• Por Ricardo Rivas
• Corresponsal en la Argentina
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La Ley Bases –que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados– continúa demorada en el Senado. Tal vez en la semana parlamentaria que se inicia hoy se retomará el debate en comisiones, aunque se demora el tratamiento en el pleno del cuerpo. Algo queda claro, sin embargo: tendrá modificaciones y, con seguridad, deberá volver a la Cámara Baja para que en ese cuerpo colegiado se acepten o no los cambios que se le introduzcan a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Las objeciones de mayor relevancia se centran en la restitución del impuesto a las ganancias –que obligaría a tributar nuevamente a poco más de un millón de trabajadores–; el régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI); y la cesión de algunas facultades parlamentarias en el presidente Milei.

Veamos sintéticamente cada una de ellas. Las mayores resistencias en el caso del impuesto a las ganancias que fue suspendido por los apetitos electorales del exministro de Economía Sergio Massa en el año anterior emerge desde las provincias patagónicas por cuanto en esa alejada y dura región del mapa nacional los y las trabajadoras perciben salarios altos que, claramente, se verían reducidos si se reimplantara ese tributo.

En cuanto al RIGI que prevé un amplio blanqueo impositivo de alto impacto especialmente en las empresas energéticas, los desacuerdos, justamente, se dan en los límites que habría de tener esa norma, pero por fuera de ello, es preciso entender que aún en este país rige lo que se conoce como “cepo al dólar”, que impide a las transnacionales remesar divisas a sus matrices. En ese contexto, aparece como inviable invertir si la ley impide recuperar el capital al inversor.

En lo que tiene que ver con delegación de facultades parlamentarias para que las ejerza el Poder Ejecutivo importa dejar de lado temporalmente la plena vigencia del artículo 76 de la Constitución Nacional, que taxativamente prohíbe hacerlo, aunque desde el 10 de diciembre de 1983, cuando la Argentina restauró el sistema institucional luego del derrumbe de la última dictadura cívico-militar, en sucesivas oportunidades ese impedimento de ley fue removido por tiempos perfectamente establecidos. No obstante, ello y si bien los deseos del mandatario eran muy amplios, en el proyecto que se aborda en el Congreso Nacional esa solicitud ha quedado sensiblemente reducida. En los tres casos, habrá que ver qué deciden los parlamentarios.

Por lo que se percibe, las principales fuerzas políticas de oposición rechazan o resisten total o parcialmente tales demandas y para superar esas dificultades el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), el partido que fundara Javier Milei poco tiempo atrás, al no contar con el número de congresistas necesarios para avanzar procura e intenta, hasta esta mañana, negociaciones de amplio alcance que aún no concluyen. El panorama es incierto.

La incertidumbre también alcanza a la política exterior que, en la semana que pasó, marcó un cambio sustancial. Argentina fue uno de los nueve países que en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) votaron en contra de la inclusión del Estado Palestino a ese foro multilateral.

Este país así se expresó junto con EE. UU., Israel, Gran Bretaña, Hungría, Palaos, Naurú, Papúa Nueva Guinea, República Checa y Micronesia. La decisión –que según trascendió fue como consecuencia de una orden expresa del señor Milei– fue en sentido opuesto a la propuesta que realizaron España, Irlanda, Noruega y Bélgica, que aprobaron 143 países, en tanto que 25 se abstuvieron. Las mayores preocupaciones como consecuencia directa del cambio de rumbo argentino dado que históricamente siempre votó a favor de Palestina se vinculan con el impacto que esa decisión podría tener en el reclamo soberano de este país sobre las Islas Malvinas, ocupadas colonialmente por el Reino Unido de la Gran Bretaña desde 1833.

A este panorama de dificultades, finalmente, es preciso añadir –de cara al futuro– la evolución que pude tener la tensión que se verifica en la relación del Gobierno con la Confederación General del Trabajo (CGT), que el jueves pasado paralizó la Argentina con una huelga general que tuvo alto acatamiento.

Es la segunda medida de fuerza desde el pasado 10 de diciembre cuando asumió el presidente Milei. Desde la misma fecha en 1983 se contabilizan 44 huelgas de las cuales 14 fueron contra el gobierno del presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) y ninguno durante la administración del expresidente Alberto Fernández (2019-2023).

La dirigencia cegetista para lanzar y sostener la protesta argumenta que la política económica va “en contra de los trabajadores” y para ello exhibe algunos indicadores sectoriales.

Destaca que el sector de la construcción se derrumbó en la mensura interanual del pasado mes de marzo 42,2 %. Que la industria se contrajo 21,2 %. Que las jubilaciones –en el último cuatrimestre– decrecieron según sus montos, entre 37 % y 24 %. La recaudación tributaria en abril último cayó 13 %. Los salarios, desde diciembre de 2023, se desplomaron 17 %. Todo está en discusión.