• Por Fabio Franco
• Psicólogo Comunitario – Docente universitario
• Vicepresidente de la Federación Juntos por la Inclusión
• Director de Planificación y Desarrollo de la Fundación Teletón

En el año 2022, Unicef rea­lizó consultas a niñas, niños y adolescentes con discapacidad de 11 países de Latinoamérica sobre la violencia y discrimi­nación en la familia, escuela y comunidad. Entre los resulta­dos de la consulta, se encuentra una serie de recomendaciones y propuesta de solución reali­zadas por las propias perso­nas con discapacidad, en este caso, incluiremos aquellas que hacen referencia a la escuela.

• Visibilidad: lo que significa visibilizar a este sector pobla­cional y concientizar a toda la comunidad educativa sobre sus derechos.

• Accesibilidad para la par­ticipación: entendido como derecho (accesibilidad arqui­tectónica, comunicacional, metodológica, etc.) y que gra­cias a ella las personas con dis­capacidad pueden participar en la clase y otros espacios de la escuela, como el recreo, excur­siones, etc.

• Compromiso de los Estados con la inclusión: lo que implica cumplimiento con las leyes, inversión en políticas públi­cas, capacitación a la comuni­dad educativa y asegurar que nadie quede atrás.

• Nada de nosotros sin noso­tros: refiriéndose a que se deben escuchar las voces de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en las decisiones que afectan a sus vidas.

• Autonomía progresiva: com­prendiendo que el acompaña­miento a las familias es central para fortalecer sus pautas de crianza desde el enfoque de derechos y no violencia a fin de contribuir con el desarro­llo de sus hijos e hijas.

• Datos y sistemas de informa­ción: comprender que se debe construir evidencia, robuste­cer los sistemas de información y planificar mejor los cambios y lograr una escuela verdade­ramente inclusiva.

• Participación: hacer cumplir este principio fomentando espacios de participación para la comunidad educativa.

Estas recomendaciones fue­ron expuestas por los propios titulares de derechos, las niñas, niños y adolescentes con disca­pacidad, lo que demuestra la importancia de sus voces en los procesos de cambio.

Si tomáramos estás recomen­daciones y las lleváramos al plano de las instituciones educativas, ¿se aplican?; ¿son visibles las niñas, niños y ado­lescentes con discapacidad en el sistema educativo o toda­vía permanecen invisibles?, ¿existe accesibilidad en todas las instalaciones de la escuela, en los materiales, en las meto­dologías de enseñanza, en la comunicación o todavía exis­ten instituciones llenas de barreras para el acceso, des­plazamiento, participación y aprendizaje?, ¿el Estado tiene un compromiso real con la inclusión que se traduce en inversión concreta para que las niñas, niños y adolescen­tes con discapacidad ingresen y concluyan sus estudios?

Al responder a estas pregun­tas tendremos un breve diag­nóstico de lo que viven a diario muchos niños y sus familias, pero además del diagnóstico, podremos construir una hoja de ruta para identificar las principales acciones que una comunidad educativa debe realizar para fortalecer su proceso.

En la escuela inclusiva parti­cipamos todos, porque sin la colaboración de las familias, estudiantes, docentes y equipo técnico, un plan de inclusión puede limitarse a un trabajo de gabinete que no responda a las necesidades reales y senti­das de una población históri­camente discriminada y segre­gada.

Es imperante y urgente hacer camino al andar, que ningún niño con discapacidad se quede en casa mientras el hermano o vecino va a la escuela, esto sería cruel e injusto para todos, ya que hay una dimensión que trasciende lo normativo y que tiene que ver con lo ético, con lo que se aspira como huma­nidad y horizonte político, ese mundo en el que todas las per­sonas pueden desarrollar su mayor y mejor potencial.