- Por Ricardo Rivas
- Corresponsal en Argentina
Se inicia en Argentina una semana tan trascendente como lo que transcurrió. El gobierno del presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) para autorizar la posible firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que –de ser aprobado por el Directorio del organismo– permitirá al Tesoro de este país comenzar a saldar la deuda que mantiene desde el 3 de enero de 2006 con el Banco Central (BCRA), cuando el entonces presidente Néstor Kirchner (2003-2007) decidió cancelar los préstamos que la Argentina tenía con ese organismo multilateral.
Si bien aún se desconoce cuál podría ser el monto del préstamo a recibir –se habla desde USD 8 mil hasta 20 mil millones– voceros gubernamentales que no negaron ni confirmaron esas cifras, confiaron a La Nación que “como consecuencia del nuevo acuerdo con el FMI, otros organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también habilitarán nuevas líneas que fortalecerán la macroeconomía y permitirán el levantamiento del llamado ‘cepo cambiario’ que restringe las operaciones en moneda extranjera”.
El DNU del señor Milei en esta línea, sin embargo, deberá superar el filtro parlamentario y, para ello, tendrá que sesionar la comisión que en el Congreso estudia este tipo de documentos constitucionales (los DNU) que con la sola aprobación de una de las dos cámaras tendrá aval jurídico pleno para que el Poder Ejecutivo avance con ese objetivo central de su programa económico.
Sin embargo, desde hoy –además del posible acuerdo con el FMI– el gabinete nacional se encuentra en máxima alerta después de que se conociera que para el próximo miércoles, organizaciones políticas radicalizadas junto con barras de hinchas de fútbol, una vez más, habrá de manifestar en las inmediaciones del Parlamento para reclamar por las bajas asignaciones que perciben los poco más de 4 millones de jubiladas y jubilados que, en un alto porcentaje, perciben la remuneración mínima en torno de los USD 300 mensuales cuando mediciones que realizan varias organizaciones estadísticas gubernamentales y privadas dan cuenta que el costo de la canasta para ese segmento social, que incluye el pago de servicios públicos, alimentos, medicamentos, indumentaria y vivienda, se encuentra en torno de los USD1.000.- por mes.
La tensión gubernamental se fundamenta en que el miércoles anterior, durante el transcurso de una movilización similar, se verificaron graves incidentes de los que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich responsabilizó a “grupos violentos” que “atacaron a las fuerzas de seguridad federales y de la policía de Ciudad Autónoma de Buenos Aires que provocaron heridas de consideración en algunos efectivos”.
Por su parte, entre quienes marcharon resultó herida en su cabeza una mujer de 87 años –Beatriz Blanco– quien cayó pesadamente al suelo al ser empujada por un oficial de la Policía Federal mientras que el fotógrafo Pablo Nahuel Grillo (35) –a quien un agente de la Gendarmería nacional disparó en la cabeza un cartucho de gas lacrimógeno que le provocó fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica– se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía con un cuadro de gravedad y según las más recientes informaciones su vida corre peligro.
Como consecuencia de los disturbios las fuerzas de seguridad detuvieron a 114 personas que, pocas horas después de ser privadas de su libertad, fueron puestas en libertad por la jueza Karina Andrade quien dictaminó que “no tenía información precisa de los motivos por los que fueron detenidas” por lo que el gobierno del señor Javier Milei –quien públicamente felicitó y respaldó a la ministra Bullrich por la actuación de las fuerzas a su cargo– ordenó denunciar a Andrade ante el Consejo de la Magistratura.
De cara a la anunciada manifestación para pasado mañana, el presidente Milei advirtió que “a los que andan con trapos en la cara los voy a meter presos porque buenos son los de azul”.