hechos, lo que aparece es algo mucho más simple: un ciudadano que cumple requisitos y accede a un programa estatal vigente.
Vera no es un empresario poderoso, no es heredero de fortuna, no es parte de la élite política tradicional. Es, guste o no, el producto más crudo de la democracia paraguaya. Un vendedor de asaditos al que Paraguayo Cubas encontró en la calle, lo sumó a su lista de Cruzada Nacional, y por una coyuntura electoral terminó ocupando una banca en el Senado.
Ese origen humilde, que debería ser motivo de respeto en una República, se convierte hoy en argumento para atacarlo.
El derecho a la vivienda no es delito.
El centro de la polémica gira en torno a su acceso a un programa del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Y la pregunta es tan sencilla que incomoda:
¿Por qué no tendría derecho a una vivienda como cualquier ciudadano?
El MUVH no tiene un solo programa para sectores en extrema pobreza. Tiene múltiples planes, incluidos aquellos destinados a trabajadores formales, clase media y personas que pueden pagar cuotas a largo plazo.
En este caso, no hay regalo, no hay subsidio extraordinario, no hay privilegio oculto.
Hay un contrato.
Hay cuotas.
Hay un compromiso de pago por años.
Y hay una condición clara: si no paga, pierde la vivienda.
Eso no es corrupción. Eso es un crédito.
Quien quiera comprobarlo puede leer el contrato, acercarse a la institución o consultar los programas disponibles. Están abiertos a cualquier paraguayo que reúna los requisitos.
El verdadero problema no es la casa. Lo que realmente molesta no es la vivienda.
Lo que molesta es la banca.
Desde el primer día, sectores de la oposición no aceptaron que el resultado electoral haya colocado en el Senado a una persona como Chaqueñito. Y desde entonces, cada episodio se convierte en oportunidad para intentar debilitar esa representación.
El objetivo es evidente: erosionar, desgastar, instalar sospechas, forzar renuncias, generar vacancias.
Porque dos bancas pueden cambiar una mayoría.
Y una mayoría puede definir el rumbo del Gobierno.
En ese contexto, el caso Chaqueñito deja de ser un asunto administrativo para transformarse en una operación política.
No es casualidad que también se intente golpear la gestión del ministro Juan Carlos Baruja, cuya administración en el MUVH ha mostrado números que incomodan a quienes prefieren el relato del fracaso permanente.
Más de 30 mil viviendas entregadas en dos años y medio.
Más de 40 mil gestionadas.
Cifras que duplican las de varios gobiernos anteriores.
Se puede criticar a Vera. Se puede cuestionar su estilo.
Se puede debatir su capacidad. Lo que no se puede hacer es negar derechos que la ley reconoce.
Porque el día que decidamos que un ciudadano no puede acceder a un programa estatal por ser senador, por ser pobre, o por no gustarnos políticamente, ese día el problema ya no será Chaqueñito. El problema será la democracia.
Y cuando la política se dedica a fabricar escándalos donde no los hay, el daño no lo sufre un senador, ni un ministro, ni un partido. Lo sufre el Paraguay. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.