Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela durante 10 años hasta su renuncia ayer miércoles, se describe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. Tras su renuncia fue designado defensor del pueblo de manera interina por parte de la Asamblea Nacional.

Repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del gobierno de Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La oposición lo considera símbolo de una justicia sometida por el poder. De perfil mediático, justificó en entrevistas y redes sociales las olas de represión en Venezuela durante 2017, 2019 y más recientemente los disturbios que siguieron a la reelección de Maduro en julio de 2024, que dejaron unos 2.400 detenidos y 28 muertos.

“Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil”, dijo a la AFP entonces. Saab recuerda regularmente su alineación con el chavismo, la doctrina ideológica inspirada en el socialismo del popular y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos”, explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que lo conoció de cerca. “Fue un extraordinario fiscal”, dijo el poderoso ministro del interior Diosdado Cabello, que le auguró una buena gestión como defensor del pueblo.

El despacho de Saab en la Fiscalía es muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza “nunca más (Donald) Trump”. Irónicamente, fue la presión de Estados Unidos la que impulsó su salida. Trump dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

Era muy activo en redes sociales. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como “poeta”, “libre” y “hippie”. Sus detractores lo tildan de “egocéntrico”. Nacido en 1962 en El Tigre (este) en el seno de una familia de origen libanés, Saab lideró movimientos estudiantiles de izquierda, a la vez que se adentraba en la poesía como una de sus grandes pasiones.

Abandonó sus estudios de literatura para dedicarse al derecho. “Quería defender los derechos humanos”, dijo a la AFP. En 1999 estrechó sus lazos con el recién electo Chávez, al participar en la redacción de una nueva Constitución que cimentó los 27 años de “Revolución Bolivariana”.

Afrontó la cárcel durante un intento de golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, un episodio que le gusta evocar. Fue liberado gracias a la presión de oenegés de defensa de derechos humanos. Fue gobernador de su estado natal Anzoátegui entre 2004 y 2012. En 2014 fue nombrado ya bajo el gobierno de Maduro como defensor del pueblo, un cargo que vela por la garantía de los derechos de la población ante posibles abusos del Estado.

“Expresó su idea de hacer un plan de trabajo con las organizaciones, pero la verdad es que de esa primera reunión no prosperó nada”, contó Uzcátegui. “Es extremadamente sensible a la crítica, a los cuestionamientos, y a la medida que las organizaciones fuimos exigiéndole cosas, interpelándolo en su rol como defensor del pueblo, pues él comenzó rápidamente a alejarse de las organizaciones y a considerarlas como enemigas”, acotó.

En 2017 la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” en medio de una ola de duras protestas antigubernamentales, tras lo cual huyó del país. Saab fue designado como su sucesor. Como fiscal general se jacta de haber combatido eficazmente la corrupción, especialmente por ordenar la detención del poderoso ministro petrolero Tareck El Aissami.

Defensores de derechos humanos no ahorran duras críticas para su gestión. “No hay adjetivo negativo que pueda describir acertadamente cómo ha sido su gestión dentro de la fiscalía”, señaló Uzcátegui. “Una fiscalía absolutamente falta de independencia, que se convirtió permanentemente en un apéndice del Ejecutivo, que no garantizó el derecho a la justicia de las víctimas, que se convirtió en una herramienta de persecución”, añadió.

Recordó además que informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos lo señalan como “cómplice de la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Saab contradice estas acusaciones y asegura que más de 600 funcionarios fueron condenados por abusos durante su mandato como fiscal.

Bajo sanciones estadounidenses desde 2017, Saab lamentaba no poder viajar más a París, en particular al festival musical Fiesta de la Humanidad. Saab no dejó de condenar la captura de Maduro, que llegó a considerar como evidencia de la “muerte del derecho internacional”. En las últimas semanas se enorgulleció de participar en la redacción de una histórica ley de amnistía que debe impulsar la liberación de cientos de presos políticos. Esperaba que la “pacificación” que justifica la ley pudiese abarcar a Maduro, preso en Nueva York.

Fuente: AFP.

• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

Nuestro país necesita una democracia con gente que reúna los atributos que reclama la ciudadanía, que supere los meros formalismos electorales, necesarios, pero no suficientes. Implica, inexcusablemente, la consolidación de enunciados éticos que engloben una educación de calidad en la formación de una conciencia cívica permanente, activa y responsable.

Una educación que permita el descubrimiento, la adquisición y la asimilación de los valores que promuevan el pluralismo, el respeto al disenso, la convivencia civilizada, el debate tolerante y la participación eficiente.

De ninguna manera conlleva anular o amordazar la defensa de nuestros ideales, de nuestras convicciones ideológicas y opciones político-partidarias.

Es una invitación para abonar el territorio de las disputas discursivas con altura, contenido y aportes sustantivos para la construcción de una sociedad madura y con criterios independientes. Ya es tiempo de que pongamos fin al palabrerío intrascendente, agresivo y chabacano.

Tenemos a muchos políticos sin estatura moral y sin habilidades dialécticas, que solo sirven para transmitir a la ciudadanía sus incompetencias, frustraciones y rencores.

Es ese paisaje folclórico de fracasos el que debemos desterrar si pretendemos un régimen republicano, donde la soberanía popular constituya la piedra fundamental que nos permitan alcanzar una mejor calidad de vida.

El Poder Ejecutivo no tiene el patrimonio de la democracia. La Constitución Nacional, promulgada en junio de 1992, concede importantes atribuciones al Congreso de la Nación, en tanto que el Poder Judicial había incorporado dos figuras que aspiraban a garantizar la independencia y el perfeccionamiento de la administración de Justicia en el país: el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Sin embargo, hasta ahora ninguno de ellos logró compatibilizar sus visiones institucionales dejándose muchas veces manejar por intereses sectarios, lo que hizo que nuestra democracia se haya ido desdibujando aceleradamente, salpicada por atisbos de autoritarismo, cobro de facturas y manifestaciones explícitas de prepotencia.

Las víctimas recurrentes son siempre los sectores cada vez más empobrecidos de nuestro país.

Los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional, salvo honrosas excepciones, dejan mucho que desear por su limitada formación académica, debiendo haber sido ejemplos de transparencia pues fue el pueblo el que los ubicó a cada uno en sus curules para representarlos dignamente.

El gran desafío de elegir a los más aptos, a los más competentes, los que saben qué tienen que hacer y cómo hacerlo, a los más pulcros éticamente hablando, tiene dos paradas.

No es una decisión complicada. Solo hay que pensarla serenamente y sopesar muy bien acerca de los antecedentes y contribuciones al país de políticos que “mueren” por abulonarse a sus sillas, pues son conscientes que muy difícilmente podrían recibir salarios multimillonarios en el sector privado con la limitadísima formación que poseen.

Sería muy bueno que nos dispongamos a elegir bien y no simplemente limitarnos a votar.

Me gustó lo dicho por Horacio Cartes hace algunos días: el presidente de la República debe destacarse por capacidad de gestión y servicio al pueblo y no porque ya ha sido electo tiene que olvidarse de los que los votaron, eligiendo más bien el camino del individualismo y la arrogancia, que antes que construir destruye a los partidos políticos y a su dirigencia, debilitando posibilidades potenciales de que otra persona pueda entrar “a la cancha” a competir de igual a igual con otros contendores para el 2028.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos se reunió el miércoles con el gobierno interino en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, en vísperas de un debate para la aprobación de una histórica ley de amnistía general. Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, heredó el poder. Gobierna bajo presión de Washington, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar en Caracas en fotos publicadas en la cuenta en X de la embajada estadounidense. Lo acompañó el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire. Donovan sostuvo una reunión con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad”, apuntó la embajada de Estados Unidos en un comunicado. Las partes “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, señaló por su parte el gobierno venezolano.

La visita concluyó el mismo miércoles.

Estados Unidos dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro. Más temprano, autorizó a la firma francesa Maurel&Prom a operar en el país y se suma así a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

El petróleo venezolano está sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019, pero el embargo se ha flexibilizado tras la incursión de enero.

Rodríguez recibió más temprano al primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, país que recibe el dinero por las ventas de petróleo venezolano que hace Estados Unidos.

Washington diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno interino.

Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Por ello, el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.

Doha también ha sido actor clave en distintos procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

La Asamblea Nacional tiene pendiente la final discusión de una histórica ley de amnistía, que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante y debe resultar en la liberación de cientos de presos políticos.

Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso que ha llevado a la excarcelación de 448 presos políticos, según el último balance de Foro Penal.

Más de 600 siguen tras las rejas, contabiliza esta oenegé especializada.

Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.

Una decena de mujeres comenzó una huelga de hambre el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas.

El miércoles por la noche, quedaban solo cuatro.

La huelga es “hasta que mi cuerpo aguante”, dijo a la AFP Narwin Gil, familiar de un preso en esos calabozos.

Piden “libertad para todos los presos políticos porque no son delincuentes”.

Rodríguez adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, al tiempo que ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019. Impulsó igualmente una reforma a la ley de hidrocarburos, que dejó atrás un modelo estatista y se abrió a la inversión privada.

El instrumento allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. En momentos de mayor apertura petrolera, Venezuela inició un plan piloto de venta de gasolina de mayor calidad, que se ofrece al doble del precio de la convencional.

Es un tema sensible en el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo. La gasolina en Venezuela llegó a ser la más barata del mundo. El suministro ha pasado por varias crisis de escasez y desde hace años solo se ofrece un tipo de octanaje.

Rodríguez tiene prevista también una reunión “próximamente” con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Petro fue un importante aliado de Maduro y condenó en primera instancia su “secuestro” y el bombardeo a Venezuela, aunque bajó el tono luego de conversar con el presidente Donald Trump sobre el tema.

Fuente: AFP.

El bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba generó diferentes respuestas en América Latina: desde ayuda concreta de gobiernos de izquierda hasta respaldos políticos, o incluso silencio ante la situación. La isla caribeña, de gobierno comunista desde hace más de seis décadas, lleva años lidiando con una grave escasez de combustible.

Pero la crisis en ese país latinoamericano de 9,6 millones de habitantes se agudizó el mes pasado desde que Donald Trump le cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro y amenaza con aplicar aranceles a cualquier país que venda hidrocarburos a La Habana.

México, un aliado histórico de Cuba, lidera el apoyo material a la isla. Dos barcos de la Armada mexicana arribaron el jueves a La Habana con 814 toneladas de víveres y “más de 1.500 toneladas” de ayuda humanitaria esperan ser trasladados a la isla, según la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno izquierdista de Sheinbaum envió petróleo a Cuba hasta principios de enero. Parte de ese crudo formaba un esquema de “ayuda humanitaria”, informó la mandataria, que detuvo esos envíos, aunque manifestó su desacuerdo con la amenaza de sanciones arancelarias de Washington.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano”, dijo el martes la mandataria, cuya administración también abrió la semana pasada un centro de acopio en la Ciudad de México. En Chile, el también izquierdista Gabriel Boric anunció el aporte de un millón de dólares a Cuba, una iniciativa cuestionada por el mandatario electo, el ultraderechista José Antonio Kast.

En Brasil, el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva, otro importante aliado de La Habana, criticó la nueva embestida de Estados Unidos, pero no ha anunciado ayudas de ningún tipo al país caribeño. Lula defendió en 2025 el programa Más Médicos, que ha llevado a Brasil a profesionales sanitarios cubanos a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud. El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela también condenó las presiones de Trump y reiteró la “solidaridad de Caracas” con la isla. Por ahora, su administración mantiene en el país un contingente de unos 13.000 profesionales sanitarios de la isla. Venezuela y Cuba son fuertes aliados desde la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y esa cercanía se mantuvo con su sucesor, Nicolás Maduro, depuesto el 3 de enero en una incursión estadounidense. Hasta entonces, el país suramericano era el principal proveedor de petróleo de Cuba.

Nicaragua, el único socio de Cuba en Centroamérica, tampoco ha anunciado envíos de ayuda material a la isla. Aunque expresó su rechazo a las sanciones estadounidenses, el gobierno del izquierdista Daniel Ortega restituyó el requisito de visa para los cubanos. La exención de visado, vigente desde 2021, permitió a La Habana aliviar la presión social tras las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio de ese año, con el éxodo de miles de isleños.

Los gobiernos izquierdistas de Colombia y Uruguay, liderados por Gustavo Petro y Yamandú Orsi, respectivamente, no han anunciado ayudas, aunque Montevideo ha dicho que estudia la situación. El Salvador, gobernado por el derechista Nayib Bukele, el mayor aliado de Washington en Centroamérica, tampoco ha mostrado señales de apoyo a Cuba. Ni lo han hecho Panamá y Costa Rica, también conducidos por la derecha.

Bajo presión de Trump, Guatemala acaba de poner fin a un acuerdo de 27 años por el cual miles de médicos cubanos trabajaron en el país. Los 412 profesionales sanitarios de la isla que están allí se irán en los próximos meses. Honduras, cuyo nuevo presidente, Nasry Asfura, es aliado de Trump, también planea poner fin a las brigadas médicas cubanas.

En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, otro cercano al mandatario estadounidense, no ha anunciado programas de ayuda humanitaria a Cuba. El año pasado en la ONU, Quito se abstuvo por primera vez en más de tres décadas de votar a favor de la suspensión del embargo comercial y financiero que Estados Unidos aplica a Cuba desde 1962. En medio de la crisis energética, el gobierno argentino del derechista Javier Milei, otro de los partidarios de las políticas de Trump hacia Cuba, advirtió a los ciudadanos que eviten viajar a la isla.

Fuente: AFP.