Por Melissa Palacios y Luis Noguera

El gobierno de Santiago Peña cerró su tercer año con importantes avances en términos económicos, sobre todo lo medible en el ámbito social, la expansión económica y la obtención del doble grado de inversión. Desde el sector productivo, en cambio, valoraron el crecimiento sostenido, el dinamismo aplicado a la entrega de títulos, la apertura de mercados premium, así como la continuidad del proceso de formalización y apertura comercial.

La Nación/Nación Media consultó a referentes de varios sectores sobre el desempeño en la administración del país y el progreso registrado hasta el momento en el actual periodo. Sobre el punto, Daniel Correa, economista y director de DCR Consultora, resaltó que “el logro más importante es social, y es medible: la pobreza total cayó de 19,6 % a 16,0 % entre 2024 y 2025 —213.000 personas menos— y la pobreza extrema pasó de 3,7 % a 2,4 %. El Instituto Nacional de Estadística (INE) es explícito: sin las transferencias, la pobreza habría sido 19,9 %; unas 239.000 personas no cayeron bajo la línea gracias a esos programas”.

Además de lo mencionado, el especialista también citó el éxito registrado en el programa de alimentación escolar denominado Hambre Cero, “que alcanzó cobertura total con más de 1.000.000 de estudiantes, con impacto en nutrición, permanencia escolar y economía local”. Adicionalmente, enumeró cifras en Tekoporã Mbareté, que aumentó 25 % sus transferencias y llega a cerca de 195.000 familias, y la pensión de adultos mayores supera los 360.000 beneficiarios. Esa ampliación simultánea es lo que explica que la caída de la pobreza haya sido más fuerte en el área rural, donde la extrema bajó de 8,2 % a 5,5 %.

También habló de avances en la inversión en infraestructura sanitaria y de servicios básicos: agua potable, saneamiento, atención primaria y vivienda a través de Che Róga Porã. Todo lo mencionado, fue posible gracias a que “la macroeconomía la financió sin desequilibrios” y sobre el punto recordó el “grado de inversión de Moody’s (Baa3) en 2024 y BBB- estable de S&P en diciembre de 2025, inflación de 3,1 % en 2025 frente a niveles superiores al 10 % años antes, crecimiento del 6 % y deuda pública en torno al 40 % del PIB, con el déficit anclado en 1,5 %”.

“La estabilidad no es el logro; es la condición que permitió sostener el gasto social”, concluyó sobre lo mencionado anteriormente, sin dejar de resaltar que la atracción de inversiones es el punto más visible dentro de la gestión del presidente Peña. “El activo más considerable del período es la credibilidad macroeconómica: sin grado de inversión, sin inflación de un dígito bajo y sin regla fiscal creíble, ningún régimen de incentivos atrae capital de largo plazo. La inversión llegó porque el marco se volvió previsible”, afirmó, entre otras cosas.

Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP), el presidente del gremio, Héctor Cristaldo, señaló en cuanto a los avances registrados para el rubro durante este periodo de gobierno, el crecimiento sostenido durante tres años consecutivos, con el cual Paraguay lidera en la región.

Asimismo, resaltó la continuidad del proceso de disminución de la pobreza, que lleva varios años con una tendencia descendente. Recordó que en 2002 la pobreza en Paraguay se situaba en 57 %, mientras que el último año se ubicó en 16 %.

Otro de los aspectos destacados por el titular de la UGP fue el impulso al proceso de arraigo de los pequeños productores, mediante la dinamización de la entrega de títulos de propiedad a los beneficiarios. Explicó que contar con el título de la tierra permite a los productores formalizarse e integrarse a la economía real y a las cadenas de valor.

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De cara al último tramo de mandato, las medidas o prioridades que debería impulsar el Gobierno para mejorar la competitividad, la inversión y las condiciones de desarrollo del sector, apuntan a desburocratizar y simplificar trámites en las instituciones. “Normativas que no sean un freno al desarrollo sino más bien lo promuevan”, dijo Cristaldo.

A su vez, una política energética previsible y trabajar en la infraestructura que asegure el acceso y la disponibilidad de energía para los emprendimientos de los inversionistas nacionales y extranjeros.

La infraestructura vial será fundamental para dinamizar el flujo de personas, mercaderías y romper con el aislamiento de regiones con alto potencial productivo, acelerar las obras de acceso al Puente de la Integración para dinamizar el comercio con Brasil, y terminar con las demoras que frenan la posibilidad de aumentar nuestras exportaciones.

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Daniel Prieto, destacó como uno de los principales logros del Gobierno de Peña la apertura de nuevos mercados premium para la carne paraguaya, entre ellos Estados Unidos, Canadá y países del Sudeste Asiático, como Filipinas e Indonesia. La gestión realizada por el presidente de la República, junto con el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), fue lo más importante para el sector, al tratarse de un punto muy anhelado.

“Ese era un tema muy anhelado y lo logramos, y eso es lo que más rescatamos ahora”, afirmó Prieto, al referirse a la apertura de estos mercados.

En cuanto a las necesidades del sector, uno de los principales requerimientos es contar con previsibilidad y, sobre todo, transparencia en toda la cadena de valor, tanto en la industria como en el productor y el consumidor. En ese sentido, recordó que desde el gremio habían reclamado la concentración existente en la industria.

Prieto señaló que actualmente ese escenario está cambiando con la incorporación de nuevos capitales paraguayos y la instalación de tres nuevas plantas, mientras que ahora se anuncia una cuarta, aunque en este caso de capital brasileño, y consideró que el aumento de la competencia beneficia a todo el sector.

Asimismo, planteó la necesidad de seguir aumentando la transparencia en la cadena comercial e implementar determinadas normativas que puedan contribuir al beneficio de todos los actores del sector.

Por otra parte, el presidente de la ARP pidió a los productores tomar las precauciones necesarias ante el fenómeno de El Niño que se viene anunciando. También instó al Gobierno a insistir con la seguridad en el campo, al igual que el apoyo a la infraestructura.

Luis Tavella, presidente de la Federación de micro, pequeñas y medianas empresas (Fedemipymes), consideró que estos tres años fueron positivos para su sector ya que el trabajo en conjunto fue fundamental para la aprobación de la modificación de la Ley de Mipymes.

“Hemos conseguido la aprobación de la ley, no fue fácil, comenzamos todo el proceso de reglamentación y hoy estamos en la parte de implementación en instituciones y algunos municipios. Todavía queda un camino de socialización”, dijo a LN/NM. Además, señaló que es prioridad avanzar en la formalización y bancarización de las empresas, condiciones fundamentales para seguir creciendo.

Sostuvo que el principal avance fue el reconocimiento del Estado hacia el sector y su importancia en la economía. “Hoy hay un reconocimiento al sector, el 98 % son mipymes, el 75 % de la fuerza laboral viene de este sector también, pero el aporte al Producto Interno Bruto no llega ni al 15 %”, agregó.

“Para la última etapa del Gobierno queda terminar de implementar la nueva Ley de Mipymes y su socialización a nivel país, además de la puesta en marcha de los proyectos de Fonamipymes”, dijo.

Asimismo, pidió agilizar la transferencia de los recursos previstos para el sector al Fondo Nacional de las Micro, Pequeñas, y Medianas Empresas (Fonamipymes), que incluyen aquellos fondos establecidos por ley y las donaciones del Gobierno de Taiwán, para fortalecer y ejecutar los proyectos destinados al rubro. También consideró necesario fortalecer el Viceministerio de Mipymes, que actualmente cuenta con 25 funcionarios para atender a un sector que representa el 98 % de las empresas del país.

Marco Panciotto, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores (Appec), señaló que el Gobierno logró avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica, posicionamiento internacional del país, grado de inversión y apertura de mercados. “En el sector pecuario valoramos el trabajo realizado en materia sanitaria, trazabilidad y acceso a nuevos destinos para nuestra producción”, comentó.

Sin embargo, la ganadería paraguaya atraviesa problemas estructurales que requieren atención. “Hemos perdido stock ganadero, disminuyó la faena y en 2026 estamos exportando menos volumen de carne, aunque afortunadamente a mejores precios”, mencionó.

Sostuvo que el balance es positivo en varios aspectos, pero todavía insuficiente desde la perspectiva del productor. “El gran desafío es conseguir que las buenas condiciones del país se traduzcan en más inversión, más producción y mayor rentabilidad en el campo”, acotó.

A su vez, reconoció los trabajos en defensa de los intereses paraguayos dentro del Mercado Común del Sur, particularmente en la discusión sobre una distribución más equitativa de las cuotas de acceso a mercados internacionales.

“Estos avances son importantes porque Paraguay necesita vender su carne en más mercados, con mayor poder adquisitivo y dispuestos a reconocer la calidad de nuestro producto”, aseveró.

Con miras a los últimos años del Gobierno, dijo que comienza una etapa decisiva en la que la prioridad debería ser recuperar la confianza del productor para que vuelva a invertir. Esto implicará mayor previsibilidad en las reglas de juego, estabilidad sanitaria, financiamiento de largo plazo a tasas competitivas, continuar agresivamente con la apertura de mercados, infraestructura, seguridad jurídica y políticas que estimulen la tecnología, nutrición y mejores sistemas de cría y recría.

“Paraguay necesita algo todavía más importante: una estrategia ganadera de largo plazo construida entre el sector público y los productores”, añadió. En tanto, el desafío para los próximos años debería ser recuperar el crecimiento del hato, aumentar la productividad, producir más kilos de carne por hectárea y por animal y lograr que esa mayor productividad se transforme en prosperidad para el productor.

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• Por Luis Noguera

El rubro del biodiésel está tomando mayor impulso con la nueva normativa al respecto, en la incorporación del carburante de origen vegetal en el gasoil tipo lll (común). Desde el sector industrial ven como una oportunidad de crecimiento, de reactivación del rubro, aunque los principales consumidores se muestran todavía cautelosos.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) resolvió adecuar temporalmente el porcentaje de mezcla obligatoria de biodiésel al 7 % hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de brindar más tiempo para que toda la cadena continúe adaptando sus procesos e infraestructura. La resolución establece el retorno al 8 % a partir del 1 de enero de 2027.

“El aumento de la mezcla de biodiésel no solo fortalece nuestra seguridad energética, sino que impulsa la transformación de nuestra producción agrícola en riqueza para los paraguayos”, había manifestado recientemente el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, sobre lo que su gestión está llevando adelante.

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Massimiliano Corsi, presidente de la Cámara Paraguaya de Biocombustibles y Energías Renovables (Biocap), conversó con La Nación/Nación Media sobre el nuevo impulso en el sector, considerando la normativa emanada de la cartera de Industria.

“Paraguay cuenta con una capacidad instalada de producción de biodiésel cercana a los 293 millones de litros por año. Esa capacidad permitiría abastecer ampliamente una mezcla nacional del 15 % (B15). Actualmente, el sector opera muy por debajo de su capacidad instalada, por lo que existe un importante potencial de crecimiento para acompañar un aumento gradual de la mezcla obligatoria y atender nuevos mercados”, expresó.

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“El incremento gradual del porcentaje de mezcla podrá mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada generando economías de escala, una mayor eficiencia operativa y una reducción de los costos unitarios de producción del biodiésel, fortaleciendo la competitividad de la industria nacional frente al diésel de origen fósil”, destacó.

Actualmente, son cuatro plantas las que se encuentran operando y produciendo el carburante de origen vegetal, mientras que otras seis aguardan un mercado mayor para una posible reactivación, según dijo el titular del gremio. Esas industrias que están operando activamente significan 500 empleos directos, precisó Corsi.

Con el nuevo régimen se podrá tener mayor previsibilidad, adquirir los insumos en mayor cantidad y de esa manera ganar en competitividad, considerando que actualmente el sector está estancado.

Hoy en día, el principal insumo para la generación de biodiésel es la soja, en ese sentido, Corsi explicó que el proceso deja 80 % de harina, que sirve para alimentar animales, y el restante 20 % corresponde a aceite, este último producto es el que sirve para el carburante. Precisó que actualmente una empresa de origen brasileño es la que procesa integralmente el grano, es decir industrializa la producción en estado natural, hasta llegar al combustible.

Por su parte, Gilberto Maldonado, dirigente del sector transportista, dijo que ellos “apoyan la 100 % la industria nacional”; sin embargo, dejó en claro que desean que la inserción del carburante de origen vegetal se efectúe con los cuidados debidos.

“La mezcla está bien, porque en los laboratorios dan bien los resultados, pero donde no está cerrando es en la cadena de distribución. Los emblemas cuidan los detalles del cuidado especial que tiene el biodiésel, hasta los camiones cisterna. Los camiones cisterna van y bajan en las estaciones de servicios y yo creo que ahí se suelta la cadena de cuidado, porque no están capacitados”, sostuvo.

Explicó que el biodiésel no puede mezclarse con el agua, lo que puede desencadenar problemas en los vehículos, en los picos inyectores y las bombas inyectoras, lo que a la vez genera un sobrecosto para el transportista. “La capacitación es primordial”, dijo, sobre todo para quienes operan las bocas de expendio y los mecánicos.

De acuerdo con los datos consignados en el reporte de Comercio Exterior del Banco Central del Paraguay (BCP), en el primer semestre del año se presentó un incremento de más del 184 % de manera interanual en la exportación del carburante, llegando a los USD 17,6 millones. En todo el 2025, los envíos del derivado alcanzaron USD 34,4 millones.

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• Por: Sofía Céspedes
• sofia.cespedes@nacionmedia.com

La expansión de la inteligencia artificial (IA), la computación en la nube y los servicios digitales está cambiando la forma en que los países compiten por atraer inversiones. Detrás de cada aplicación de IA, plataforma de streaming o servicio financiero digital existe un data center o centro de datos, enormes infraestructuras que almacenan y procesan información las 24 horas del día.

En los últimos meses, en Paraguay el rubro comenzó a tomar más protagonismo gracias a uno de sus principales activos, la disponibilidad de energía renovable. Sin embargo, especialistas coinciden en que la electricidad, aunque indispensable, representa apenas una parte de una ecuación mucho más amplia.

En conversación con La Nación/Nación Media, Bruno Vaccotti, director de la Cámara Paraguaya de Fintech y accionista de Penguin Group, dijo que la discusión sobre los centros de datos no debe limitarse al consumo eléctrico, sino al impacto económico que pueden generar.

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Explicó que estas instalaciones forman parte de las denominadas industrias electrointensivas, que utilizan grandes cantidades de energía, pero cuya principal característica es la generación de empleo altamente calificado. A diferencia de otras industrias manufactureras, los centros de datos no requieren miles de trabajadores, aunque sí demandan perfiles técnicos especializados, con salarios muy por encima del promedio.

Vaccotti sostuvo a LN que Paraguay atraviesa un momento particular. Mientras el consumo eléctrico interno crece alrededor de un 12 % anual, el país deberá realizar importantes inversiones en infraestructura energética durante los próximos años para evitar un déficit de generación.

En ese contexto, consideró que atraer industrias electrointensivas forma parte de la solución y no del problema. Según explicó, actualmente la energía excedente cedida al Brasil genera ingresos considerablemente menores que la electricidad consumida por industrias instaladas en Paraguay.

Mientras la compensación por cesión ronda los USD 18 por megavatio, las empresas electrointensivas pagan entre USD 48 y USD 52 por la misma cantidad de energía.

Ese mayor ingreso fortalece financieramente a la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y permite financiar nuevas obras para el Sistema Interconectado Nacional. Incluso, afirmó que cerca del 60 % de los ingresos actuales de la estatal eléctrica provienen de industrias electrointensivas, principalmente la minería de bitcoin.

Otro de los puntos que destacó es el esquema de créditos energéticos que actualmente analiza el Gobierno junto con el sector privado. La propuesta busca que las empresas que demanden grandes bloques de energía también inviertan en nueva capacidad de generación, por ejemplo mediante plantas fotovoltaicas, permitiendo que el crecimiento industrial contribuya al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional.

La magnitud económica de estos proyectos también resulta significativa. Como referencia, Vaccotti recordó que Penguin construyó en Hernandarias, en 2021, un centro de datos de 100 megavatios con una inversión estimada entre USD 120 millones y USD 140 millones, considerado el primero de esa capacidad en América Latina.

Aunque actualmente está orientado al procesamiento para minería de bitcoin, explicó que comparte buena parte de la infraestructura utilizada por los centros destinados al procesamiento de IA.

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Si bien Paraguay reúne condiciones naturales difíciles de igualar, los especialistas coinciden en que atraer inversiones de gran escala exige mucho más que energía disponible.

Vaccotti consideró que uno de los principales desafíos es generar confianza para inversiones que suelen proyectarse a diez o más años. Para ello, sostiene que el país necesita fortalecer la seguridad jurídica, garantizar reglas estables y evitar modificaciones contractuales imprevistas que puedan afectar la previsibilidad de los proyectos.

A ello, sumó un aspecto cada vez más determinante: la ciberseguridad. El director del gremio advirtió que Paraguay todavía debe fortalecer significativamente la protección de datos y la seguridad informática, especialmente, considerando los ataques que afectaron a distintas instituciones públicas.

En su opinión, la protección de la infraestructura digital debería convertirse en una política estratégica del Estado para brindar mayor confianza a los inversionistas internacionales.

Vaccotti también puso en contexto de los argumentos más repetidos sobre los data centers, el elevado consumo de agua. Explicó que muchas instalaciones modernas ya utilizan tecnologías de refrigeración por inmersión en aceite dieléctrico, reduciendo considerablemente esa necesidad. Incluso, señaló que, según estudios realizados para el sector, este tipo de infraestructura ni siquiera figura entre las actividades industriales con mayor consumo hídrico del país.

Mientras el sector privado analiza oportunidades de inversión, el Gobierno impulsa su propio proyecto de infraestructura tecnológica.

El asesor técnico del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Horacio Caniza Vierci, afirmó a LN que Paraguay reúne varias condiciones favorables para desarrollar esta industria. Una matriz energética limpia y estable, disponibilidad de agua para sistemas de refrigeración y experiencia técnica acumulada en grandes organizaciones como bancos y empresas de telecomunicaciones.

Reconoció que el país todavía necesita formar una mayor cantidad de profesionales especializados, aunque sostiene que esa oferta surgirá conforme aumente la demanda del mercado.

“Antes de que exista la demanda es muy difícil que exista la oferta”, resumió al explicar por qué considera que la llegada de nuevos proyectos impulsará también la capacitación del talento local.

Para Caniza, un data center puede entenderse como una gran computadora compartida. Mientras un usuario utiliza una computadora personal para sus tareas diarias, un centro de datos concentra una enorme capacidad de procesamiento que puede ser utilizada simultáneamente por miles de personas y empresas.

Esa lógica, explicó, permite optimizar el uso de los recursos informáticos, reducir tiempos de procesamiento y ofrecer servicios digitales desde un mismo punto hacia distintos usuarios e incluso otros países.

Señaló que la ubicación de un data center responde a criterios técnicos específicos. Además de requerir una conexión cercana a una fuente de energía para evitar elevados costos de infraestructura, estas instalaciones necesitan disponibilidad de agua para los sistemas de refrigeración y suficiente espacio para futuras ampliaciones.

A ello se suma que, por el ruido que generan los equipos de procesamiento y enfriamiento, normalmente se instalan fuera de los centros urbanos.

En paralelo, el Mitic avanza con la construcción del Data Center del Estado, que estará ubicado en Chaco’i. El contrato con la empresa adjudicada ya fue firmado y la obra deberá ejecutarse en un plazo aproximado de dos años.

El objetivo del proyecto no es ofrecer servicios al sector privado, sino centralizar la infraestructura tecnológica del Estado paraguayo. Allí se alojarán plataformas utilizadas diariamente por las instituciones públicas y servicios dirigidos a la ciudadanía, como Portal Paraguay, la identidad electrónica y la nube gubernamental, buscando mejorar la seguridad, disponibilidad y eficiencia de los sistemas digitales públicos.

La apuesta, sin embargo, trasciende la construcción de un edificio. Tanto desde el sector público como desde el privado coinciden en que el verdadero desafío consiste en aprovechar la ventaja energética del país para desarrollar una nueva industria basada en servicios digitales de alto valor agregado.

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A fin de avanzar en mecanismos de cooperación orientados a fortalecer el intercambio de información estratégica y la coordinación institucional, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) mantuvieron una reunión técnica.

Durante el encuentro, las autoridades analizaron el proyecto de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional y dos proyectos de Acuerdos Específicos, que buscan establecer un esquema de colaboración permanente para el acceso, intercambio y provisión de información de interés para ambas instituciones.

Según la DNIT, los acuerdos contemplan el intercambio de datos sobre estructuras jurídicas y beneficiarios finales, además de información relacionada con la fiscalidad inmobiliaria. Para ello se prevé la utilización del Sistema Integrado de Administración de Registros Administrativos (Siara), el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del MEF y el Sistema de Gestión Tributaria Marangatú (SGTM) de la DNIT.

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El organismo explicó que el intercambio de información se desarrollará bajo criterios de seguridad, confidencialidad, interoperabilidad y cumplimiento del marco jurídico vigente, con el propósito de garantizar un manejo seguro y oportuno de los datos.

La DNIT señaló que esta iniciativa forma parte de su política institucional de promover la interoperabilidad entre los organismos públicos, impulsar la transformación digital del Estado y fortalecer la transparencia mediante el intercambio de información estratégica en beneficio de la ciudadanía.

De acuerdo con la institución, la implementación de estos instrumentos permitirá optimizar la gestión de la información, reforzar la coordinación entre los organismos del Estado y contribuir a una administración pública más eficiente, transparente y basada en evidencia.

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