• Por Liz Díaz
• Investigadora principal
• Lic. en Psicopedagogía

La investigación que hoy presentamos nació dentro del proyecto “Las mujeres con discapacidad defende­mos nuestros derechos”, impulsado por Fundación Saraki y la Asociación Tekosãso, con el acompa­ñamiento de COCEMFE y el apoyo de AECID y Fun­dación ONCE. Pero, sobre todo, nació de una deci­sión política: que seamos las propias mujeres con discapacidad quienes con­temos lo que vivimos y lo que necesitamos trans­formar.

El proceso comenzó en pequeños grupos, entre conversaciones que mez­claban experiencias duras y una convicción compar­tida. Queríamos que esta vez la mirada no viniera de afuera.

Por eso elegimos la meto­dología de Investigación Acción Participativa, que nos permitió construir cada etapa juntas: desde las pre­guntas hasta el análisis final.

Recorrimos Asunción, Cen­tral, Caaguazú y Guairá escuchando historias que, aunque diversas, tenían raíces comunes. La llamada “sobreprotección”, que en teoría cuida pero en la prác­tica limita, fue apareciendo como una barrera cons­tante para manejar dinero, tomar decisiones o incluso salir solas.

También encontramos que la inclusión laboral sigue siendo más un discurso que una realidad: cuotas que no se cumplen, puestos que no permiten crecer, y entor­nos que no consideran los ajustes que muchas nece­sitamos.

Con cada relato entendimos que la autonomía no es un esfuerzo individual, sino una construcción colec­tiva atravesada por políti­cas, apoyos y oportunida­des reales.

Por eso el estudio propone acciones concretas: micro­finanzas inclusivas, asis­tentes personales y pro­tocolos accesibles para atender la violencia que afecta a tantas mujeres.

Este proceso nos dejó una certeza: cuando las mujeres con discapaci­dad investigamos, tam­bién defendemos nuestros derechos. Y lo hacemos mostrando, con datos y con voz propia, todo lo que falta cambiar para vivir con autonomía.