DESDE MI MUNDO

• Por Mariano Nin
• Columnista
• marianonin@gmail.com

Hay una forma de crimen que no necesita pasamontañas ni pistolas. Ni siquiera va en moto y tampoco requiere entrar por la fuerza ni salir corriendo.

Solo necesita una hoja, una firma, un sello… y una víctima distraída.

En Paraguay, la estafa no siempre se disfraza de violencia. A veces, se viste de legalidad, se archiva en un juzgado y se presenta con sonrisa blanca y traje oscuro.

La llamada “mafia de los pagarés” no actúa en los márgenes de la ley, actúa en sus colores grises, amparada en una sensación de legalidad. Aprovecha los tiempos muertos, la negligencia, la complicidad.

Fabrica deudas ficticias.

Engaña a incautos.

Y cuando todo está listo, activa la máquina del Estado a su favor.

Demandas exprés, embargos millonarios en cuestión de horas, jueces que no preguntan, abogados que cobran en porcentajes. Una industria silenciosa que arruina vidas, pero no deja rastros de sangre ni imágenes en circuitos cerrados.

La víctima, generalmente, no tiene acceso a los pasillos del poder.

Es un comerciante, una señora mayor, un emprendedor, una docente.

De pronto, su cuenta queda bloqueada, luego pierde la casa, el auto, el sustento.

Y al final, debe demostrar que no debe lo que jamás pidió, o que ya pagó el préstamo que con sacrificio sacó confiando en el sistema.

Mientras tanto, los autores intelectuales siguen operando en oficinas con aire acondicionado. Con contactos en registros públicos, escribanías y juzgados. Usando la ley como un arma y la lentitud del sistema como su mejor aliado.

Fidelino trabaja como barrendero municipal en Asunción. Llegó a pagar hasta cuatro veces una misma deuda originada en 2018, con cuotas mensuales de 700 mil a 900 mil guaraníes. Pese a haber desembolsado alrededor de 35 millones de guaraníes, la deuda nunca desapareció y lo dejó prácticamente en ruinas.

No es un drama aislado.

El Senado recibió más de 2.500 denuncias por pagarés fraguados, mientras la Defensoría del Pueblo remitió más de 200 casos con un impacto económico global de más de G. 1.346 millones

Se hallaron cerca de 10.000 expedientes judiciales en una empresa privada dedicada al cobro de deudas, evidenciando irregularidades en la custodia y manipulación de documentos judiciales

Pasaron más de tres años desde que se destaparon los primeros casos. Hay denuncias, evidencias, testimonios. Pero hasta ahora, nadie esta preso.

Se habla mucho de corrupción, de ladrones en cargos públicos. Pero hay otro tipo de abuso, más sutil, más dañino: el que permite que el crimen se institucionalice sin que nadie lo llame por su nombre.

Porque al final, no es la corrupción lo que nos ahoga, es la impunidad de un sistema judicial permisivo que castiga con severidad a los ladrones de gallinas, pero no llega a aquellos que se visten de traje y corbata para robar.

Pero esa es otra historia.