• Por Aníbal Saucedo Rodas.

En un país democrático como el nuestro, donde rige la pluralidad ideológica sin restricciones, la entrada es libre y gratuita. Aunque esto último siempre está en duda por los eternos malpensados. Son como las brujas de Garay. Así que Asunción puede ser sede del IV Foro de Madrid que reúne a líderes y partidos de la ultraderecha de España e Hispanoamérica, propiciado por algunos legisladores que representan a la Asociación Nacional Republicana. En el mismo escenario donde Fidel Castro habló durante cinco horas en agosto de 2003, hizo lo mismo el presidente argentino Javier Milei días atrás. Nada anormal. Lo que sí debería preocupar a los dirigentes del Partido Nacional Republicano es que el mandatario del vecino país pueda contaminar y perturbar la mente de los jóvenes militantes de la asociación política fundada por el general Bernardino Caballero respecto a una de las vértebras sobre la cual se construyó su cuerpo ideológico: la justicia social. Que para el jefe de Estado argentino es “injusta”, porque “les roba a unos para darle a otros”, como repite en todos sus discursos. Sin olvidar su aversión radical a un Estado con atribuciones sociales. O, aun mejor, al Estado mismo.

La historia no resiste la tentación de escribir sobre lo que ya se escribió. Es cuando las reinterpretaciones desde la petulancia seudoacadémica desentonan y realizan proyecciones antojadizas e improvisadas. Se desafina, porque se toca de oído, sin la exigencia de una lectura sistémica de las ideas que construyen y consolidan la pirámide ideológica de cualquier partido político. Por eso siempre es recomendable recurrir a la fuente primigenia, original.

Salvo que refunden el Partido Nacional Republicano, su matriz doctrinaria sigue siendo el Programa/Manifiesto del 11 de setiembre de 1887. La frase clave y contundente que lo aleja del liberalismo de la época es la inclusión de “leyes sabias y protectoras para la campaña”, que debe entenderse como “el pueblo”, para “la defensa de cuyos intereses las leyes no deben ser solamente sabias, sino también proyectoras”, escribe Ezequiel González Alsina. Y repetimos, aunque para algunos ya resultará irritante, que “los valores de la igualdad y la justicia social ya no son meramente cuantitativos, sino eminentemente cualitativos, y la protección no se menciona allí como un privilegio, sino como una defensa de la parte más débil, pero la más fuerte, la más importante y trascendente en la dimensión humana de la sociedad y en la dimensión política de la nación”.

Y más rotundamente certifica: “Es la idea de la justicia social, cuyo enunciado aparecería más tarde en sus términos actuales; y es, también, la idea del bien común que, para explicarse con los más modernos criterios en boga, no puede alejarse mucho del manifiesto colorado de 1887” (Bernardino Caballero, el Manifiesto de 1887 y su proyección doctrinaria, 15 de marzo de 1972). Y para quienes, a pesar de estas aclaraciones irrefutables, continúan teniendo una ensalada mental en la azotea, vayan las verdades del joven intelectual republicano, Roberto L. Petit, que restallan como latigazos en la conciencia de los ideológicamente desorientados: “Se reacciona contra el individualismo de la época y se inicia una acción intervencionista decidida del Gobierno en la medida en que las circunstancias aconsejaban. El doctor Blas Garay decía por entonces, expresando categóricamente el sentido revolucionario del coloradismo, mucho antes de quienes después de tres décadas pretendieron monopolizar para sí las ideas revolucionarias: ‘Es necesario que el Estado, con los poderosos medios de que dispone, concurra a allanar el camino y hacer más fácil la evolución’”. Y remata, con precisión incontrastable: “Defensor de los desheredados, (el Partido Colorado) inauguró la lucha por la justicia social en nuestro medio”.

Pero Garay decía más: “La repugnancia que a algunos inspira la acción del Estado en el orden económico, procede de la falsa idea de que únicamente existe para lo político (…). El Estado debe hacer algo, pensamos nosotros, en contraposición de los que creen que lo mejor que puede hacer es no hacer nada”. Cuatro años después (1902), el ministro de Hacienda, Fulgencio R. Moreno, arremete con la misma intensidad que Garay: “Para combatir las anomalías que surgen del caos de la economía nacional, es indispensable que el Estado intervenga en beneficio de la economía social o nacional (…). La intervención del Estado en la esfera económica es una condición necesaria para el desarrollo progresivo para la integración constante del cuerpo social. La teoría de la amplia libertad en la esfera económica, la doctrina del laissez fairees, como he dicho, una de las tantas antiguallas relegadas al museo de la ciencia”.

El otro soporte que rige el marco doctrinario del partido –porque nunca fue modificado– es la Declaración de Principios del 23 de febrero de 1947: Artículo 3) “El Partido considera que el Estado, servidor del hombre libre, interviene en la vida social y económica de la Nación para evitar el abuso del interés privado y promover el bienestar general, sin infligir injusticia a los particulares”, y artículo 4) “El Partido se declara contrario a toda dictadura de individuos o de grupos y considera que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantizar la evolución hacia una sociedad igualitaria, sin privilegios ni clases explotadas”.

Para algunos, repito, estas insistencias resultarán tediosas, sin embargo, seguiré martillando sobre el mismo yunque, aunque más no sea como Juan predicando en el desierto, cada vez que sea necesario. Soy un convencido de que la palabra nunca vuelve vacía. Buen provecho.