- Víctor Pavón (*)
Hace trece años que la estancia Pindó de 6.500 hectáreas con una reserva boscosa de 2.787 hectáreas en el departamento de Canindeyú está siendo ocupada por invasores. Desde entonces, los criminales convirtieron el próspero establecimiento agro granadero en una “zona liberada”, expresión del tercer mundismo donde impera el socialismo agrario.
Del rubro de la cría, venta de ganado, soja y otros, en este momento crece el matorral en vez de la producción. Ya no quedan árboles de especies en categoría de reservas forestales. Tres mil hectáreas de bosques fueron arrasados.
En la estancia Pindó sus propietarios invirtieron e hicieron del predio un lugar pujante de bosques nativos, gente laboriosa y un futuro promisorio para las familias y sus alrededores. Hoy está destruido. Es solo un recuerdo. Es el triunfo de la violencia sobre la justicia y el esfuerzo.
La propiedad es una zona liberada o lo que es lo mismo, territorio de extorsión y criminalidad. Un aguantadero de delincuentes que encuentran en la “nueva comunidad” lugar donde esconderse. Nadie les estorba.
No sirve el costoso aparato estatal pagado por los ciudadanos. La consigna izquierdista azuzada por políticos de esa línea de pensamiento como los senadores de aquel entonces, Ritcher, Pereira, Santacruz y otros, lograron su objetivo: Apropiarse del esfuerzo ajeno.
Los usurpadores cuentan con licencia para cometer cualquier atrocidad. Los ocupantes son criminales quienes en complicidad con el mismo Estado, gobiernan según sus propias “leyes”.
En el presente, octubre de 2025, las autoridades tienen la orden no solo de desalojo sino de expulsión de los maleantes que, con el correr de los años, alegaron títulos y dominio sobre el lugar. Pero todo fue rechazado en los tribunales dando lugar a los legítimos derechos de los propietarios.
Aquí no hay escusas. Se debe ejecutar la orden de expulsión. Pero a las más altas autoridades nacionales no les interesa. Tienen miedo. Son cómplices de una invasión azuzada por ideas colectivistas. Luego de la plena instalación del socialismo agrario que aborrece la propiedad privada, pronto se dio lugar al rollo narco tráfico.
Todo esto tiene un germen intelectual que luego se hace práctica. Es el socialismo agrario que odia la propiedad privada, el mérito por el trabajo, atrasa el desarrollo, destruye los recursos naturales y todavía más: Que la Constitución es letra muerta mientras no exista convicción por la libertad y la propiedad y no solo de palabras: Es imperativo el coraje de ponerla en práctica.
(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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LN PM: edición mediodía del 16 de octubre
IPPSE advierte que la abundancia de energía eléctrica en Paraguay llegará a su fin
Paraguay deberá impulsar nuevas fuentes de generación para responder al crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, puesto que el superávit energético del que gozó durante décadas tiene fecha de expiración. “Ya no existe ninguna posibilidad de que en el futuro tengamos esa abundancia tremenda que estamos teniendo todavía ahora”, advirtió el ingeniero Ángel Recalde, presidente del Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico (IPPSE), este viernes, en el programa “Así son las cosas” de Universo 970 AM y GEN-Nación Media.
Durante la entrevista, Recalde expuso los ejes de un informe técnico que evalúa las alternativas para garantizar el abastecimiento futuro del país. El estudio contempla proyectos hidroeléctricos binacionales pendientes con Argentina, como Corpus e Itá Corá, así como la expansión de las infraestructuras existentes. Sobre Yacyretá, recordó: “Hay posibilidad de llegar hasta 30 máquinas con algunas condiciones”, mientras que en Itaipú se analiza instalar dos unidades adicionales y optimizar la potencia de los generadores actuales.
En lo relativo a los cauces internos, la investigación identificó cerca de 1.700 ubicaciones potenciales para pequeñas y medianas centrales, aunque la cifra se reduce a unas 22 localizaciones si se fija una capacidad mínima de 5 megavatios. Estos emprendimientos podrían sumar cerca de 400 megavatios en conjunto, pero su concreción enfrenta complejos desafíos. A modo de ejemplo, el especialista citó el caso del río Monday, donde “la zona a inundar sería realmente de muy alto costo” e implicaría un impacto ambiental discutible.
El nivel del río Paraná se mantiene estable y el sábado se espera un leve descenso
El nivel del río Paraná en la estación del Puente de la Amistad se mantiene estable tras varios días de intensas precipitaciones en el área de influencia de la Binacional. Según los registros oficiales, el cauce se sitúa en torno a los 121 metros sobre el nivel del mar, operando bajo un escenario de inundaciones moderadas que afectan a zonas ribereñas.
A partir del sábado se espera un leve descenso en el caudal, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Especial de Crecidas (CEC). No obstante, los pronósticos meteorológicos advierten sobre nuevas lluvias a mediados de la próxima semana, cuya intensidad podría alterar esta tendencia.
En consecuencia, las autoridades técnicas destacaron la necesidad de evaluar el impacto de las próximas precipitaciones antes de confirmar una bajante sostenida. Por este motivo, se solicita a los pobladores de los sectores vulnerables mantenerse en alerta y seguir de cerca las actualizaciones oficiales.
Maquila supera los USD 1.140 millones en exportaciones
De acuerdo al último informe del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME), solo en el mes de septiembre, los envíos totalizaron USD 139 millones. La estructura exportadora se concentra principalmente en cuatro rubros: autopartes, confecciones, bebidas y líquidos alcohólicos, y manufacturas de aluminio, que en conjunto representaron el 69% de los envíos acumulados. También se destacan los productos químico-farmacéuticos, plásticos y sus manufacturas, y productos alimenticios, entre otros bienes industriales.
Los países del Mercosur recibieron el 74% de las exportaciones registradas hasta septiembre. Dentro del bloque, Brasil y Argentina se destacan como mercados de destino para los productos elaborados en Paraguay bajo este régimen.
La concentración de los envíos en el mercado regional refleja la participación de la industria maquiladora paraguaya en las cadenas de producción y comercialización del bloque, particularmente en sectores manufactureros con presencia en mercados externos.
Avanza la fase final del Puente Bioceánico con tareas de terminación y ajuste estructural
La construcción del Puente de la Bioceánica, que conectará Carmelo Peralta (Paraguay) con Puerto Murtinho (Brasil), ingresa en su etapa de culminación con intensas tareas de terminación y ajuste estructural en ambas márgenes del río Paraguay. Financiada con fondos de Itaipú Binacional y ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la obra representa el eslabón fundamental para dinamizar el comercio y la logística del Chaco paraguayo.
En el sector brasileño, las cuadrillas operativas trabajan en la instalación de plataformas para el retensado de los tirantes que sostienen el tablero, la colocación de un tubo telescópico en la pila P14 y la inyección de lechada en las vainas de postensado del vano central. Estas maniobras de alta precisión técnica buscan garantizar la máxima protección y estabilidad de los elementos de acero que soportan la estructura.
Por su parte, en el margen paraguayo se avanza en la construcción de cordones de hormigón a lo largo del tramo lateral, el montaje de estructuras auxiliares de calibración para los cables de sostenimiento y la canalización de electroductos bajo la ciclovía del viaducto de acceso. Asimismo, en los mástiles del tramo 3 se realiza el desmontaje de andamios y la hincada de pilotes para las barandas peatonales de la rampa de acceso.
El IPS pagará G. 430.000 millones en aguinaldo a jubilados desde el 17 de noviembre
El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó que desde el próximo 17 de noviembre desembolsará alrededor de G. 430.000 millones para el pago del beneficio adicional anual destinado a sus jubilados y pensionados. La gerente financiera y administrativa de la previsional, Gladys Vera, detalló que el abono se acreditará de manera conjunta con los haberes correspondientes al mes de noviembre.
Respecto al origen de las altas sumas requeridas, la funcionaria aclaró que la cobertura financiera del aguinaldo proviene exclusivamente de las rentas e intereses generados por las inversiones del fondo de jubilaciones, por lo que no se emplean los aportes obrero-patronales habituales para este rubro. El monto global experimentó un leve incremento respecto al ejercicio anterior debido a la incorporación continua de nuevos beneficiarios al sistema.
Con miras a sostener la previsibilidad de este compromiso a largo plazo, el Consejo de Administración evalúa diversas alternativas técnicas para blindar la continuidad del pago. Entre las herramientas en análisis resalta la posibilidad de fijar un aporte adicional específico para los trabajadores activos, cuyo margen se situaría entre el 2 % y el 5 %.
Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
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Juzgado admite acusación y eleva a juicio oral el caso de invasión de la Estancia Pindó
Tras catorce años de investigación, el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas, de Curuguaty, resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra Jorge Mercado Méndez, por la invasión de inmuebles de la Estancia de la Agroganadera Pindó S.A., en Canindeyú. El magistrado también rechazó los cinco planteamientos de la defensa y dispuso mantener la prisión preventiva del acusado.
Mediante el Auto Interlocutorio N.º 720, de fecha 14 de octubre de 2026, el magistrado resolvió elevar a juicio oral y público la causa seguida contra Mercado Méndez, identificado en la investigación como uno de los principales dirigentes del asentamiento Joaju – Primero de Marzo, instalado dentro de las propiedades de Estancia Pindó.
La decisión fue adoptada luego de la audiencia preliminar donde el Ministerio Público y la querella adhesiva ratificaron sus respectivas acusaciones y solicitaron que los hechos fueran sometidos al juzgamiento de un Tribunal de Sentencia.
Juzgarán tres hechos punibles
De acuerdo a la resolución judicial, se admitió íntegramente el Requerimiento de Acusación Fiscal N.º 108/2026, presentado el 12 de agosto de 2026 por el agente fiscal Juan Daniel Benítez Miranda, así como la acusación promovida por Agroganadera Pindó S.A., representada por su abogada querellante, Eva Margarita Colmán Adorno.
En consecuencia, Jorge Mercado Méndez deberá afrontar el juicio por la presunta comisión, en carácter de autor, de los siguientes hechos punibles:
- Invasión de inmueble ajeno, artículo 142 del Código Penal, modificado por la Ley N.º 6830/2021.
- Asociación criminal, artículo 239 del Código Penal.
- Detentación ilegal de arma de fuego, artículo 260 de la Ley N.º 7411/2024.
La admisión de estas acusaciones significa que los tres hechos punibles serán objeto de debate ante el Tribunal de Sentencia, sin que ello implique todavía una declaración de culpabilidad.
Rechazos para la defensa
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución judicial es el rechazo de la totalidad de los planteamientos formulados por los abogados defensores de Mercado Méndez, quienes pretendían cuestionar distintos aspectos de la acusación e impedir o limitar su elevación a juicio.
El juzgado rechazó la excepción de incompetencia territorial, el cuestionamiento sobre la aplicación temporal de la Ley N.º 6830/2021, la objeción contra la acusación por asociación criminal, el planteamiento relativo a la detentación ilegal de arma de fuego y las observaciones sobre la identificación de los inmuebles afectados.
El magistrado consideró que los argumentos expuestos no constituían impedimentos procesales suficientes para excluir los hechos de la acusación ni para impedir la prosecución de la causa. Asimismo, estableció que las controversias relativas a la conducta atribuida, la valoración de las pruebas y la determinación de la responsabilidad penal deberán ser examinadas durante el juicio oral y público.
Presunto liderazgo en el asentamiento
Cabe recordar que la investigación inició tras las denuncias presentadas por representantes de Agroganadera Pindó S.A., por la ocupación de sus propiedades rurales. Según informes policiales, en los inmuebles se habrían establecido asentamientos permanentes, con estructuras de vigilancia y mecanismos de control de acceso que presuntamente impedían el ingreso de autoridades y representantes de los propietarios.
La Fiscalía atribuye a Jorge Mercado Méndez funciones de dirección, liderazgo y coordinación dentro del asentamiento Joaju–Primero de Marzo, cuya comisión directiva habría presidido desde abril de 2014. Un relevamiento de la Policía Nacional realizado en septiembre de 2025, registró aproximadamente 450 viviendas en los asentamientos investigados.
Actualmente, el acusado continuará recluido en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, de Emboscada, quedando a disposición del Tribunal de Sentencia de Saltos del Guairá; conforme a lo dispuesto por el juez penal de Garantías, Marcos Giménez Rivas.
Al respecto, la abogada Margarita Colmán señaló que para la Agroganadera Pindó S.A., la decisión judicial constituye un avance significativo después de más de catorce años de actuaciones vinculadas con la ocupación de sus propiedades. Durante este prolongado proceso, la empresa sostuvo sus denuncias y ejerció las acciones judiciales correspondientes para obtener el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales.
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Pindó solicita profundizar investigación sobre posible nexo entre atentado y grupos armados
La empresa Agroganadera Pindó S.A. emitió un comunicado en el cual realiza un exhorto a las correspondientes autoridades del Estado para investigar si el ataque ocurrido en el puesto policial en Canindeyú guarda relación con estructuras criminales que invadieron su propiedad, hecho que vienen denunciando desde hace más de 10 años.
En su pronunciamiento señalan que el ataque armado contra el Puesto Policial N.° 4 de la colonia Naranjito, del distrito Ybyrarobaná, que dejó dos policías y un civil fallecidos, evidencia el fortalecimiento de organizaciones criminales en el departamento de Canindeyú. Ante esto, solicitaron al Estado paraguayo investigar si existe alguna vinculación entre ese atentado y las estructuras delictivas denunciadas en la causa judicial impulsada por la firma.
Recordaron que la empresa agroganadera desde hace más de diez años viene denunciando ocupaciones ilegales en el establecimiento conocido como Estancia Pindó, así como la presencia de grupos armados, cultivos ilícitos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural, deforestación y otras actividades atribuidas al crimen organizado.
“La utilización de la violencia como mecanismo para consolidar el control territorial constituye un elemento de especial preocupación, pues evidencia una forma de actuación destinada no solamente a ocupar ilegalmente un inmueble privado, sino también a impedir mediante la intimidación el ejercicio de los derechos de sus legítimos propietarios y de las personas que trabajan en el establecimiento. ¿Estamos frente a las mismas estructuras criminales? Esa es la pregunta que hoy el Estado paraguayo tiene la obligación de responder", menciona parte del documento.
Consolidación de grupos armados
Asimismo, recuerdan que en todos estos años se denunció la consolidación de organizaciones armadas, asentamientos ilegales, cultivos de marihuana, laboratorios clandestinos, amenazas contra trabajadores, destrucción de infraestructura rural y control territorial dentro de inmuebles privados en Canindeyú.
“Hoy, un puesto policial fue atacado con un nivel de organización y violencia que demuestra la capacidad operativa de grupos criminales que desafían abiertamente al Estado. No corresponde anticipar conclusiones, pero sí exigir que el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Senad, el Ministerio del Interior y las Fuerzas de Tarea Conjunta investiguen con profundidad si existe relación entre estos hechos y las organizaciones que desde hace años operan en la zona. Cuando el modus operandi, el territorio y los patrones de actuación coinciden, investigar esa posible conexión deja de ser una opción: es una obligación del Estado”, remarca el pronunciamiento.
No obstante, aclaran que este análisis no pretende afirmar que los responsables del ataque al puesto policial sean necesariamente las mismas personas investigadas en la causa Pindó. Teniendo en cuenta que esa determinación corresponde exclusivamente al Ministerio Público y a los órganos jurisdiccionales.
“Sin embargo, resulta jurídicamente legítimo advertir que ambos escenarios presentan características que justifican una investigación exhaustiva sobre eventuales vínculos, considerando la presencia de organizaciones criminales, el uso de armamento, la ocupación prolongada de territorios y las actividades ilícitas detectadas en la misma región”, acota el comunicado.
Siga informado con: Peña encabezó acto de conmemoración por el Día del Ejército Paraguayo