La política se ha distanciado cada vez más de su imperativo ético, la búsqueda del bien común, y tampoco se la puede considerar como la última residencia de la paz. Se ha convertido en un campo de batalla de fuego indiscriminado, donde prevalece el bienestar individual y no la prosperidad de los grupos más carenciados de la sociedad. Esto último es señal de un mal gobierno, en la definición de Norberto Bobbio.
La situación es una descripción generalizada de lo que hoy ocurre en muchas naciones del mundo. Se ha perdido la brújula de la vida armónica, en comunión o participación en común. En ese territorio, esta actividad humana envolvente –la política– ha establecido estrechos lazos con los medios de comunicación para banalizar más aun sus postulados morales –que cada uno interpreta según su particular conveniencia– y sus principios filosóficos.
La politización de los medios y la mediatización de la política no son un fenómeno nuevo, puesto que ya fue analizado con preocupación a inicios de la década de los 90 del siglo pasado. Por tanto, la política se ha vuelto cada vez más proclive a las escenificaciones y a un discurso orientado por el rating y el titular (de los periódicos), más que por propuestas concretas y programas sustantivos, tal como se recoge en el documento resultante de una conferencia internacional organizada por la Fundación Konrad Adenauer, la Universidad Johannes Gutenberg, de Maguncia, Alemania, y la cadena pública de televisión ZDF del mismo país.
La idea de aplicar la lógica del marketing a la política y a la democracia es cada vez más fuerte. El autor Anthony Downs –uno de los fundadores de la teoría de la elección– consideró que “los votantes y los políticos eran tan racionales como los economistas o el mercado, en donde los votantes eran como consumidores buscando la mejor compra, y los políticos que hacían campañas para ganar votos, como hombres de negocios que buscaban vender sus productos”.
En este contexto, la primera víctima es el partido político, puesto que la campaña se centra exclusivamente en la figura del candidato y no en la ideología ni en la doctrina de la organización partidaria que lo postula. El segundo impacto lo sienten los afiliados, cuya influencia en el partido, primero, y en el poder, después –en caso de ganar– disminuye notoriamente. Y, por último, el voto, más que la expresión de un compromiso profundo y de largo plazo, se convierte en una relación transitoria, que puede continuar o terminar cada cuatro o cinco años.
Por el lado de los medios politizados, aparte de su tradicional denominación de cuarto poder, o contrapoder, el periodismo pretende –y muchas veces lo consigue– incidir directamente en el poder político y hasta en la Justicia.
No estamos hablando de desideologizar los medios, sino de ubicarlos en el marco adecuado de su misión específica. En contrapartida, debemos decir que no son pocos los políticos que buscan controlar el poder de los medios.
En el informe ya mencionado de la Konrad Adenauer, el periodista y consultor político filipino Ermin García Jr. asevera que la politización de los medios de comunicación deriva de la tendencia de los políticos de convertir los medios en un campo de batalla verbal, en un espacio de permanentes declaraciones, utilizando las entrevistas para responder a informaciones y comentarios publicados en las columnas de opinión.
La tecnología ha contribuido grandemente para la proliferación de los liderazgos mediáticos que, por lo general, aspiran a conducir un rebaño electrónico, es decir, simples consumidores y no ciudadanos. Y, como no existe compromiso de lealtad ideológica, pretenden impresionar con el inmediatismo y las medidas cortoplacistas, sin sustentación ni sostenibilidad, puesto que han perdido o no se han formado como estadistas con visión de largo alcance y, por ende, son incapaces de implantar políticas de Estado que otros, necesariamente, deban continuar. Alguien, alguna vez, habrá de devolverle su verdadera esencia y valor a la política. Por hoy, es suficiente. Buen provecho.
No se cansan de hacer el ridículo los fallidos profetas de la política
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Los que escriben en los medios de comunicación donde trabajan desde la perspectiva del propio deseo y no de las evidencias que proporcionan el análisis sistemático de los hechos o la reflexión racional con criterios lógicos tienen mayor riesgo de despeñarse en el ridículo, porque las predicciones antojadizas, sin fundamentos, se contraponen radicalmente a lo que finalmente acontece. Pero al que arremete con desordenada pasión en contra de los pronósticos de la realidad y pretende deliberadamente imponer sus direccionadas narrativas poco o nada le importan los resultados de sus sesgados comentarios, porque sabe que no pagará –al menos, por ahora– tributo a sus descaradas patrañas o inventos para engañar. Podemos decir que sus perversos procedimientos ya rayan con el desorden mental a causa de sus exaltadas emociones.
Los más fanáticos promotores de esta criminal actitud que lesiona los principios más elementales del periodismo fueron, durante varios tramos de este periodo democrático, clientes del Estado, en un espurio maridaje con los gobiernos de turno. Estos sobornos encubiertos estaban disfrazados de avisaje fiscal o espacios pagados por las autoridades, generalmente desde los ministerios con más recursos, con preferente predilección hacia las entidades hidroeléctricas binacionales, donde el chorro era más generoso y sin control. No es raro, por tanto, que algunas empresas y sus trabajadores y trabajadoras de la prensa tengan una conveniente amnesia para enjuiciar la corrupta administración –la más corrupta de toda la historia reciente– de Mario Abdo Benítez. Y, por el contrario, fustiguen con inigualable saña al expresidente de la República Horacio Cartes y al actual mandatario, Santiago Peña, quien llegó al Palacio de López de la mano del líder del movimiento Honor Colorado, el sector interno más poderoso de la Asociación Nacional Republicana.
Los más recalcitrantes detractores del actual titular de la Junta de Gobierno de la ANR, siguiendo las órdenes de sus inescrupulosos patrones, viven prisioneros de sus artificiales escenarios, pedaleando cuesta arriba para convencer a un público que les ha perdido el respeto y la confianza, restando toda credibilidad a sus publicaciones en cualquiera de sus formatos. Algunos, incluso, llegaron a formar parte de instituciones públicas al lado del tenebroso ministro de Hacienda de entonces, Benigno López, hermano de madre de Abdo Benítez. Un dúo que dejó al país al borde del colapso financiero y el descalabro administrativo, con deudas millonarias con empresas farmacéuticas y de construcción, teniendo a estos periodistas como aliados. En el caso específico de los emprendimientos viales, se ejecutaron obras que no tenían fuentes de financiamiento, siendo su principal responsable quien fuera ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, fracasado aspirante a la Presidencia de la República, y quien ahora quiere volver a intentarlo sin pudor alguno, a pesar de que carga sobre sus espaldas un largo prontuario de hechos punibles a raíz de obras sobrefacturadas (como la famosa “pasarela de oro”) y licitaciones amañadas. A los que debemos añadir el proceso que actualmente enfrenta por lesión de confianza y destrucción intencional de los trabajos del metrobús, que fueron llevados adelante durante la época de Cartes.
Las internas simultáneas de los partidos y movimientos políticos para elegir a los candidatos que los representarán en las elecciones municipales del 4 de octubre, a la par de despertar incurables rencores, de nuevo son aprovechadas para desparramar las tilinguerías más inverosímiles con aires de apodícticas premisas. Los mismos fanfarrones de siempre, que mañana –con la costumbre propia de los gatos– enterrarán su mala fe sin ningún remordimiento. Ignoran los imprescindibles códigos de ética que dieron forma, proyección y solidez a la profesión periodística. Utilizan sus medios para alcanzar sus fines egoístas y mezquinos. Ahora mismo decretan la debacle del movimiento Honor Colorado y pronostican negros nubarrones para los comicios de octubre, como si ellos fueran determinantes –de cumplimiento inexcusable y obligatorio– para las presidenciales de 2028. No se cansan de este ejercicio de onanismo mental en el cual se regodean, aunque, como ya ha ocurrido, continuarán elucubrando fuera del tarro, esparciendo los efluvios de sus divagues sobre la tapa cerrada del inodoro. Hay que admitir que es admirable que no se cansen –reiteramos– de hacer el ridículo. Como cuando denuncian ataques a la libertad de expresión porque el Ministerio Público investiga a un banco por lavado de dinero. Banco ligado a un diario. Conociendo sus antecedentes, las tapas de los diarios de mañana dependerán de los resultados de las elecciones de hoy para agrandar sus letras o minimizarlas. Son tan predecibles como despreciables.
La política debe recuperar su capacidad anticipadora
Aníbal Saucedo
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Por Aníbal Saucedo Rodas
Periodista, docente y político
La política tiene que devolvernos la certeza de lo previsible. Recuperar su capacidad anticipadora a los hechos de cumplimiento obligatorio con inteligencia, imaginación y honestidad creadora. Y la habilidad para gestionar soluciones rápidas y eficientes a los problemas de aparición inesperada. No se puede, o no se debe, llegar al poder para empezar a analizar los conflictos y deudas sociales y plantear respuestas que tardan en llegar.
Todos los candidatos, más allá del escrutinio final de las elecciones, están moralmente comprometidos a presentarse ante el público con una plataforma programática seria, creíble y realista, que, además, se corresponda con el lema de campaña. Porque, en los últimos años, estos lemas –que pretendían ser efectistas– suplantaron a la rigurosidad de las propuestas. Entonces, ocurre lo que comúnmente se conoce como el tiempo perdido.
Así, el tiempo que estaba destinado a la acción se gasta en planificar estrategias. Y, muchas veces, sin los ingredientes de la idoneidad, se gobierna a las atropelladas. Administrar el Estado es un trabajo en equipo, bajo un liderazgo centrado en principios, en carácter y en virtud. Un liderazgo sobre el cual las críticas, como único eje de la oposición, en forma de obstáculos y trancas, se deslizan sin hacerle el menor daño.
Porque habrá forjado una trayectoria de credibilidad que le permita ganarse la confianza de la gente. Cuando la ciudadanía se siente parte fundamental de un proyecto, porque sus demandas son escuchadas y satisfechas, se convierte en el brazo popular de cualquier gobierno.
Es la mejor garantía de que las políticas públicas con propósito de Estado, aquellas que superan el tiempo y trascienden a las personas, no detendrán su marcha por el egoísmo de los mediocres y la soberbia tribal de quienes creen que antes de ellos nada se hizo bien.
Ese caudillismo retrógrado que concibe al Estado como un patrimonio personal o de círculos y que tanto daño ya ocasionó a nuestro país. Y no estamos hablando de una dolencia generacional, sino mental, de conductas y actitudes que se contradicen frontalmente con el fin último de la política, la paz social, y su imperativo, el bien común.
Cuando el poder se divorcia de la madurez y la templanza suele ser fuente de la arrogancia que menosprecia la crítica fundada en el recto juicio, despojada de intereses sectarios o crematísticos. Y desde la oposición, repito, tanto los de adentro como los de afuera, se recurre a la polarización, la lucha de los extremos, con la intención de generar adhesiones exclusivamente por medio de un radical “anti”, convirtiendo la diferencia en irreconciliable enemistad. La primitiva propuesta es explícitamente clara: conseguir sentido de pertenencia avivando sentimientos de aversión, odio y resentimiento.
En ese contexto, gobernar es un arte para malabaristas, que exige equilibrio, sensatez, inteligencia y, principalmente, una máxima concentración en los asuntos prioritarios que están enfocados en combatir la pobreza, la exclusión social, el desempleo y un sistema educativo que no logra despegar hacia su destino de excelencia, estancándose en un modelo que multiplica la medianía sin las herramientas para la reflexión y el discernimiento. Una situación que beneficia a las estructuras políticas y económicas que se aprovechan de la ausencia de una conciencia solidaria para derrotar las injusticias que postergan la redención social de nuestro pueblo.
De ahí la urgencia de impulsar una revolución cultural que surja de la sociedad misma, aunque suene a una paradoja, considerando el nivel de los egresados de los ciclos secundario y universitario. La fórmula para superar esta contradicción es simple: hay que recuperar el saludable hábito de la lectura, para que la ciudadanía posea cualidades intelectuales que le permitan elegir, participar activamente, exigir y enjuiciar a las autoridades de los poderes del Estado.
Solo es cuestión de entrenamiento para introducirnos en el provechoso ejercicio de abandonar la pantalla improductiva, al menos, una hora al día. Y, también, solo cuando la ciudadanía sea un elemento de presión, lo predecible en política podrá resolverse de acuerdo con sus propios códigos de anticipación, rapidez y efectividad, mediante la imprescindible combinación de capacidad y honestidad. Buen provecho.
La política exterior paraguaya ha ingresado en una dimensión que hasta hace pocos años parecía reservada únicamente para las grandes potencias. El viaje del presidente Santiago Peña a Taiwán y posteriormente a Filipinas no fue una simple agenda diplomática ni una gira comercial de rutina. Fue, en esencia, una declaración geopolítica en uno de los escenarios más tensos del planeta: Asia Oriental.
Durante décadas, Paraguay observó desde la distancia los grandes conflictos internacionales, limitado muchas veces por su condición mediterránea y por una diplomacia tradicionalmente cautelosa. Sin embargo, el nuevo contexto global obliga a redefinir posiciones. Y Peña parece haber entendido que en el siglo XXI la neutralidad absoluta puede equivaler a la irrelevancia.
La visita a Taiwán ya representaba, por sí sola, una señal de enorme peso estratégico. Paraguay es el único país sudamericano que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Taipéi, una postura que históricamente ha provocado la irritación de Beijing. Pero el paso posterior por Manila elevó el mensaje a otro nivel. Allí, el mandatario paraguayo no solamente consolidó vínculos económicos con Ferdinand Marcos Jr.; también se posicionó, de manera indirecta, dentro del eje que busca preservar el equilibrio de poder frente al avance de la influencia de China en el Indo-Pacífico.
En este complejo tablero, tampoco el acercamiento a Japón es casual. Tokio actúa hoy como el ancla de estabilidad y el principal promotor de un “Indo-Pacífico libre y abierto”, una visión a la que Asunción parece querer suscribirse para ganar una espalda política que antes no tenía.
El Mar de China Meridional ya no es apenas un conflicto regional. Es el corazón de la disputa global por el comercio, la tecnología y el equilibrio militar del siglo XXI. Por esas aguas circula una parte sustancial de la economía mundial, mientras China expande bases, construye islas artificiales y presiona territorialmente a sus vecinos. Filipinas decidió abandonar la ambigüedad y plantar resistencia. Japón reforzó su cooperación militar. Taiwán vive bajo amenaza constante. Y ahora Paraguay aparece orbitando alrededor de ese bloque estratégico.
Para algunos críticos, esta postura podría parecer arriesgada. Después de todo, China representa una potencia económica gigantesca y un mercado capaz de seducir a cualquier nación en desarrollo. La presión de Beijing sobre Asunción no es nueva. Cada tanto, la diplomacia china recuerda que Paraguay debe “adaptarse a la tendencia histórica”. El gran desafío para el Ejecutivo será demostrarle al sector productivo nacional, especialmente al agro, que la lealtad a este eje democrático es capaz de generar inversiones y aperturas técnicas que compensen la ausencia de relaciones directas con el gigante continental.
La pregunta de fondo es si Paraguay debe sacrificar sus principios y alianzas estratégicas únicamente por una promesa comercial. Peña parece responder que no. Y esa decisión tiene implicancias mucho más profundas de lo que aparenta.
La actual agenda internacional paraguaya intenta construir una imagen distinta para el país: la de un actor pequeño, sí, pero confiable; una nación capaz de integrarse a las cadenas de seguridad alimentaria y cooperación política de las democracias asiáticas. Paraguay ofrece carne, energía y estabilidad institucional en una región marcada por la incertidumbre. A cambio, busca inversiones, tecnología y respaldo internacional.
La gira presidencial demuestra que Asunción comprende que la política internacional ya no se divide solamente entre izquierda y derecha, sino entre democracias abiertas y sistemas autoritarios cada vez más agresivos. El acercamiento simultáneo a Taiwán, Filipinas y Japón refleja una lectura estratégica clara: el mundo está entrando en una etapa de competencia global donde los países deberán definir con quiénes comparten valores, intereses y visión de futuro.
Peña asumió un riesgo calculado. Decidió mover a Paraguay fuera de la comodidad diplomática para insertarlo en la conversación global más importante de nuestro tiempo. La geopolítica demuestra una y otra vez que no siempre son los gigantes quienes terminan influyendo en la historia; a veces, basta con dejar de ser un espectador para empezar a jugar en el tablero.
“La política de conectividad busca reducir las brechas estructurales”
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El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) viene impulsando una serie de acciones para fortalecer la conectividad y garantizar un acceso más equitativo a los servicios digitales. Aquí un repaso de esas acciones y sus impactos.
“La mejora en velocidades, latencia y precios no elimina por sí sola las brechas territoriales, lo que vuelve imprescindible la intervención del Estado para asegurar conectividad donde el mercado no llega”, apunta Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación.
“Una de las decisiones estratégicas fue el otorgamiento de la licencia –en octubre de 2023– para la operación de Starlink en Paraguay. La disponibilidad de internet satelital de órbita baja permite llevar conectividad de alta velocidad a cualquier punto del país, incluyendo comunidades aisladas, zonas fronterizas y regiones históricamente postergadas”, señala a propósito del tema.
“Para el Estado, esta tecnología representa una herramienta estratégica para fortalecer servicios esenciales como salud, educación y seguridad en lugares donde no existe infraestructura terrestre”, agrega.
Villate refiere que están trabajando en una licitación adicional para frecuencias 5G, que se lanzará en los próximos meses. Este nuevo proceso permitirá a las demás compañías poder ofrecer este servicio. En ese sentido, explicó que la velocidad del internet móvil está relacionada con las frecuencias disponibles y la tecnología utilizada. Anticipa que, a partir de este año, la velocidad de internet móvil en Paraguay cambiará debido al despliegue de 5G.
Aquí su diálogo con La Nación/Nación Media:
–¿Cuál es la actualidad de la internet en el país?
–Paraguay vive hoy sobre internet. Las transferencias electrónicas y los pagos por QR se han masificado, transformando la forma en que los ciudadanos realizan transacciones cotidianas. Desde el Mitic se ha impulsado un acceso amplio a sistemas de gobierno digital, incluyendo la identidad electrónica, lo que permite a la ciudadanía interactuar con el Estado de manera ágil y segura. No obstante, persisten desafíos vinculados principalmente a la brecha territorial y a velocidad de acceso, especialmente en zonas rurales y de baja densidad poblacional, donde el mercado no siempre logra cubrir con infraestructura terrestre.
PLANIFICACIÓN NACIONAL
–¿Cuáles son los departamentos que requerirían una inversión más sostenida?
–La política de conectividad del gobierno no está sectorizada por departamentos específicos, sino que responde a una planificación nacional orientada a reducir brechas estructurales en todo el territorio. Las mayores necesidades históricas se concentran en zonas rurales, comunidades aisladas, regiones del Chaco y áreas de baja densidad poblacional, donde el despliegue de infraestructura tradicional resulta más complejo y menos atractivo para el mercado.
En este contexto, el Estado implementa soluciones complementarias como la conectividad satelital, que permite llevar internet a escuelas, establecimientos de salud y dependencias públicas ubicadas en territorios donde antes no existía infraestructura terrestre. El criterio es claro: priorizar donde la brecha es mayor, asegurando que la conectividad llegue a todo el país y no solo a los centros urbanos.
–¿Cuál es el estado de la Red Nacional de Fibra Óptica?
–La Red Nacional de Fibra Óptica es una infraestructura estratégica para el Estado digital. Actualmente, la Red Metropolitana (Red Metro) en Asunción se encuentra plenamente operativa, interconectando instituciones públicas estratégicas; mientras que la Red Troncal está en proceso de recuperación y modernización, en coordinación con la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y la Administración Nacional de Electricidad (Ande), con el objetivo de garantizar capacidad, estabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Este proceso permitirá fortalecer la infraestructura que soporta servicios como plataformas digitales gubernamentales, sistemas de salud, educación y otros servicios esenciales del Estado.
Gustavo Villate, ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic)
DISPONIBILIDAD
–¿Qué nos puede contar del programa de internet gratuito en espacios públicos?
–El programa continúa activo como una política pública orientada a reducir la brecha digital. Actualmente cuenta con más de 400 puntos WiFi operativos en plazas, hospitales, instituciones educativas y espacios comunitarios en todo el país, incluyendo zonas rurales, comunidades indígenas y el Chaco. El objetivo es que el acceso a internet sea una herramienta disponible para acceso a información, educación, trámites digitales, y todo tipo de uso para la comunicación y participación ciudadana. Este programa complementa las políticas de conectividad estructural y tiene un enfoque de inclusión digital, priorizando su instalación en zonas de alta concurrencia y baja conectividad.
–¿En qué espacios emblemáticos de la Gran Asunción se puede acceder al internet gratuito?
–En la Gran Asunción, el servicio está disponible en diversos espacios públicos estratégicos, como plazas, hospitales públicos, instituciones educativas. Por mencionar algunos, se encuentran puntos en la costanera de Asunción, la escalinata Antequera, los mercados 4 y de Abasto, la plaza municipal de Areguá, ciclovía de Itá, aeropuerto Silvio Pettirossi en Luque. En total son 107 puntos disponibles entre Asunción y Central.
–¿En qué estado de avance se encuentra la red 5G?
–Paraguay inició el despliegue de la red 5G en el último tramo de 2025, tras un proceso licitatorio llevado adelante en coordinación con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Dos empresas resultaron adjudicadas (Claro y Nubicom), y una de ellas ya comenzó la prestación del servicio. Actualmente, el despliegue se encuentra en etapa inicial y progresiva, concentrado en áreas urbanas. Asimismo, se trabaja en una nueva licitación de frecuencias 5G que permitirá ampliar la oferta y participación de otras compañías, consolidando el ecosistema de telecomunicaciones y mejorando la calidad del servicio móvil en el país.
El rol del gobierno es planificar, invertir, coordinar y garantizar que la conectividad no sea un privilegio, sino una herramienta de inclusión y desarrollo para toda la ciudadanía. Desde el Mitic, esa acción se traduce en políticas públicas concretas, sostenidas y orientadas a cerrar brechas, conectar territorios y seguir fortaleciendo al país en materia digital.
Avances
El último reporte del Índice Global de Speedtest (clasificación de velocidades de internet de todo el mundo), en cuanto a internet de banda ancha a diciembre de 2025, ubica a Paraguay en el puesto 61, superando a países avanzados como Alemania, que se sitúa en la 66.
Datos oficiales de Conatel muestran que, si bien el internet móvil se consolidó como el principal medio de conexión para la población –con más de 5,5 millones de usuarios y una fuerte adopción de tecnología 4G–, aún existen desafíos, especialmente en zonas rurales y de baja densidad poblacional. La Red Troncal se encuentra en proceso de recuperación y modernización, en coordinación con la Copaco y la Ande. “Este trabajo busca garantizar capacidad, estabilidad y sostenibilidad a largo plazo para los servicios digitales del Estado y, a futuro, ampliar su impacto hacia la ciudadanía”.
EN EL SECTOR PÚBLICO
“La conectividad también es un componente central para mejorar la calidad de los servicios del Estado. En salud, más de 1.100 establecimientos utilizan el Sistema de Información de Salud (HIS), que procesa millones de consultas al año gracias a una infraestructura digital sostenida”, explican desde el Mitic.
“En educación, la conectividad de última milla y las soluciones satelitales permiten integrar a escuelas que antes estaban completamente desconectadas, ampliando oportunidades para estudiantes y docentes. Un ejemplo es el acceso al Programa Hambre Cero, una plataforma creada íntegramente de manera digital”, agregan.
En el Chaco
El internet satelital conecta ya a 18 comunidades en el marco de la estrategia nacional de inclusión digital que prioriza a escuelas, comunidades indígenas y centros de salud.
Este es el principal resultado del acuerdo del Mitic y la Copaco en alianza con Starlink. Esta última aporta su red de satélites de órbita baja para llevar conectividad de alta velocidad a territorios donde la infraestructura terrestre es prácticamente inexistente con anchos de banda que alcanzan al menos 200 Mbps con picos de hasta 280 Mbps.
La idea es conectar 500 escuelas rurales en todo el país y la primera de ellas se inauguró en la escuela de la comunidad indígena pueblo Qom de Cerrito (Presidente Hayes), donde por primera vez pudieron hacer videollamadas y visualizar contenidos educativos en línea.
También, se conectó a la comunidad de Sawhoyamaxa, como parte de las medidas de reparación ordenadas por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).