• Por Juan Carlos Santos G.
• Columnista
• juancarlos.dossantos@nacionmedia.com

La muerte de Miguel Uribe Turbay no es solo la desaparición física de un candidato presidencial: es el nuevo capítulo de una historia que Colombia parece incapaz de cerrar. Su fallecimiento, el pasado 11 de agosto, dos meses después de recibir un disparo durante un acto político, se inscribe en la larga lista de magnicidios que han moldeado –y desgarrado– la vida pública del país.

Uribe Turbay, figura emergente del Centro Democrático, encarnaba la apuesta de una generación joven de derecha que buscaba disputar la presidencia en 2026 con un discurso firme en seguridad y economía. Su ausencia abre un vacío inmediato en la oposición y fuerza a reacomodos internos: entre las líneas duras que reclaman mano firme y los sectores más moderados que buscaban tender puentes.

Hasta antes del atentado, el exsenador era una de las cartas más visibles de su partido. Ahora, las precandidaturas de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia o Paola Holguín asumen un protagonismo acelerado, pero sin la ventaja del capital político que Uribe Turbay había acumulado en los últimos años. Para el gobierno de Gustavo Petro, esto podría significar enfrentar a una oposición más fragmentada, pero también más combativa y dispuesta a polarizar el debate.

El presidente condenó el asesinato con un llamado a la unidad: “Defendamos la vida como principio supremo de la democracia”. Sin embargo, desde la oposición no faltaron voces que le atribuyeron responsabilidad indirecta por el clima de crispación política. En un país donde la violencia electoral ha sido recurrente, la seguridad de los candidatos deja de ser un asunto de protocolo para convertirse en una prueba decisiva de gobernabilidad. Petro tendrá que mostrar resultados concretos, no solo discursos, si quiere evitar que este episodio erosione su legitimidad.

El asesinato revive imágenes y recuerdos de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro. Cada magnicidio, lejos de cerrar heridas, parece profundizar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Analistas y líderes sociales coinciden: es necesario un pacto nacional que incluya no solo garantías de seguridad, sino también inversión en educación, empleo juvenil y justicia social. La paz no se decreta, se construye.

Colombia ha aprendido a seguir adelante después de cada tragedia, pero a un costo altísimo. El crimen de Uribe Turbay marcará la campaña de 2026, no como un episodio aislado, sino como el recordatorio brutal de que la democracia sigue en riesgo.

Para Gustavo Petro, la disyuntiva es clara: liderar un esfuerzo genuino por blindar el proceso electoral o quedar atrapado en el mismo juego de polarización que, desde hace décadas, mantiene al país en un frágil equilibrio. El reloj político no se detiene, pero en Colombia, como bien sabe su historia, el tiempo nunca borra del todo las balas.