- Víctor Pavón (*)
Un nuevo fuero agrario y ambiental se pretende aprobar en el Congreso. Los proyectistas consideran necesaria e impostergable la promulgación de una nueva legislación, alegando que así como existen normativas y juzgados especializados sobre temas de la niñez y la adolescencia, el sector agrario y ambiental requiere de igual tratamiento especial.
Es preciso, agregan, evitar la destrucción de la naturaleza y terminar con la larga agonía de injusticias que sufre el campesino por parte de las empresas agrícolas.
Los propiciadores del proyecto están persuadidos que los conflictos en el sector agrario y ambiental deben ser juzgados con mentalidad diferente. Para ello, inician su propósito con la derogación de todas las disposiciones que otorgan competencia al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial al Juzgado Penal ordinario.
Establecen no solo tribunales y juzgados especializados, sino también crean un nuevo órgano por medio de los defensores públicos agrarios y ambientales que, sin embargo, de funcionarios pasarán a convertirse en los nuevos comisarios en el sector rural.
Las funciones de los defensores públicos agrarios y ambientales, en efecto, no serán diferentes de los comisarios de antaño. Con poderes discrecionales, sus actuaciones serán esenciales en todos los conflictos suscitados en el ámbito agrario y ambiental e incluso con asesoría gratuita.
Todavía más, cuando ocurra un entredicho en el sector agrario y ambiental (es decir, en todo lo que se hace en el campo) la figura de los defensores en la materia adquirirá tanta relevancia que instalada una denuncia, no se podrá realizar actividad alguna por parte del afectado, sea propietario o arrendador agropecuario, persona física y jurídica. Aún sin indicios serios y causa probada se dará lugar a las medidas de no innovar por parte del tribunal especializado correspondiente. Prevalecerá el interés colectivo.
Los defensores públicos agrarios y ambientales tendrán autoridad plena en lo atinente a la propiedad privada, el agua, el medio ambiente, el suelo, las comunidades indígenas, cultivos y bosques.
La figura en apariencia amigable del funcionario representante de derechos colectivos se erigirá como justa frente a la avaricia y el egoísmo provenientes del negocio agro pecuario.
Los defensores públicos agrarios y ambientales tendrán la potestad de involucrarse en las numerosas actividades que le son encomendadas y ejecutar las disposiciones y exigencias provenientes de ideas erróneas de las organizaciones supuestamente de derechos humanos que continúan en la permanente confrontación entre crecimiento económico y cuidado de la naturaleza.
Los defensores públicos agrarios y ambientales se erigirán en los nuevos comisarios de la zona.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.