• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• Consultor financiero
• jzaratelazaro@gmail.com

Precisamos que el esquema administrativo y operativo actual en ministerios y secretarías ejecutivas sean transformadas y modernizadas para que la ciudadanía pueda recibir un servicio de calidad, pues la burocracia se mantiene en casi todas ellas, haciéndose necesario una reingeniería de los diversos procesos administrativos que permitan reducir los tiempos de ciclo, tornándolos más eficientes, respondiendo a las necesidades actuales, lo que estaría coadyuvando a una mejor consecución de los requerimientos que exige el desarrollo económico y social de nuestro país en plena era de la tecnología y de los procesos digitales.

Hace más de 30 años que se han dejado de usar las antiguas máquinas de escribir reemplazadas por las computadoras de escritorio y laptops.

Sin embargo, todavía podemos ver a muchos funcionarios que “se quedaron en el tiempo”, inadmisible en pleno siglo XXI, denotando una gran rigidez y temor a los cambios, por lo que deberían ser desvinculados y reemplazados por gente joven que no le tema a la tecnología mostrando una mayor ductilidad y actitud.

El Gobierno debe seguir fusionando entidades que permitan ir reduciendo la odiosa burocracia, que enlentecen los procesos, implicando mayores erogaciones en costos y gastos rígidos y una enorme pérdida de tiempo para los contribuyentes.

Todas las entidades estatales cuentan con su dirección de organización y métodos (O&M), que tiene la obligación de hacer un detallado análisis/evaluación para simplificar y acelerar los procesos burocráticos internos, más necesario que nunca ahora en que una de las calificadoras de riesgo nos ha otorgado el grado de inversión en nuestra calificación de riesgo-país.

Tenemos que poner fin a este Estado paquidermico, desfasado y prebendarío, ya que es inadmisible que no menos de G. 60 por cada G. 100 recaudado sigamos destinando mes a mes al pago de sueldos y otros beneficios a los servidores públicos, que ya superan los 300.000 a nivel país, cuando que apenitas somos 6.100.000 habitantes, pudiendo racionalizarse quedando solo los más capaces, idóneos y con demostrada aptitud y lo que “sea grasa” deben quedar afuera. Así de simple.

Es el Viceministerio de Capital Humano, el responsable de hacer todas las mejoras y transformaciones que necesario fueren, debiendo el Poder Ejecutivo presionar al Parlamento para que lo antes posible contemos con la ley sancionada y promulgada del servicio civil, que tienda dar a la meritocracia, capacidad, idoneidad, experiencia y trayectoria profesional el lugar que se merecen y no como ahora en donde la mediocridad y el cuoteo político son los que mandan.

Los paradigmas de las organizaciones, privado o estatal, han cambiado. No queda de otra más que aggiornarnos a los tiempos que nos toca vivir, que permitan tener un Presupuesto General de la Nación equilibrado, donde quepan suficientemente rubros destinados a calidad educativa, salud pública, seguridad nacional e infraestructura uno de nuestros mayores déficit históricos a nivel país.

Uno de los objetivos de este gobierno es no incrementar los impuestos, buscando previsibilidad a los diversos emprendimientos que puedan ser desarrollados tanto por nuestros empresarios locales como por todos aquellos potenciales inversionistas extranjeros con intenciones de venir a radicar sus capitales en nuestro país, que puedan ayudar a generar más fuentes de trabajo, necesidad impostergable para que podamos vivir mejor y que nuestra gente vuelva a tener plata en sus bolsillos.

La reingeniería y depuración del capital humano que no aporta valor agregado en nuestras instituciones no deberá tener vuelta atrás, dado que el Estado no es ninguna entidad de beneficencia para seguir solventando los gastos a gente que no produce nada, absorbiendo una gran parte de los gastos rígidos del Presupuesto General de la Nación. El achicamiento del Estado se torna cada vez más necesario, lo cual nos permitirían ahorro de dinero, mayor eficiencia y respuestas rápidas a la ciudadanía, que a la postre es la que con el pago de sus impuestos mantienen la supervivencia del Estado.