• Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

La Corte Suprema de Justi­cia (CSJN) argentina “tiene acuerdo” (sesiona con todos sus jueces), como se alude a esas reuniones de trabajo en la magistratura, cada martes.

Excepcionalmente, lo hacen en algún otro día cuando una urgencia inesperada lo exige. Mañana, sin embargo, nada indica –según voceros habi­tualmente seguros que dialo­garon con La Nación con la con­dición de mantener en reserva sus identidades– que los supre­mos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Loren­zetti se dispongan a tratar la situación judicial de la expresi­denta Cristina Fernández, con­denada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por ser penalmente responsable de reiterados hechos de corrup­ción.

Sin embargo, las mismas fuentes, arriesgan que “segu­ramente analizarán el caso el martes 17 de junio”. ¿Será así?

“Proceso electoral argen­tino atravesado por situación judicial de expresidenta Cris­tina”, decíamos una semana atrás. Hoy, más que nunca vale reiterarlo.

La viuda del expresidente Néstor Kirch­ner (2003-2007), luego de anunciar su intención de ser candidata a diputada para la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por la ter­cera sección electoral, cada minuto hacia las elecciones de medio tiempo aquí se refe­rencia en ella.

Mucho más porque, en ese distrito –“la tercera”– el pero­nismo, con excepción de 1983, cuando triunfó Raúl Alfonsín y, 1997, cuando en una legisla­tiva la ganadora fue la señora Graciela Fernández Meijide, es imbatible.

¿Fechas relevantes, en ese contexto? El ya mencionado martes 17 de junio; y, en el caso de que su estatus judicial no esté aún resuelto, el sábado 19 de julio cuando en la mediano­che de ese día concluya el plazo para formalizar las candidatu­ras y la señora Fernández –con esa condición– ya tendrá fue­ros y, por tanto, no podría ser detenida. Justamente por ello, las tensiones generalizadas en el ecosistema político en gene­ral y en el peronismo en par­ticular donde la pregunta del millón es una sola: ¿irá presa Cristina?

Por su edad, Cristina Fernán­dez (72) se encuentra incluida dentro de los supuestos de la Ley 26472, promulgada el 12 de enero de 2009 y, por tanto, se puede permitir su arresto domiciliario para evitar ser alojada en un establecimiento carcelario, pero esa decisión es privativa de los jueces que deben decidir en cada caso.

De todas formas, antes de que ello pueda ocurrir, los deba­tes serán amplios e intensos.

Algunas de esas discusiones serán de tipo técnico y jurí­dico en tanto que otras se darán en el espacio público donde el peronismo procu­rará instalar la idea de que la presidenta del partido será proscripta; mientras que otros dirán que se trata –en el caso de que la san­ción impuesta hasta ahora en dos instancias judiciales sea confirmada y quede firme por parte de la Corte– de una condena política.

Las especulaciones aquí son intensas, de todo tipo y, en general, sin solidez argumen­tal. Veamos. Hay quienes ase­guran que desde el Poder Eje­cutivo se presiona para que la Corte Suprema de Justi­cia demore el tratamiento del caso (el supremo no tiene plazos) para que el partido ofi­cialista La Libertad Avanza (LLA) pueda medirse elec­toralmente con el pero­nismo kirchnerista de Cris­tina y vencerla en las urnas. ¿Quién podrá comprobar que este supuesto es así? ¿Quién admitirá que personalmente opera en ese sentido?

Otras versiones sostienen que “si Cristina va presa se bene­ficia Axel” Kicillof, goberna­dor de la provincia de Buenos Aires, quien fuera ministro de Economía de Cristina Fer­nández con la que, desde largo tiempo y especialmente en el último semestre, se encuen­tran distanciados por dife­rencias profundas en el diseño y ejecución de políticas partidarias de alcance nacio­nal.

Pero… ¿podría benefi­ciar electoralmente al líder bonaerense del peronismo en el poder provincial si la presi­denta del partido es encarce­lada por corrupción?

Mientras se desarrollan tales especulaciones, al parecer, las preocupaciones sociales van por otro camino.

Según la encuesta más reciente rea­lizada por el consultor Hugo Haime, de alcance nacional, para conocer las principales preocupaciones sociales, en el tope del ranking con el 34 %, se encuentran los bajos sala­rios; inmediatamente después la corrupción (30 %); luego la pobreza (29 %); la inseguridad (24 %), y el desempleo (23 %). La inflación –que poco tiempo atrás lideraba– descendió hasta el séptimo lugar.

Claramente, la gente transita muy alejada de la política. Tres encuestadores que también trabajan para el oficialismo, con reserva de sus identidades, comentan que “lo que deba­ten los actores políticos no le importa a mucha gente”.

Coin­ciden en agregar que “tal vez por ello se verifica tanta abs­tención a la hora de votar y que amplios sectores ciudadanos no concurren a las urnas”.

“En las más recientes eleccio­nes realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) –ejemplificaron ante La Nación– votó la mitad de quienes estaban habilitados para hacerlo. El triunfador, con el 30 % de los sufragios, en términos estadísticos, repre­senta aproximadamente al 17 % del total”.

¿Cuál es el diagnóstico sobre esta actitud social? Si bien admitieron que “están estu­diando” el tema, dos de ellos, expresaron que “en princi­pio creemos que estamos frente a algún grado de aste­nia cívica grave, después de muchos años de frustracio­nes posteriores a la crisis de 2001 que aún no fue resuelta”. ¿Será así?

La Real Academia Española (RAE) define la astenia como “falta o decaimiento de fuer­zas, caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de ini­ciativa”. Preocupante.