• Por Jorge Torres Romero
• Columnista

El fallecimiento del diputado Eulalio “Lalo” Gomes arroja una serie de lecciones que debemos ir procesando con seriedad para construir la materia pendiente en esta era democrática: institucionalidad.

Es tanta la desconfianza hacia la labor de nuestras instituciones –no es para menos, se encargaron de pisotearla, principalmente en la era Abdo–, que nadie confía en la versión oficial. La realidad es mucho más simple de la que nos imaginamos, pero es tan fascinante hacer conjeturas e ingresar al terreno de las conspiraciones fantasiosas donde la razón molesta.

En la imputación se detallan pormenores de los supuestos vínculos del diputado con el crimen organizado, conexiones alarmantes que ameritan seguir la línea de la investigación. El trabajo fiscal se diluye y pasa a un segundo plano, debido al desenlace que tuvo el operativo.

Las derivación fatal ya fue una consecuencia de un procedimiento aparentemente mal parido en la instancia judicial-fiscal, en donde el órgano ejecutor (Fope, SIU de la Policía Nacional) no tiene responsabilidad como instancia no deliberante, sino en la forma de la ejecución del operativo.

Por lo tanto, al delimitar responsabilidades, surgen dos líneas de investigación para dilucidar lo sucedido en la actuación judicial-fiscal. ¿Correspondía esa orden de allanamiento, pasando por alto aspectos claves desde el punto de vista legal. Ejemplo, un acta de allanamiento genérico, sin precisiones acerca de los objetivos del evento, sin justificación sobre el horario nocturno del procedimiento?, y la actuación policial durante el allanamiento, ¿el proceder policial se ajustó a lo que dice el manual? El primero, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; el segundo, en el ámbito penal, a cargo de un equipo de fiscales. Hasta tanto no existan conclusiones en ambas instancias, otras medidas son solo políticas, para saciar espíritus vengativos y nada más.

Una vez concluidas las investigaciones recién se deben tomar las medidas correctivas para evitar situaciones similares. Cualquier otra interpretación en torno a lo ocurrido es demencial, conspirativa, oportunista y poco favorable al fortalecimiento de nuestras instituciones.

Por supuesto, la opinión pública y el debate colectivo pueden hacer las conjeturas que quieran. Pasa que a muchos se les perdió la pelota. El fallecido es un diputado oficialista y el disparate de la ejecución no resiste la lógica ante las evidencias. Y si atacan a los fiscales, terminan liquidando la línea de investigación sobre el lavado de dinero y narcotráfico. Entonces, es mucho más fácil recurrir a la vieja confiable, “EE. UU. está detrás”. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.