• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en Argentina
• X: @RtrivasRivas

El presidente argentino, Javier Milei, se aboca intensamente en la campaña electoral que este año desembocará en los comicios parlamentarios de medio tiempo para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores después de una semana intensa en la que el juez federal Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel José García Mansilla –propuestos para integrarse a la Corte Suprema de Justicia por el Poder Ejecutivo– no fueron aprobados para hacerlo por la Cámara Alta.

La reprobación, sin embargo, tiene una particularidad que –tal vez– se esclarezca en los próximos días por cuanto García Mansilla, quien semanas atrás, por decisión del señor Milei, se integró al más alto tribunal de la república “en comisión”, a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), rubricado por el mandatario deberá definir su situación.

Para que quede claro, ese magistrado supremo –con absoluta legalidad– podría permanecer en el cargo hasta el 1 de noviembre próximo, cuando finalicen las sesiones ordinarias del Parlamento argentino o podría salir de ese cuerpo colegiado antes de esa fecha, si él mismo lo decidiera por la razón que fuere luego del rechazo de los congresistas. Habrá que esperar.

Mientras, en la semana que se inicia, la Confederación General del Trabajo (CGT), el próximo jueves protagonizará una huelga general por 36 horas con movilizaciones en todo el país para peticionar en contra del programa económico que desarrolla el ministro Santiago Caputo que continúa las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un nuevo acuerdo con ese organismo multilateral que le permita fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) y estabilizar la economía en este país en todas sus variables.

La coyuntura económica, financiera y comercial global no se presenta en el mejor momento para avanzar en las gestiones que se iniciaron poco más de un año atrás dado que las más recientes decisiones arancelarias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, –conocidas unos pocos días atrás– generan cambios profundos en la economía global que pareciera retrotraerse ocho décadas para retornar a la mundialización construida a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial.

En esta coyuntura, si bien la Argentina todavía deberá aguardar las decisiones finales del directorio del Fondo, la expectativa gubernamental es positiva respecto de alcanzar el acuerdo que se propone dada la fluida relación que el señor Milei mantiene con el presidente Trump, quien sucesivamente ha dado muestras de reconocimiento para con la gestión del jefe de Estado argentino.

De hecho, dentro del flamante esquema comercial que Estados Unidos impone a los países con los que comercia –en especial China y la Unión Europea– que alteró sustancialmente la evolución de los mercados lo que produjo una caída pronunciada en el precio de las commodities, los aranceles que se impusieron a los productos argentinos y de la región en general que alcanzan al 10 % resultan ser los más bajos en el nuevo esquema que, en el caso de las compras norteamericanas a la República Popular China se elevan hasta el 34 %.

Como respuesta a ello, Beijing impone a productos y servicios norteamericanos que adquiere el Imperio del Centro también un arancel del 34 %. Claramente, los efectos negativos que se verifican en el desarrollo de la macroeconomía global a partir de la novedosa situación que se verifica entre las dos economías más importantes del planeta se mantendrá algún tiempo y, justamente por ello, el impacto negativo se sostendrá en por algunas semanas o, tal vez, más.

Pese a todo, tanto desde fuentes gubernamentales como diplomáticas con las que consulta habitualmente La Nación, con la exigencia de mantener sus identidades en reserva, se asegura que el FMI finalmente habrá de aprobar un crédito a la Argentina de aproximadamente de 20 mil millones que este país recibirá parcialmente en varios tramos.

En ese sentido voceros oficiales dejaron trascender aquí que “se procura que la primera remesa sea por un monto estimado entre los USD 8 mil y 10 mil millones” que permitirán –de concretarse– poner fin al llamado “cepo cambiario” que impide transar operaciones libremente con el dólar norteamericano, euros, libras esterlinas o yenes.

Desde esa perspectiva, pero mucho más aún por el impacto que la llamada “guerra comercial” desatada en las últimas semanas tanto exportadores como importadores aquí alteraron sus previsiones anuales.

Ello significa que quienes adquieren bienes y/o servicios en el exterior (importadores) apuran los pagos externos para evitar que sus adquisiciones se encarezcan en términos relativos frente a una eventual devaluación del peso (negada reiterada y enfáticamente por el propio presidente Milei) frente al dólar mientras que quienes venden a otros países demoran la liquidación de las divisas que perciben en el mercado interno –como lo marca la ley– para, eventualmente, desprenderse de sus dólares a un valor más alto en pesos dentro de poco tiempo para obtener una mayor rentabilidad.

Claramente, el oficialismo local tiene y tendrá intensas semanas por delante. El futuro siempre desafía.