• César Palacios
• Comunicador y docente
• @cespala

Vivimos en una época donde la información abunda, pero el conocimiento profundo escasea. Opiniones sobran, datos faltan. Decisiones urgentes se toman muchas veces desde la intuición –o peor aún, desde la repetición– sin detenernos un momento a hacer la pregunta más importante que puede hacerse una sociedad, una institución o una persona: ¿qué no sabemos?

Aceptar la ignorancia parece, a primera vista, un signo de debilidad. Sin embargo, es exactamente lo contrario: es el punto de partida del aprendizaje, del descubrimiento y del desarrollo. Las sociedades que más progresan no son las que presumen de saberlo todo, sino las que se animan a cuestionar, probar, medir, dudar… y volver a empezar.

En tiempos donde la velocidad manda, detenerse a investigar se vuelve casi un acto contracultural. Pero es, por eso mismo, un acto transformador.

En “Sapiens: de animales a dioses” (2011), el historiador israelí Yuval Noah Harari dedica los capítulos 14 y 15 a una idea tan simple como revolucionaria: las sociedades que más avanzaron fueron aquellas que aceptaron que no tenían todas las respuestas. Harari explica que la revolución científica no surgió de una acumulación de certezas, sino del reconocimiento explícito de la ignorancia.

Europa –y en especial Inglaterra– adoptó una postura completamente nueva para la época: ver la ignorancia no como un obstáculo, sino como una oportunidad. Esta mentalidad llevó a investigar, observar y medir el mundo con una combinación de humildad radical y audacia extraordinaria.

Harari muestra cómo los ingleses integraron la investigación a su proyecto político y económico. Sus barcos no eran solo naves militares: eran laboratorios flotantes, repletos de botánicos, astrónomos, médicos, artistas y cartógrafos.

Un caso emblemático es el de James Cook, quien aplicó los estudios del médico James Lind sobre los cítricos y logró que en su tripulación no muriera ni un solo hombre por escorbuto, una hazaña inédita para la época. Era ciencia aplicada a la vida real, transformando expediciones potencialmente mortales en misiones exitosas.

Esa combinación –curiosidad, método, evidencia– convirtió a Inglaterra en una potencia. No solo conquistaban territorios: conquistaban conocimiento.

Harari también recuerda que el joven Charles Darwin se embarcó en el HMS Beagle como naturalista, siguiendo esa tradición inglesa de incluir científicos en cada expedición. Allí, observando y recolectando con rigor, nació la teoría de la evolución: una de las ideas más importantes de la historia humana. Sin investigación, Darwin no habría sido Darwin.

Significa que investigar no es un lujo ni un privilegio académico; no es un posgrado ni un trámite para cumplir requisitos. Investigar es una cultura: es preguntar mejor, no aceptar la primera respuesta, contrastar fuentes, poner a prueba lo que creemos cierto y construir decisiones basadas en evidencia, no en suposiciones.

Así como los ingleses llevaron científicos a bordo de cada barco para comprender el mundo antes de transformarlo, nosotros necesitamos “científicos” –espíritus curiosos, críticos y rigurosos– en cada institución, cada empresa, cada escuela y cada proyecto público.

La investigación también exige paciencia histórica. Muchos avances que hoy damos por inevitables comenzaron como experimentos inciertos cuyos resultados finales tardaron años –o incluso décadas– en llegar a la gente. Un ejemplo reciente lo demuestra con claridad: en 2026, un equipo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España logró eliminar por completo tumores de cáncer de páncreas en ratones mediante una triple terapia.

El resultado fue sorprendente: remisiones duraderas, sin resistencia y con efectos mínimos. ¿Llegará esto a curar personas? Probablemente, pero no mañana. Traducir un avance así a tratamientos humanos puede requerir una década de estudios y ensayos clínicos.

Lo importante, sin embargo, es que ese futuro solo es posible porque alguien se animó a hacer la primera pregunta, diseñar el primer experimento y comenzar el camino. Investigar es sembrar futuro, incluso cuando la cosecha aún está lejos.

Paraguay necesita dar un salto de escala: pasar de ver la investigación como un ejercicio académico aislado a entenderla como una práctica diaria, transversal y estratégica para el desarrollo.

Esto implica que las universidades, y de manera especial la Universidad Nacional de Asunción (UNA), deben asumir un rol mucho más protagónico:

instalar la cultura de la investigación como columna vertebral del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La investigación no puede ser un apéndice, un módulo optativo o un ejercicio al final de la carrera.

Debe ser material de trabajo, práctica constante, método, hábito y disciplina intelectual desde el primer semestre hasta el egreso.

Investigar es enseñar a pensar, a formular preguntas, a verificar datos, a dudar con fundamento y a buscar respuestas con metodología.

Y un país que quiere avanzar necesita universidades que produzcan conocimiento, no solo que transmitan contenidos.

Necesitamos investigar más en educación, salud, turismo, comunicación, gestión pública, tecnología, economía creativa y todas las áreas donde Paraguay tiene potencial para crecer.

Necesitamos equipos que midan, comparen, prueben y aprendan. Porque sin investigación, navegamos a ciegas.

Con investigación, navegamos con brújula.

La justicia argentina acusó al exfuncionario del presidente Javier Milei que dirigía la agencia para la atención de personas con discapacidad y a otras 18 personas de haber cobrado sobornos y desviado fondos del organismo, según documentos judiciales publicados el lunes.

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) fue disuelta en diciembre tras denuncias de corrupción que salpicaron a la hermana del presidente, Karina Milei.

Según una resolución a la que accedió la AFP, un juez federal acusó al exdirector de la Andis, Diego Spagnuolo, por presunto cobro de sobornos, fraude al Estado y asociación ilícita entre 2023 y 2025. También dispuso el procesamiento de otras 18 personas, entre ellas funcionarios de Andis y privados. A todos les embargó los bienes.

“Se acreditó la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios públicos dentro de la Andis y actores privados del sector salud”, indicó la resolución, y agregó que “dicha organización se dedicó a desviar recursos públicos a través de compras direccionadas y sobreprecios”.

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El caso estalló en agosto tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo en los que aseguraba que Karina Milei, secretaria general de la presidencia, recibía un 3 % del monto pagado por la agencia para la compra de medicamentos.

Spagnuolo renunció a su cargo días después. El presidente dijo primero que mentía en los audios, aunque luego Spagnuolo arguyó ante la Justicia que los audios fueron manipulados. Sin embargo, la fiscalía mantuvo la acusación en base a otras pruebas.

Los audios no fueron usados como prueba por el fiscal ni por el juez, y no son mencionados en la resolución, que se basa en documentación recabada en allanamientos y declaraciones indagatorias.

Karina Milei no está entre los acusados. Sin embargo, para el juez, las pruebas sugieren que el mecanismo de corrupción en Andis “no se trató de algo encapsulado” y “podría tener otro nivel de complicidades” que debe ser investigado.

“La causa Andis confirma punto por punto lo que denunciamos”, señaló a la AFP el abogado Gregorio Dalbón, que fue quien denunció penalmente los presuntos hechos de corrupción en agosto.

“El Gobierno nacional, y en particular quienes tienen responsabilidad política sobre el área, deben dar explicaciones urgentes”, añadió Dalbón, que es uno de los abogados de la líder opositora y expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015) en otras causas. El gobierno disolvió en diciembre la Andis y delegó las funciones de asistencia del organismo al ministerio de Salud.

Desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, la Andis ha estado bajo una auditoría que ha permitido detectar decenas de miles de beneficiarios irregulares.

El proceso provocó interrupciones en las prestaciones y quejas de beneficiarios, que protagonizaron numerosas protestas callejeras en reclamo de más fondos para la entidad en el marco de un severo ajuste presupuestario.

• Fuente: AFP

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La defensa de la expresidenta argentina Cristina Kirchner pidió el martes la nulidad del megajuicio por corrupción en su contra por considerar que el proceso “surgió de un engaño”.

En el juicio iniciado en noviembre, Cristina Kirchner y otros 85 exfuncionarios y empresarios están acusados de formar una trama para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015, cuando Argentina estuvo gobernada por el marido de la exmandataria, Néstor Kirchner, y luego por ella.

El juicio, que se lleva adelante de manera remota por videollamada a ritmo de dos audiencias semanales, se reanudó el martes tras el receso judicial de verano con una audiencia en la que las defensas hicieron planteos al tribunal.

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El abogado defensor de Kirchner, Carlos Beraldi, hizo una exposición de una hora y media en la que señaló que existe “una nulidad evidente” en la causa.

Beraldi dijo que la causa “surgió de un engaño” ya que tanto el juez que instruyó la causa como el fiscal fueron elegidos “a dedo”. Además apuntó contra los testimonios de los empresarios que declararon como testigos en carácter de “arrepentidos”.

“Lo que se hizo es convertir a la justicia en un elemento de presión y de chantaje que vulneraba de manera directa una de las garantías más elementales, que es el derecho de defensa en juicio”, apuntó.

La acusación sostiene que empresarios entregaron paquetes de dinero a emisarios de los gobiernos del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como supuesta jefa de esta trama, fue “la principal receptora” de los pagos.

Kirchner, referente de la actual oposición peronista (centro-izquierda), suele participar de las audiencias desde su apartamento en Buenos Aires, donde cumple seis años de prisión domiciliaria tras una condena en otra causa por corrupción.

Sin embargo, la exmandataria no estuvo presente en la audiencia del martes, ya que la instancia actual, que continuará en las próximas jornadas con planteos de otras defensas, no requiere la presencia de los acusados.

Se espera que el proceso dure varios años y están llamados a declarar cientos de testigos. Es “la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”, afirmó en un informe en octubre la fiscal Estela León.

• Fuente: AFP

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El diputado colorado Carlos Núñez Salinas se refirió al debate de la reforma de la Caja Fiscal, la cual considera una tarea urgente para cuidar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores públicos, de hoy y de mañana. Sostuvo que este debate no es solo responsabilidad del Gobierno o del Congreso Nacional, sino que es un desafío que interpela a toda la sociedad.

Durante una comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que mantener el sistema actual haría que la mayoría pague impuestos para sostener privilegios que ponen en riesgo la jubilación de miles de funcionarios públicos.

“La urgencia es evidente. Resulta insostenible que en el futuro la Caja Fiscal se financie plenamente con los impuestos del 65 % de los trabajadores que, paradójicamente, jamás accederán a una jubilación. Por ello, debemos escuchar y respetar a docentes, policías y militares, pero también corregir las desigualdades: no es justo que algunos se jubilen muy jóvenes mientras otros esperan hasta los 60″, expresó Núñez a LN.

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El congresista recordó que, en la última década (2015-2025), el sistema jubilatorio fiscal ha acumulado un déficit superior a los 1.100 millones de dólares, generado principalmente por los sectores de docentes, militares y policías.

Señaló que esta brecha financiera se ha convertido en una pesada carga para la clase trabajadora, que sostiene al Estado a través de sus impuestos, mientras el costo se traduce en una menor capacidad de inversión en servicios públicos esenciales. Indicó que el problema no es solo contable: ha profundizado inequidades y amenaza la sostenibilidad de la jubilación de todo el servicio civil, comprometiendo el futuro de miles de trabajadores.

“Los especialistas advierten que la reforma no admite más demoras. Si el proyecto de ley no avanza, para el año 2028, el déficit deberá ser cubierto íntegramente con impuestos, desfinanciando áreas igualmente prioritarias como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad ciudadana. En otras palabras, el costo de la inacción será pagado por toda la sociedad, y no únicamente por quienes hoy se benefician de un sistema desbalanceado", remarcó Núñez Salinas.

“El proyecto afecta principalmente a docentes, policías y militares, servidores públicos que merecen respeto y reconocimiento por su labor, pero cuya situación dentro del sistema genera un marcado desbalance e inequidad intergeneracional, pues en promedio, acceden a la jubilación alrededor de sus 50 años, aún en plena edad productiva, mientras que otros sectores deben superar los 62 años para obtener los mismos beneficios”, puntualizó Núñez a Nación Media.

Agregó que esta diferencia no solo es injusta, sino que erosiona la confianza de un sistema difícil de sostener. No obstante, señaló que es comprensible que los gremios perciban la reforma como una amenaza a derechos adquiridos.

Sin embargo, sostuvo que sostener las reglas actuales compromete la jubilación de miles de otros servidores públicos y perpetúa un modelo financieramente inviable. Por lo que considera que la verdadera discusión debería centrarse en como garantizar un sistema justo, equitativo y sostenible para todos.

“Como sociedad, debemos aspirar a mejorar las condiciones de todos los trabajadores, otro desafío acuciante es extender el derecho a la jubilación a toda la clase trabajadora. Hoy, apenas tres de cada siete personas ocupadas acceden a la seguridad social, un dato que refleja la fragilidad del mercado laboral paraguayo y coloca al país entre los de menor protección social en la región", analizó.

“La reforma de la Caja Fiscal, por tanto, debe ser vista como el primer paso de un proceso más amplio: el de construir un sistema de seguridad social inclusivo, equitativo y sostenible. No se trata únicamente de corregir un déficit financiero, sino de redefinir el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. La pregunta que debemos hacernos no es si la reforma es necesaria, sino que, si estamos dispuestos a asumirla con la responsabilidad y la unidad que el momento exige", concluyó.

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