• POR ROSSANA ESCOBAR M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

En otro intento deses­perado por seguir ata­cando al Gobierno, los medios abdistas iniciaron una furibunda campaña de victimización acusando que son “atacados” por una cuenta en redes sociales, replicados por una agencia de publici­dad colombiana.

Ufanán­dose de “prensa libre”, aun­que muy bien identificados con la oposición y el abdismo, varios periodistas le siguie­ron la corriente al exincen­diario de la Casa de los Colo­rados, conocido persecutor a un sector del partido de Gobierno hoy devenido inves­tigador del diario Abc Color Leonardo Gómez Berniga.

El nuevo relato diseminado con fuerza, en medio de una fuerte crisis que afrontan los dueños del diario Abc Color cuyo grupo empresarial está muy debilitado por los pro­cesos judiciales de lavado de dinero que sacude al banco de la familia, busca convencer que, por sus críticas, “sufren” todo tipo de ataques junto con otros miembros de empresas periodísticas aliadas.

Abc Color y sus aliados cal­zan la frase de los muertos que se asustan de los degolla­dos. Alineados al gobierno de Mario Abdo Benítez medios como Abc Color, Última Hora, etc., fueron cómplices y sus periodistas estuvieron muy involucrados en la campaña de persecución más grande y costosa contra un sector del Partido Colorado de los últi­mos tiempos, financiada con el convenio entre la desapare­cida agencia corrupta Usaid y el gobierno de Mario Abdo Benítez de USD 58 millones y 5 % de aporte local.

Las redes estaban minadas de escraches selectivos. Se armó una coalición de grandes cor­poraciones de oenegés inyec­tadas con miles de millones de dólares articuladas por políti­cos opositores que usurparon la representación de la socie­dad civil para perseguir a sus adversarios.

Campañas publicitarias que demandaron millonarios pre­supuestos sostenían esta gue­rra contra rivales muy bien seleccionados y los periodis­tas, influencers de estos gru­pos empresariales endul­zados con diplomas de la transparencia y algunas con­trataciones extras, hacían de voceros de oenegés que infun­dían rendición de cuentas, lucha contra la corrupción, mientras ocultaban jugosas facturaciones mensuales.

Algunas facturas filtradas en su momento revelaron nom­bres de periodistas amigos de la red de oenegeros, que cobraron por las famosas charlas, cursos, investigacio­nes direccionadas a un sector específico. Sin embargo, en las planillas de gastos aparecen millonarios recursos destina­dos a agencias de publicidad, comunicadores, periodistas cuyos prestadores de servi­cios, hasta hoy día son verda­dero misterio.

La rendición de cuentas de todos los gastos de campañas publicitarias sigue siendo un secreto muy bien guardado. Aunque vale subrayar que han saltado nombres de periodis­tas, influencers, activistas identificados con el abdismo abiertamente y que ahora se asustan de una supuesta cam­paña sucia.

El nombre de Leonardo Gómez Berniga aparece en uno de los contratos repar­tidos por el CIRD para una iniciativa de transparen­cia y control sobre recono­cimiento facial por valor de G. 100 millones. Es un claro ejemplo de cómo operaron con la plata de Usaid, el deve­nido periodista investiga­dor de Abc Color es el mismo ensañado contra un grupo del Partido Colorado, propulsor de campañas de odio como “ANR Nunca Más”, muy bien financiado en el paquete de lo que fue el convenio de la per­secución más mediatizada de los últimos tiempos.

Cobraron millonarias sumas de dinero bajo conceptos pro­metedores que plantean la solución a todos los proble­mas de corrupción del país, pero en la práctica no exis­ten resultados del trabajo que hicieron para fortalecer la transparencia, el acceso a la justicia, ni la disminución de la impunidad.

Ahora los medios abdis­tas y sus periodistas instru­mentados tratan de instalar una campaña de persecu­ción, mientras siguen man­teniendo un severo silencio sobre los millonarios fondos repartidos vía oenegés finan­ciadas en el gobierno ante­rior por la agencia declarada corrupta el año pasado por los Estados Unidos.

Abdo contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deu­das con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y far­macéuticas corresponden a su administración. Así, vol­vió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la cre­dibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Para­guay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emer­gencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irre­gularidades en la ejecución de esos fondos. Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denun­ciaban compras fallidas de insumos médicos, irregula­ridades en procesos licitato­rios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapa­bocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, par­ticularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kiló­metros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Crea­tec SAE, tuvieron una acu­mulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su mani­festación patrimonial ante la Contraloría. Informes publi­cados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para bene­ficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproxima­damente USD 600 millo­nes con proveedores del Estado, incluyendo farma­céuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente trans­parentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reor­denar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deu­das adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incre­mento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados pro­porcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Bení­tez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situa­ción del país, los datos de su ges­tión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tie­nen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

El ministro de la Senad dijo que existen datos que exponen una suerte de complicidad y comprometen seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.

“El tiempo donde Sebastián Marset se hizo rico y donde su estructura operó abierta y libremente fue en el periodo anterior”, dijo el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, acerca del auge de la organización criminal del narcotraficante uruguayo durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

“Marset operó con la venia de quién, con la autorización de quién, con el acuerdo de quién o quiénes, si fueron funcionarios, políticos, auto­ridades de alto rango, quie­nes sean, pero deben caer en algún momento”, indicó en el programa “Cara o cruz” de Unicanal. Rachid se refi­rió a la publicación periodís­tica de la Unidad de Inves­tigación de Nación Media, que hace referencia al trá­fico de cocaína que desarro­lló la estructura criminal de Marset durante la adminis­tración abdista.

La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sen­sitiva (SIU), concernientes al operativo a Ultranza Py, reve­lan datos que exponen una suerte de complicidad y com­promete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estruc­tura criminal del capo narco.

En ese entonces, las autori­dades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales confor­mado por empresarios aso­ciados a Marset para el envío de cocaína desde el país.

“No es coincidencia y nunca fue coincidencia todas esas toneladas de clorhidrato de cocaína que se fueron de Paraguay a Europa, no siendo nuestro país un productor de esa droga. Nosotros repre­sentamos en el 2021 el 10 % de toda la cocaína que iba a Europa”, remarcó Rachid.

El mismo informe de inteli­gencia que inició en noviem­bre del 2019 hace referencia a los datos que se habían reca­bado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedi­cado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a territorio paraguayo vía área desde Bolivia y eran envia­das en contenedores desde los puertos.

“Todos ya sabemos en que periodo ocurrió el auge. Es muy importante lo que Mar­set vaya a aportar en la inves­tigación en Estados Unidos y yo aseguro que como moscas caerán después de lo que él diga“, sentenció el ministro.

En Asunción la disputa será entre Camilo Pérez y Arnaldo Samaniego; el postulante del abdista Arnoldo Wiens descabalgó, lo que relega en la capital del país al movimiento de Abdo Benítez.

En conferencia de prensa, los precan­didatos a la inten­dencia de Asunción, el sena­dor Arnaldo Samaniego de Causa y Fuerza Republicana, y Daniel Centurión del movi­miento abdista Colorado Añe­tete, anunciaron ayer que lle­garon a un acuerdo para que el primero encabece la can­didatura única de la disiden­cia colorada para hacer frente al oficialismo, que postula a Camilo Pérez para las inter­nas del domingo 7 de junio. El diputado señaló que tra­bajará de cerca con Sama­niego en las internas parti­darias “para hacer frente” al oficialismo.

El desplazamiento de Centu­rión expone una pérdida de anclaje político del abdismo en Asunción, lo cual supone un fuerte revés para las aspiracio­nes presidenciales de Arnoldo Wiens. La imposibilidad de sostener una candidatura dentro de la disidencia no solo implica una derrota táctica, sino un síntoma de debilita­miento estructural del movi­miento que responde al expre­sidente Mario Abdo Benítez.

La irrupción de un postu­lante por fuera del abdismo, devenido del clan Samaniego como figura de consenso, evi­dencia que el movimiento dejó de ser eje articulador y pasó a ser en Asunción un actor más dentro de una coa­lición que se reorganiza sin su conducción. En térmi­nos políticos, esto reduce su capacidad de negociación, le quita gravitación en la capi­tal y lo obliga a replegarse en un escenario donde otros liderazgos, bajo la presión del “efecto Camilo”, imponen las reglas.

La consultora y analista Ati Snead manifestó que mediante una encuesta se logró identificar que la figura del aspirante a intendente de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, representa para los asun­cenos la esperanza, cambio, buena gestión y experien­cia; frente a sus adversarios de la disidencia, el diputado Daniel Centurión y el sena­dor Arnaldo Samaniego, quienes son vinculados a la corrupción.

Camilo Pérez lanza su campaña hoy en el Club Coronel Pablo Rojas, en el barrio Republi­cano, con acto masivo y show popular.

Los organizadores mencionan que van a reunir a 48 candida­tos a concejales, 40 presidentes de seccionales de la capital del país y a líderes del movimiento oficialista Honor Colorado. Se apunta a una campaña cerca de la gente y con fuerte despliegue en barrios.