Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela durante 10 años hasta su renuncia ayer miércoles, se describe como defensor de los derechos humanos, abogado y poeta, pero sus detractores lo señalan de ser el artífice de la represión bajo Nicolás Maduro. Tras su renuncia fue designado defensor del pueblo de manera interina por parte de la Asamblea Nacional.

Repleto de tatuajes y promotor de sus propios libros de poesía, Saab era una de las grandes figuras del gobierno de Maduro, capturado en una incursión militar estadounidense el 3 de enero. La oposición lo considera símbolo de una justicia sometida por el poder. De perfil mediático, justificó en entrevistas y redes sociales las olas de represión en Venezuela durante 2017, 2019 y más recientemente los disturbios que siguieron a la reelección de Maduro en julio de 2024, que dejaron unos 2.400 detenidos y 28 muertos.

“Si nosotros no actuamos en ese momento en la manera como lo hicimos, Venezuela hubiera sido objeto de una guerra civil”, dijo a la AFP entonces. Saab recuerda regularmente su alineación con el chavismo, la doctrina ideológica inspirada en el socialismo del popular y fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

“Puso su identidad ideológica muy por encima de sus principios de defensa de derechos humanos”, explicó a la AFP Rafael Uzcátegui, defensor de derechos humanos, que lo conoció de cerca. “Fue un extraordinario fiscal”, dijo el poderoso ministro del interior Diosdado Cabello, que le auguró una buena gestión como defensor del pueblo.

El despacho de Saab en la Fiscalía es muestra de su carácter antimperialista: un cuadro del Libertador Simón Bolívar; fotos suyas con Chávez y otras con Fidel Castro; un bastón de madera con un grabado que reza “nunca más (Donald) Trump”. Irónicamente, fue la presión de Estados Unidos la que impulsó su salida. Trump dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

Era muy activo en redes sociales. Ordenaba investigaciones desde X y publicaba constantemente fotos personales. Adepto al gimnasio, se calificaba como “poeta”, “libre” y “hippie”. Sus detractores lo tildan de “egocéntrico”. Nacido en 1962 en El Tigre (este) en el seno de una familia de origen libanés, Saab lideró movimientos estudiantiles de izquierda, a la vez que se adentraba en la poesía como una de sus grandes pasiones.

Abandonó sus estudios de literatura para dedicarse al derecho. “Quería defender los derechos humanos”, dijo a la AFP. En 1999 estrechó sus lazos con el recién electo Chávez, al participar en la redacción de una nueva Constitución que cimentó los 27 años de “Revolución Bolivariana”.

Afrontó la cárcel durante un intento de golpe de Estado sufrido por Chávez en 2002, un episodio que le gusta evocar. Fue liberado gracias a la presión de oenegés de defensa de derechos humanos. Fue gobernador de su estado natal Anzoátegui entre 2004 y 2012. En 2014 fue nombrado ya bajo el gobierno de Maduro como defensor del pueblo, un cargo que vela por la garantía de los derechos de la población ante posibles abusos del Estado.

“Expresó su idea de hacer un plan de trabajo con las organizaciones, pero la verdad es que de esa primera reunión no prosperó nada”, contó Uzcátegui. “Es extremadamente sensible a la crítica, a los cuestionamientos, y a la medida que las organizaciones fuimos exigiéndole cosas, interpelándolo en su rol como defensor del pueblo, pues él comenzó rápidamente a alejarse de las organizaciones y a considerarlas como enemigas”, acotó.

En 2017 la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” en medio de una ola de duras protestas antigubernamentales, tras lo cual huyó del país. Saab fue designado como su sucesor. Como fiscal general se jacta de haber combatido eficazmente la corrupción, especialmente por ordenar la detención del poderoso ministro petrolero Tareck El Aissami.

Defensores de derechos humanos no ahorran duras críticas para su gestión. “No hay adjetivo negativo que pueda describir acertadamente cómo ha sido su gestión dentro de la fiscalía”, señaló Uzcátegui. “Una fiscalía absolutamente falta de independencia, que se convirtió permanentemente en un apéndice del Ejecutivo, que no garantizó el derecho a la justicia de las víctimas, que se convirtió en una herramienta de persecución”, añadió.

Recordó además que informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos lo señalan como “cómplice de la comisión de graves violaciones de derechos humanos”. Saab contradice estas acusaciones y asegura que más de 600 funcionarios fueron condenados por abusos durante su mandato como fiscal.

Bajo sanciones estadounidenses desde 2017, Saab lamentaba no poder viajar más a París, en particular al festival musical Fiesta de la Humanidad. Saab no dejó de condenar la captura de Maduro, que llegó a considerar como evidencia de la “muerte del derecho internacional”. En las últimas semanas se enorgulleció de participar en la redacción de una histórica ley de amnistía que debe impulsar la liberación de cientos de presos políticos. Esperaba que la “pacificación” que justifica la ley pudiese abarcar a Maduro, preso en Nueva York.

Fuente: AFP.

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos se reunió el miércoles con el gobierno interino en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, en vísperas de un debate para la aprobación de una histórica ley de amnistía general. Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, heredó el poder. Gobierna bajo presión de Washington, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar en Caracas en fotos publicadas en la cuenta en X de la embajada estadounidense. Lo acompañó el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire. Donovan sostuvo una reunión con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

“Las conversaciones se centraron en el entorno de seguridad”, apuntó la embajada de Estados Unidos en un comunicado. Las partes “acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en nuestra región, terrorismo y migración”, señaló por su parte el gobierno venezolano.

La visita concluyó el mismo miércoles.

Estados Unidos dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro. Más temprano, autorizó a la firma francesa Maurel&Prom a operar en el país y se suma así a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

El petróleo venezolano está sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019, pero el embargo se ha flexibilizado tras la incursión de enero.

Rodríguez recibió más temprano al primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, país que recibe el dinero por las ventas de petróleo venezolano que hace Estados Unidos.

Washington diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno interino.

Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Por ello, el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.

Doha también ha sido actor clave en distintos procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

La Asamblea Nacional tiene pendiente la final discusión de una histórica ley de amnistía, que en teoría abarca los 27 años de chavismo gobernante y debe resultar en la liberación de cientos de presos políticos.

Rodríguez anunció el 8 de enero un proceso que ha llevado a la excarcelación de 448 presos políticos, según el último balance de Foro Penal.

Más de 600 siguen tras las rejas, contabiliza esta oenegé especializada.

Familiares se han plantado desde hace más de un mes a las afueras de las cárceles a la espera de que sus presos salgan.

Una decena de mujeres comenzó una huelga de hambre el 14 de febrero en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en Caracas.

El miércoles por la noche, quedaban solo cuatro.

La huelga es “hasta que mi cuerpo aguante”, dijo a la AFP Narwin Gil, familiar de un preso en esos calabozos.

Piden “libertad para todos los presos políticos porque no son delincuentes”.

Rodríguez adelanta una agenda de acuerdos petroleros y excarcelaciones de presos políticos, al tiempo que ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos, rota desde 2019. Impulsó igualmente una reforma a la ley de hidrocarburos, que dejó atrás un modelo estatista y se abrió a la inversión privada.

El instrumento allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. En momentos de mayor apertura petrolera, Venezuela inició un plan piloto de venta de gasolina de mayor calidad, que se ofrece al doble del precio de la convencional.

Es un tema sensible en el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo. La gasolina en Venezuela llegó a ser la más barata del mundo. El suministro ha pasado por varias crisis de escasez y desde hace años solo se ofrece un tipo de octanaje.

Rodríguez tiene prevista también una reunión “próximamente” con el presidente colombiano, Gustavo Petro. Petro fue un importante aliado de Maduro y condenó en primera instancia su “secuestro” y el bombardeo a Venezuela, aunque bajó el tono luego de conversar con el presidente Donald Trump sobre el tema.

Fuente: AFP.

El bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba generó diferentes respuestas en América Latina: desde ayuda concreta de gobiernos de izquierda hasta respaldos políticos, o incluso silencio ante la situación. La isla caribeña, de gobierno comunista desde hace más de seis décadas, lleva años lidiando con una grave escasez de combustible.

Pero la crisis en ese país latinoamericano de 9,6 millones de habitantes se agudizó el mes pasado desde que Donald Trump le cortó el flujo de petróleo venezolano tras la caída de Nicolás Maduro y amenaza con aplicar aranceles a cualquier país que venda hidrocarburos a La Habana.

México, un aliado histórico de Cuba, lidera el apoyo material a la isla. Dos barcos de la Armada mexicana arribaron el jueves a La Habana con 814 toneladas de víveres y “más de 1.500 toneladas” de ayuda humanitaria esperan ser trasladados a la isla, según la presidenta Claudia Sheinbaum.

El gobierno izquierdista de Sheinbaum envió petróleo a Cuba hasta principios de enero. Parte de ese crudo formaba un esquema de “ayuda humanitaria”, informó la mandataria, que detuvo esos envíos, aunque manifestó su desacuerdo con la amenaza de sanciones arancelarias de Washington.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria, alimentación y algunas otras solicitudes que nos ha hecho el gobierno cubano”, dijo el martes la mandataria, cuya administración también abrió la semana pasada un centro de acopio en la Ciudad de México. En Chile, el también izquierdista Gabriel Boric anunció el aporte de un millón de dólares a Cuba, una iniciativa cuestionada por el mandatario electo, el ultraderechista José Antonio Kast.

En Brasil, el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula Da Silva, otro importante aliado de La Habana, criticó la nueva embestida de Estados Unidos, pero no ha anunciado ayudas de ningún tipo al país caribeño. Lula defendió en 2025 el programa Más Médicos, que ha llevado a Brasil a profesionales sanitarios cubanos a través de un convenio con la Organización Panamericana de la Salud. El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez en Venezuela también condenó las presiones de Trump y reiteró la “solidaridad de Caracas” con la isla. Por ahora, su administración mantiene en el país un contingente de unos 13.000 profesionales sanitarios de la isla. Venezuela y Cuba son fuertes aliados desde la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) y esa cercanía se mantuvo con su sucesor, Nicolás Maduro, depuesto el 3 de enero en una incursión estadounidense. Hasta entonces, el país suramericano era el principal proveedor de petróleo de Cuba.

Nicaragua, el único socio de Cuba en Centroamérica, tampoco ha anunciado envíos de ayuda material a la isla. Aunque expresó su rechazo a las sanciones estadounidenses, el gobierno del izquierdista Daniel Ortega restituyó el requisito de visa para los cubanos. La exención de visado, vigente desde 2021, permitió a La Habana aliviar la presión social tras las históricas manifestaciones antigubernamentales de julio de ese año, con el éxodo de miles de isleños.

Los gobiernos izquierdistas de Colombia y Uruguay, liderados por Gustavo Petro y Yamandú Orsi, respectivamente, no han anunciado ayudas, aunque Montevideo ha dicho que estudia la situación. El Salvador, gobernado por el derechista Nayib Bukele, el mayor aliado de Washington en Centroamérica, tampoco ha mostrado señales de apoyo a Cuba. Ni lo han hecho Panamá y Costa Rica, también conducidos por la derecha.

Bajo presión de Trump, Guatemala acaba de poner fin a un acuerdo de 27 años por el cual miles de médicos cubanos trabajaron en el país. Los 412 profesionales sanitarios de la isla que están allí se irán en los próximos meses. Honduras, cuyo nuevo presidente, Nasry Asfura, es aliado de Trump, también planea poner fin a las brigadas médicas cubanas.

En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, otro cercano al mandatario estadounidense, no ha anunciado programas de ayuda humanitaria a Cuba. El año pasado en la ONU, Quito se abstuvo por primera vez en más de tres décadas de votar a favor de la suspensión del embargo comercial y financiero que Estados Unidos aplica a Cuba desde 1962. En medio de la crisis energética, el gobierno argentino del derechista Javier Milei, otro de los partidarios de las políticas de Trump hacia Cuba, advirtió a los ciudadanos que eviten viajar a la isla.

Fuente: AFP.

Un vuelo proveniente de España llegó el martes por la noche a Venezuela, el primero desde Europa tras la captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero en una operación militar estadounidense. El avión Boeing 787-9 Dreamliner de la aerolínea española Air Europa aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, pasadas las 21:00 locales (1:00 GMT del miércoles), según una página especializada en monitoreo de vuelos.

Las aerolíneas comerciales interrumpieron sus vuelos hacia Venezuela a raíz de una advertencia de Estados Unidos el 21 de noviembre sobre riesgos en la zona por actividad militar, el preludio de la incursión del 3 de enero que derrocó a Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el 29 de enero reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras conversar con Delcy Rodríguez, quien era vicepresidenta de Maduro y asumió el poder de manera temporal.

La otra gran aerolínea española, Iberia, está evaluando las garantías de seguridad antes de anunciar fecha para retomar los vuelos a Venezuela, según la prensa española. La portuguesa TAP anunció que retomará sus conexiones aéreas con el país sudamericano. La colombiana Avianca y la panameña Copa, junto con su filial de bajo costo Wingo, reanudaron sus operaciones.

La estadounidense American Airlines ha manifestado su intención de retomar vuelos a Venezuela. Tras la caída de Maduro, ahora encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Trump ha dicho estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El gobierno interino de Venezuela aboga por una “negociación de buena fe” con Guyana, un aliado de Estados Unidos, como el “único camino” para resolver la disputa sobre el Esequibo, en su primera declaración ayer martes sobre este territorio rico en petróleo. El diferendo territorial de más de un siglo se avivó en 2015 con los hallazgos de grandes reservas de petróleo en el Atlántico frente a esta zona en reclamación de 160.000 km2. Las reservas de Guyana se ubican en unos 11.000 millones de barriles de crudo.

“El único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe”, dice el gobierno venezolano en un comunicado difundido el martes, el primero sobre el asunto desde que Delcy Rodríguez asumió el poder tras la caída de Nicolás Maduro.

Georgetown pide a la más alta corte de Naciones Unidas que ratifique las fronteras aprobadas en un laudo en 1899, que Venezuela desconoce. Caracas apela al Acuerdo de Ginebra que firmó en 1966 antes de la independencia guyanesa del Reino Unido, que anuló ese fallo y sentó las bases para una solución negociada.

El Acuerdo de Ginebra es el “único instrumento válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable de la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba”, señala el comunicado oficial venezolano.

Delcy Rodríguez asumió funciones temporales tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero en Caracas. Era vicepresidenta de Maduro y responsable del caso del Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia.

El gobierno de Maduro reavivó los reclamos sobre el territorio desde 2019. En 2023 hizo un referendo sobre el Esequibo que consultaba la creación de un nuevo estado parte de Venezuela y en 2025 eligió un supuesto gobernador y diputados para esta región, sobre la cual Caracas no ejerce ningún poder.

“Es un territorio innegociable”, aseguró Rodríguez en junio de 2025, entonces vicepresidenta.

Rodríguez gobierna, no obstante, bajo la presión de Estados Unidos, aliado de Guyana. Washington asegura que defenderá a Georgetown en caso de un conflicto con Venezuela.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha dicho que el derrocamiento de Maduro “no elimina ni reduce” lo que considera una amenaza desde Caracas por el territorio en disputa. El depuesto gobernante y Ali protagonizaron acalorados enfrentamientos sobre la soberanía del Esequibo, lo que despertó temores de un conflicto armado.

Fuente: AFP.