- Por Aníbal Saucedo Rodas
Nunca será suficiente insistir sobre algunos puntos centrales del buen gobierno. Así que, continuando con lo ya publicado semanas atrás, diremos que el poder no es un fin en sí mismo. Es un medio para facilitar el bienestar colectivo, la cohesión social y el crecimiento económico armónico e inclusivo. Y para acceder a ese poder, en un ambiente democrático, se tiene que transitar por el camino de la política, en su definición más idealizada, que es la búsqueda del bien común. Ese bien común que marca el rumbo ético de la política, manifestada en su forma práctica en un orden que garantice la dignidad para todos.
Algunos definen la política como la búsqueda y permanencia en el poder. Pero no debe entenderse esta afirmación desde una perspectiva utilitarista del “poder por el poder”. Ese poder precisa ser legitimado en su ejercicio mediante respuestas adecuadas a problemas concretos, en cuya formulación y en su proceso de decisión se debe contar con una amplia y activa participación ciudadana.
El poder político se ejerce desde un gobierno. Ese gobierno, cuyo mandato es limitado, tiene la responsabilidad legal y la obligación moral de diseñar, planificar y ejecutar acciones duraderas que favorezcan la solución de aquellas necesidades y problemas que obstaculizan el crecimiento social, económico y cultural de una población determinada. Esas acciones, que deben ser formuladas desde el Estado, se denominan políticas públicas.
Aunque toda la teoría construida desde la filosofía y las ciencias políticas discrepan en cuanto a los límites, o interrelaciones, entre lo público y lo privado, desde mi propia concepción considero que un Estado mínimo, desprovisto de atribuciones y funciones sociales, solo ahondaría la ya profunda brecha entre los que nada tienen y los que demasiado acumulan. Me quedo con la definición de que la “res pública”, la cosa pública, es la cosa del pueblo, el bien común, la comunidad, donde no puede soslayarse un interés común o una comunidad de intereses.
La práctica ha demostrado que la “mano invisible” del mercado fue, y sigue siendo, incapaz de nivelar las profundas desigualdades que se viven dentro de una sociedad, donde a muchos se les niega derechos humanos básicos, como los derechos al trabajo, la salud, la educación y una vivienda digna.
El bien común nunca podrá ser construido desde la sumatoria de los egoísmos particulares. Es el Estado, con los medios democráticos a su disposición, el que debe articular políticas públicas que colaboren a mitigar el dolor de los desposeídos, explotados, marginados y vulnerables, restituyéndoles su dignidad y sus derechos violentados por la implacable lógica de la oferta y la demanda.
Las políticas públicas, por tanto, deben ser planificadas de manera interdisciplinaria y con la participación de quienes serán los beneficiarios de estos programas. Muchas veces se fabrican recetas desde los gabinetes técnicos y, al aterrizar a la realidad, se generan los más estrepitosos fracasos. Aun peor, cuando se replican proyectos sin analizar nuestro entorno cultural, político y social.
Consecuentemente, las políticas públicas deben ser realistas, coherentes con las necesidades de cada comunidad; duraderas, que puedan sostenerse en el tiempo más allá de los gobiernos de turno (políticas de Estado); sostenibles, creándose las condiciones que les permitan mantenerse a sí mismas más allá de los conflictos e intereses coyunturales.
Resumiendo: Las políticas públicas son acciones que tienen como eje de su estructuración el bien común, y como fundamento de su existencia, la defensa de los más débiles y desposeídos, desde un Estado garante de la equidad y la justicia social.
Las políticas públicas son un instrumento insustituible de la democracia. La naturaleza democrática de un Gobierno se mide por sus políticas para combatir la pobreza. Porque la pobreza es su más radical negación. Buen provecho.