- Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
- MBA
- jzaratelazaro@gmail.com
El anteproyecto del PGN 2025 enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al Congreso Nacional para su análisis deberá ser evaluado para su sanción de parte de ambas cámaras.
Esperemos que la asignación de recursos a diversos entes permitan hacer frente a las necesidades institucionales con eficiencia y eficacia para poder dar respuestas a las necesidades prioritarias de cada una, desechándose la “muy mala costumbre” de solicitar ampliaciones a rubros superfluos en desmedro de otros que se precisan para que el proceso de gobernanza pueda ser serio y eficaz, apuntando a cumplir con los objetivos y metas propuestos en favor de nuestra gente.
Dado que en pocos días también empezará en el Parlamento el estudio en plenaria del anteproyecto del Servicio Civil, es una muy buena ocasión para concretar la reestructuración que precisa nuestra administración pública (principalmente dentro del Poder Ejecutivo), en donde seguimos con una multitud de ministerios y secretarías ejecutivas que podrían eliminarse o en última instancia fusionarlos acorde a las reales necesidades del país.
No es posible seguir cada año con gastos rígidos que superan el 70 por ciento de los ingresos tributarios, para ser destinados al pago de sueldos y otros beneficios a funcionarios públicos, cuando que lo correcto y recomendable es que se pudieran ir racionalizando cada vez más aprovechando los beneficios que nos brinda la tecnología, que podrán disminuir al máximo todos los procesos y procedimientos burocráticos que seguimos sufriendo en pleno siglo XXI dentro de las diversas instituciones.
Tenemos un déficit cada vez mayor en salud pública que no permite poder atender las ingentes necesidades y patologías de nuestra gente en los diversos hospitales y centros regionales de toda nuestra geografía (MSPyBS e IPS).
No podemos seguir permitiendo que miles de personas tengan que comprar de su propio peculio medicamentos debido a que no existen en stock en dichos nosocomios, inaceptable, pues el término “salud pública” no tiene colores y engloba a todos sin excepción.
En materia de calidad educativa desde hace varios años seguimos con un déficit importante en infraestructura de escuelas y colegios de todo el país, con aulas maltrechas y estructuras edilicias en muy mal estado.
Se habla mucho de mejorar el estándar educativo en nuestro país, pero el sentido común nos dice que resulta imposible pedir a los chicos y a los docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje calidad cuando que muchos de ellos no tienen tan siquiera un pupitre en buenas condiciones y otros que aún siguen dando clases bajo añosos árboles.
En obras de infraestructura nuestro país sigue adoleciendo de deficiencias estructurales que vienen arrastrándose también desde hace décadas.
Cuántos puentes de madera maltrechos tenemos en todo el país que precisan de una urgente reparación o en el mejor de los escenarios reemplazarlos por cemento.
Amerita un análisis y evaluación profesional y con la mente fría, pues si seguimos con la escalada de prebendarismo y clientelismo político, manteniendo a una increíble superpoblación de funcionarios públicos, superando los 350.000, cuando que si se hiciera un buen relevamiento de parte de la Dirección de Organización y Métodos (O&M) en cada una de ellas, quedando solo los que se lo merecen por actitud y aptitud, la plantilla global de capital humano podría reducirse sustancialmente.
Todos aquellos que han “ingresado por la ventana” sin concurso de oposición, dado que si no aportan valor agregado deberían ser desvinculados, así como los hicieron recientemente en la Argentina, lo cual permitiría que esa “ponchada de plata” se destine a propósitos realmente útiles y necesarios.
La disminución, racionalización y fusión de todas las instituciones (ministerios y secretarías ejecutivas), puesto que habrá que hacerlo, dejando el fanatismo político de lado.
Nuestras autoridades deben tener en cuenta que los funcionarios son servidores públicos al servicio de toda la ciudadanía, sin distinción de banderías políticas, dado que es la ciudadanía quien los banca con el pago de sus impuestos y otros tributos, para que muchos de ellos sigan percibiendo jugosos salarios sin merecerlos.