• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en la Argentina
• X: @RtrivasRivas

“Siete de cada diez niños menores de 14 años se encuentran en situación de pobreza” en la Argentina, reporta en los últimos días LCGmedia, una consultora especializada en macroeconomía y política que actúa en este país.

El reporte, que fue distribuido el viernes pasado detalla también que en la misma situación se encuentra poco más el 62 % de la población comprendida entre los 15 y 29 años; el 51 % del segmento entre 30 y 64 años; y, el 30 % de las mayores de 65 años.

“La sensación es que si hubiera un rebote en la economía [como lo aseguran fuentes gubernamentales con frecuencia], es muy marginal”, precisa el economista Javier Okseniuk director de LCGmedia en diálogo radial con el periodista José Calero.

El experto precisa después que en el país “estamos en niveles muy bajos de recuperación”. Detalla que “julio es un mes muy bajo” en resultados; asegura que “hay mucha incertidumbre” sobre el futuro y señala que “va a costar mucho” que la desinflación se instale en “menos del 1 % mensual”.

Vale recordar que oficialmente la pobreza aquí está levemente por encima del 55% y que la indigencia se encuentra en torno del 20 %. Definitivamente, el cuadro es grave.

Agustina Rodríguez Biasone, abogada y magíster en Políticas Públicas -integrante del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)- sostiene que la “Argentina está estallando de manera silenciosa” lo que en su opinión “evidencia la incapacidad del Estado para garantizar derechos básicos” a la sociedad.

Con esa perspectiva señala que “hoy, la descomposición no es solo económica, sino también ética y política” y, por lo tanto, “estamos inmersos en un escenario dramático” porque este país “tiene más de 6.400 barrios populares, donde viven casi 5 millones de personas [lo que] significa condiciones de vida inadecuadas, viviendas inseguras, falta de acceso a servicios básicos y mayor exposición a riesgos”.

A la hora de proponer Rodríguez Biasone sostiene que “la crisis que vivimos no se resolverá con parches o soluciones superficiales”, enfatiza en que “es necesario un compromiso ético y político para reestructurar las políticas sociales, económicas y urbanas” y asegura que “las cosas no solo pueden ser diferentes, sino [que también pueden ser] mejores”.

Para el presidente Javier Milei la que pasó fue otra semana de tensiones y adversidades muy concretas. Como acertadamente lo describe el periodista Eduardo Aulicino “en tres días” el gobierno tuvo tres derrotas.

“El martes la propia interna [gubernamental] facilitó el camino para que la comisión bicameral que debe controlar a los servicios de inteligencia quede en manos de la oposición. [El] miércoles, la [Cámara] de Diputados rechazó el DNU [Decreto de Necesidad y Urgencia con el que el mandatario asignó] fondos multimillonarios [USD 100 millones] para la SIDE [Secretaría de Inteligencia del Estado, y el] jueves en el Senado se convirtió en ley un aumento generalizado para jubilados y pensionados para recuperar sus haberes mensuales; y, saldar las deudas que el gobierno nacional tiene con algunas cajas de jubilaciones provinciales”.

De aquí en más habrá que observar con atención. El señor Milei asegura que hará uso de su facultad constitucional para vetar esa ley “completa” porque fue aprobada por “degenerados fiscales” que “quieren romper mi gobierno”.

El presidente reiteró también que “el déficit fiscal no es negociable”, en su programa de gobierno que, como lo expresara reiteradamente, se apoya en el “ajuste más grande de la historia de la humanidad”, aunque no son escasas las voces que aseguran técnica y políticamente que un alto porcentaje de ese recorte se hizo en perjuicio de las personas jubiladas.

El diputado oficialista José Luis Espert, por su parte, ultra alineado con el jefe de Estado no solo fue detractor de la ley aprobada que Milei promete vetar, sino que fue más allá y sostuvo que esa iniciativa “es desestabilizante”, exhortó a dejar de “ser cínicos” y agregó que “si la esperanza de vida crece, claramente hay que aumentar la edad [para jubilarse] porque no hay cómo pagar a los jubilados que viven mucho más tiempo que antes”.

A esas derrotas parlamentarias se agregan las diferencias que el jefe de Estado mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel quien ha marcado públicamente “no” creer “que [la propuesta de Milei para que el juez federal Ariel Lijo sea designado para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación] haya sido la mejor elección y simplemente ha sido una candidatura controversial” porque “todos hubiéramos querido tener un candidato, que nos enorgullezca, que va a poder desenvolver la más alta judicatura con la suficiente rectitud, honestidad y sabiduría posibles; y no es este el caso”. Es palabra de la segunda al mando.

El señor Milei no se demoró en responder. También públicamente dijo a Villarruel y a quien quisiera oírlo que Lijo “sería el primer caso de un juez que conoce el funcionamiento y toda la dinámica interna del sistema judicial [y, por ello, considera que] es el único que puede viabilizar la reforma que necesitamos hacer en el sistema judicial”.

Mientras el peronismo, desnortado sin líderes ni lideresas, procura alejarse del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) ungido para ese cargo por quien fuera su exvicepresidenta Cristina Fernández, expresidenta (2007-2015), en la mañana de un lejano sábado de junio en 2015, a través de un mensaje que emitió en su cuenta Tweeter.

Alberto es un paria del que cada día que pasa esta sociedad sabe más acerca de sus comportamientos y prácticas de vida. La exprimera dama Fabiola Yáñez lo denunció ante la justicia por violencia intrafamiliar. De aquellas presuntas agresiones que luego Yánez ratificó en sede judicial supo por casualidad el juez Julián Ercolini al analizar el teléfono móvil de María Cantero, exsecretaria privada del mandatario por sucesos de presunta corrupción estructural.

En las redes sociales circulan gran cantidad de imágenes no sólo de esa mujer lesionada sino también de otros registros, claramente videograbados por el presidente Fernández, en el despacho presidencial, con varias mujeres en situaciones de intimidad. Avergüenza y asombra tanta desfachatez.

Vale consignar que el señor Alberto Fernández -por aquellos cuatro recientes años en la máxima jerarquía del Estado que al parecer deshonró- percibe y percibirá desde marzo último en forma vitalicia $32.207.388,83 (unos USD14 mil a la cotización oficial del billete norteamericano) mensuales.

En el momento de empezar a cobrar esa jubilación, percibió además un total de $34.836.790,57 (poco más de USD 32.500) por el tiempo que tuvo que aguardar desde que dejó la presidencia el 10 de diciembre último hasta que comenzó a cobrar sus haberes jubilatorios.