El exministro de Hacienda, César Barreto, calificó al proyecto de reforma de la Caja Fiscal como un paso positivo para la contención de la crisis del sistema jubilatorio de los trabajadores del sector estatal. Agregó que la propuesta con media sanción de Diputados introduce cambios sustanciales como el establecimiento de una edad mínima.

“Lo que presentó el Poder Ejecutivo y fue modificado por Diputados, yo creo que es un paso positivo, en un proceso que no es lo óptimo, pero va a mejorar sustancialmente la estructura de incentivos que tiene implícitas las reglas o parámetros de la Caja Fiscal. Es una reforma importante, bastante profunda”, indicó este lunes al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Barreto acotó: “Al fijar una edad mínima hace que la relación entre los aportes propios que hace una persona en su año de vida laboral cubra en un porcentaje mucho mayor los beneficios o las jubilaciones que recibirá durante el resto de su vida desde el momento en que se jubile, esa es una modificación estructural muy importante que debería llegar luego al 100 %”.

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Por otra parte, se refirió a las declaraciones de legisladores opositores, disidentes colorados y representantes de los gremios afectados como el de los docentes, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supuestamente de manera apresurada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

“La situación de la Caja Fiscal es catastrofica, si los diputados y senadores no aprobaran todos los años un aporte extraordinario del Estado con recursos tributarios, el cual alcanzó el pasado años USD 380 millones, los jubilados tendrían un recorte de alrededor del 40 o 50 % de las jubilaciones que están recibiendo. Los maestros y otros quienes reclaman el mantenimiento de esta situación no evaluan la realidad”, puntualizó.

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Benigno López, exministro de Hacienda del gobierno de su hermano Mario Abdo Benítez, vuelve a escena con pretensiones de dar cátedra sobre política económica. Pero es pura retórica, pues los números de su gestión cuentan la calamitosa gestión y los clavos que dejó.

Como ministro de Hacienda y principal arquitecto de la polí­tica económica de la adminis­tración de su hermano Mario Abdo Benítez, Benigno López no fue un mero observador externo: fue protagonista central de un ciclo que hoy pretende ignorar. Así, busca pontificar desde la tribuna, cuando su gestión al frente de la política económica fue dis­cretísima y aciaga.

Mientras el responsable del rumbo económico del desas­troso gobierno anterior rea­parece en el debate público con tono académico y pose triunfal, conviene recordar su administración y cómo su legado, ocupado por otros “téc­nicos” en Hacienda, causaron un gran perjuicio al país.

El problema no es la crítica –siempre necesaria–, sino la falta de coherencia entre el discurso actual y el legado que dejó su administración. Una gestión marcada por la ausen­cia de reformas estructurales, el debilitamiento de reglas fis­cales que habían sido emblema de estabilidad y una conduc­ción económica que priorizó el relato antes que la calidad del gasto y la solidez institucional. En ese contexto, las “cátedras” resultan, cuanto menos, difí­ciles de digerir cuando se las contrasta con el balance real de aquel periodo. En declara­ciones a La Unión AM, el exmi­nistro de Hacienda sostuvo que la actual administración del presidente Peña “no puede hacerse el pícaro y rehuir sus compromisos. Las deudas y los intereses hay que saldarlos”, recalcó López, omitiendo la desastrosa gestión que le cupo a este y a su sucesor Óscar Lla­mosas.

En ese contexto, hay que decirlo con todas las letras, la era Abdo dejó una cantidad de clavos y bombas activadas en todas y cada una de las ins­tituciones. Hay informes de auditoría forense de la Con­traloría General de la Repú­blica que hablan al respecto. Son más de sesenta y solo del periodo 2022.

El desempeño económico del periodo 2018-2022, cuyo diseño fue realizado por Benigno López hasta que dejó el cargo en octubre de 2020, fue uno de los más bajos, con un crecimiento del PIB per cápita de 0,4 %. Esta cifra es comparable a periodos de finales de los 90 y principios del 2000 cuando el país atra­vesaba periodos de profunda inestabilidad política y eco­nómica.

El Gobierno decidió exceptuar la Ley de Responsabilidad Fis­cal, hecho que se dio por pri­mera vez desde su aplicación, alcanzando un déficit fiscal que representó 2,8 % del PIB, argumentando una sequía que impactó a la economía para­guaya. Este déficit es el más alto que se registra desde 1999 durante el gobierno de Gonza­lez Macchi.

Como consecuencia del mayor déficit fiscal, el gobierno de este periodo es el que registra el récord de endeudamiento en 5 años de gestión, con más de USD 7.960 millones de nue­vos préstamos y obligacio­nes contraídas por el Estado paraguayo. Además, culminó el Gobierno sin reconocer deu­das contraídas con proveedo­res del Estado de más de USD 500 millones que debieron ser canceladas por el gobierno actual.

En varias ocasiones, el presi­dente Peña recordó los clavos dejados por la gestión Abdo. Recordó que la reducción de la pobreza no solo se estancó, sino que incluso aumentó, con un 25.5 % de pobreza total y un 6.1 % de pobreza extrema en 2022.

El de Abdo fue un gobierno que no supo aprovechar su periodo de gestión para promover las reformas de mejora de la cali­dad del gasto público para un mejor uso de los recursos públicos. Se enfocaron en una ley de modernización tributa­ria para recaudar más y en una ley de compras públicas que reglamentaron con un decreto a 4 días de terminar el gobierno y que luego debió ser revisado. Las propuestas de mejora de la calidad del gasto público como la reforma del servicio civil y de supervisión del sistema de pensiones fueron incluidas en un programa con el FMI, pero que no implicaba un compro­miso de aprobar estas leyes, sino solamente presentar al Congreso los borradores de los proyectos de ley.

Durante el periodo de gobierno, surgieron cuestionamientos con respecto al resguardo de la independencia del Banco Cen­tral del Paraguay. Específica­mente, se dieron nombramien­tos en el Directorio del Banco (Humberto Blanco y Carmen Marín) que claramente no fueron propuestos desde la institución. Fueron designa­das personas que registraban incompatibilidades para ejer­cer el cargo debido a que existían vínculos con instituciones que podían generar conflictos de intereses en la toma de deci­siones. Además, se afectaron derechos laborales del plantel de funcionarios del BCP que generó incertidumbre entre ellos y motivó a la renuncia de técnicos con años de experien­cia profesional, debilitando al capital humano de la ins­titución.

La gestión económica de la administración Abdo fue desastrosa y su impacto fue tal que incluso la actual administración de San­tiago Peña tuvo que ocuparse de esa pesada carga heredada. Estas son algunas de las perlitas heredadas de la gestión que comandaba Benigno López en 2018. Entre las deudas pendien­tes figura el Ministerio de Salud Pública, el cual debía USD 371,3 millones por el abastecimiento de insumos y medicamentos. Mientras que el Instituto de Previsión Social (IPS) adeudaba otros USD 210 millones por los mismos conceptos.

En tanto, la deuda del Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones (MOPC) con las contratistas rondaba los USD 350 millo­nes solo en capital, sin contar los intereses devengados por los atrasos en los pagos por las obras viales que Abdo Benítez alar­deaba al justificar su gestión. El Ministerio del Interior era otra con una complicada situación financiera, con dinero comprome­tido por los contratos plurianuales que impactaron en el presu­puesto de varios años consecutivos. En total fueron unos USD 250 millones de compromisos pendientes con los proveedo­res, de los cuales unos USD 42 millones corresponden al Interior y USD 200 millones a la Policía Nacional y están relacionados a gastos de seguridad.

El juez penal de Garantía, Rolando Duarte, decidió devolver el acta de imputación que pesaba sobre el exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti para que la fiscala del caso pueda describir correctamente la responsabilidad que se le atribuye al exsecretario de Estado, quien fue inicialmente imputado por lesión de confianza. La resolución judicial beneficia al segundo investigado, Federico José Silveira González.

El magistrado Duarte explicó en su fallo que “si bien el acta de imputación se basa en un juicio hipotético respecto a la comisión de un hecho punible por parte del sujeto activo, en el caso de análisis, este juzgador considera que amerita una mayor fundamentación respecto a la teoría del caso en cuestión del que se puede observar que se intenta justificar un supuesto perjuicio patrimonial de sumas de dinero muy elevadas”.

Asimismo, sostiene el juez que “en el presente caso amerita que se responda mínimamente y sucintamente la fecha en que presuntamente se dio inicio a la conducta punible de los imputados debido a que de la lectura del acta de imputación, se vislumbran distintas acciones judiciales correspondientes a fuero civil, juicios de nulidades de actos jurídicos y modificaciones equitativas de contratos y así también se habla de acuerdos civiles tanto cumplidos como incumplidos, en ese sentido este juzgador no encuentra fundado del porqué la supuesta conducta desplegada por los encausados son penalmente relevantes conforme al hecho punible de lesión de confianza”, señala la determinación adoptada por el juez Duarte.

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Una vez que el Ministerio Público responda a lo recomendado por el juez Duarte, deberá presentar nuevamente al juzgado penal de Garantía para que se pueda admitir y se deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares.

El abogado Julio Godoy, defensor de Federico Silveira, señaló que “habiendo sido notificado de la resolución por la cual devuelve el acta de imputación al Ministerio Público , considero que la misma se ajusta a derecho sobre todo con relación a mi defendido, Federico Silveira , quien no tuvo participación alguna en el hecho punible investigado porque la denuncia planteada fue erróneamente por el tipo penal de lesión de confianza”, indico.

Agregó que “jamás se probó una conducta atípica y reprochable contra el señor Federico Silveira, ya que no participó en el negocio jurídico entre los denunciantes y el señor Manuel Ferreira, el mismo adquirió las acciones de la firma Wexford con posterioridad a la firma de los contratos suscriptos entre el denunciante el señor Everson Gómez y el señor Ferreira, cabe mencionar q el señor Federico no compró ninguna propiedad”, indico

Asimismo el citado profesional del derecho indicó “que la presente denuncia es extorsiva y mal intencionada con el fin de manchar el buen nombre y reputación del señor Federico Silvera , y que el mismo desista de las acciones judiciales ya entabladas contra el denunciante, pero como la mentira tiene patas cortas, quedó demostrado que ante la premura del Ministerio Público de imputar a mi defendido, sin siquiera llamar a una audiencia indagatoria para aclarar a la Fiscalía su no participación en ningún hecho anti jurídico, se obtuvo la presente resolución judicial”.

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El abogado Rodrigo González Masulli, defensor del exministro de Hacienda Manuel Ferreira Brusquetti, imputado por lesión de confianza, presentó una reposición y apelación en subsidio, es decir, cuestionó la fecha de la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares que se tendría que llevar a cabo el próximo 17 de enero, pero ante la presentación hecha por la defensa del imputado se podría suspender la diligencia judicial.

Asimismo, el abogado Julio Godoy, defensor del segundo procesado, Federico José Silveira González, presentó ante el juzgado el incidente de nulidad del acta de imputación presentada por la agente fiscal Esmilda Álvarez.

Ante el incidente presentado por la defensa de Ferreira, el juez Penal de Garantía, Rolando Duarte, interino de su colega José Delmás, fijó para este 8 de enero la audiencia en la que se resolverá si se rechaza la reposición presentada por el exministro de Hacienda. En caso de que se confirme la determinación inicial del juez de Garantía, el expediente tendrá que subir al tribunal de apelación para su estudio.

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En este proceso, para la Fiscalía el supuesto perjuicio por parte de los imputados al denunciante Everson Gomes Da Silva es de USD 1.225.000

Al momento de presentar el acta de imputación, el Ministerio Público solicitó al Juzgado Penal de Garantía la aplicación de medidas alternativas a la prisión para ambos imputados. La fiscala pidió 6 meses de tiempo para presentar su requerimiento conclusivo.

De acuerdo al acta de imputación, Ferreira Brusquetti, representante de la firma Wexford S.A, no cumplió con un acuerdo con el denunciante Everson Gomes Da Silva, en el que a raíz del incumplimiento se produjo el perjuicio multimillonario.

Asimismo, el escrito de la Fiscalía sostiene que el denunciante cumplió con todos los puntos del acuerdo asumido, inclusive, desistiendo de acciones civiles que estaban en discusión.

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