• Por Benjamín Livieres
• Analista político de NM

Los ataques sistemáticos del grupo Abc al gobierno de Santiago Peña y al cartismo, sobre el tema que fuere, tienen como único objetivo instalar la idea de que “estamos peor”, lo que implicaría que “con Mario Abdo estábamos mejor”, algo que ni los mejores sofistas –ausentes en sus filas– podrían sostener algunos segundos.

Ese es un camino con inconvenientes para sus fines, pues no lograrían más que hacer el ridículo. Los registros dan cuenta del retroceso económico y social durante la gestión anterior, así como de los cerca de 20.000 muertos por falta de vacunas en pandemia, además de los casos penales por enriquecimiento ilícito y lavado que se le siguen al expresidente, y por haber utilizado las instituciones del Estado para borrar del mapa a Horacio Cartes, a los que se suma un rosario de ilícitos en diversas reparticiones.

Tampoco es capaz de rebatir los indicadores económicos –claramente positivos en esta gestión–, que la inversión en programas sociales es la mayor de todos los tiempos o que el país ha ganado posiciones en la consideración internacional; aparte de mantener la estabilidad política en los últimos 30 meses, un don muy preciado en la convulsionada Sudamérica.

¿Entonces, qué hace Abc Color? Se monta sobre algunos hechos puntuales, verdaderos o inventados, para atacar “el todo”, para descalificar la gestión de gobierno en su conjunto y socavar las bases de sus programas más relevantes, en el afán de producirle el mayor desgaste político que le sea posible.

Este es el caso de la campaña que despliegan los medios del Grupo Zuccolillo sobre la politización del programa Hambre Cero, que no apunta a enmendar errores y desarrollarlo, sino a destruirlo. Así, las denuncias sobre malos manejos en ciertas gobernaciones, que van desde presunto enriquecimiento ilícito hasta prácticas de chantajes laborales para respaldar tal o cual candidatura, no tienen como centro la investigación de los hechos denunciados y que se apliquen las medidas pertinentes, sino la invalidación absoluta del proyecto.

Podríamos citar muchos otros ejemplos, pero sería redundante. Estamos ante el “relato” de un poderoso grupo mediático que defiende sus intereses corporativos sin la menor ética ni escrúpulos, con el fin de acabar con aquellos a quienes considera enemigos, los “cartistas malvados”.

Dicho esto, la respuesta a estos ataques de los que está siendo objeto Hambre Cero no puede ser, simplemente, que “todo es falso”, que “las gobernaciones ni inciden en los contratos laborales” y sus titulares, sin excepción, ya tienen reservado un lugar en el paraíso. No es minimizando los problemas, ni menos desconociéndolos, como se fortalecerán los programas y proyectos en curso, sino al revés, actuando sobre ellos y rectificando lo que deba rectificarse, en esas y otras áreas en donde los problemas de gestión resultan notorios. Y comunicar bien. Claro, para eso el Gobierno debería contar con su propio “relato” y responder las cuestiones de estratégicas, no la montaña de acusaciones que recibe a diario.

Como criterio general, es siempre importante separar la paja del trigo. Hay críticas que se ajustan a la realidad, pero no por eso invalidan, ni mucho menos, programas de tanta trascendencia. No porque exista paja en el trigal, se considera una plantación de pura paja, como transmite Abc en todas sus páginas, al no diferenciar –intencionalmente– lo uno de lo otro.

Tras haber cumplido 25 años de prisión, recuperó hoy su libertad, Luis Rojas, quien fue condenado como autor material del magnicidio del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, ocurrido el 23 de marzo del año 1999.

La jueza de Ejecución Penal, Luz Rossana Bogarín, ordenó la liberación definitiva del hombre que se encontraba recluido en el sector de la Granja Itá Porá, en la Penitenciaría Regional de Emboscada.

Para la Justicia, Rojas es considerado como uno de los autores materiales del crimen del político colorado y para Jesús Argaña, hijo de la víctima, el asesino no merece el perdón, endilgando además la responsabilidad intelectual, al extinto líder del partido Unión Nacional de Colorados Éticos (Unace), Lino César Oviedo.

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“Misión cumplida. Yo creo que siempre, dentro de un Estado de derecho, están establecidas las penas máximas. Nosotros conseguimos la pena máxima, este señor compurgó. En su momento, queríamos tomar otro tipo de acciones probablemente, pero como hombre de derecho y siguiendo el delineamiento filosófico y jurídico de Argaña, nos mantuvimos dentro de lo que establece la estructura legal de la República”, declaró a la 1080 AM.

Jesús recordó que, cuando la familia ya casi logró sentenciar al “real asesino” de Argaña en alusión al autor intelectual, a quien se refirió como un “personaje con ínfulas de Julio César”, por cuestiones políticas el entonces presidente de la República ordenó que se lo libere “con la señora de Pucheta”, integrante de la máxima instancia judicial.

“Ahí fue donde nos lastimó, nos hirió, pero por una cuestión de dolidos, nos bancamos, nos separamos de Nicanor. Cuando eso, yo ya estaba en otra vereda política porque veía venir eso y otras actitudes muy desagradables de este señor”, manifestó.

Particularmente sobre el compurgamiento de pena de Rojas, Argaña ratificó que fue “misión cumplida”.

Sobre su participación directa en el asesinato de su padre, explicó que su rol en el magnicidio fue el de disparador y fue quien puso fin a la vida del vicepresidente de la República y entonces líder del Movimiento de Reconciliación Colorada.

“El fue el que le disparó a papá, por la ventanilla derecha le disparó con la escopeta. Realmente fue el asesino material de Argaña, eso no hay ninguna duda”, remarcó.

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El presupuesto anual del programa Hambre Cero a nivel país es de USD 390 millones, por tanto, mal podría hablarse de una deuda de USD 240 millones, explicó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, y dio detalles de los recursos desembolsados hasta el momento y del plan de pagos para lo que resta.

Antes de ingresar a la reunión con la comisión de Obras de la Cámara de Senadores, el titular del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) fue consultado acerca del reclamo de los proveedores de la merienda escolar.

En la mañana de este martes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, y el comandante de las Fuerzas Militares, César Moreno, anunciaron el despliegue de un contingente de oficiales y suboficiales en las zonas fronterizas para combatir a los grupos terroristas y el crimen transnacional. En total se prevé el traslado de 4.000 militares.

“Nuestros compatriotas necesitan vivir en paz y con las condiciones adecuadas para que cada uno cumpla las tareas que le corresponde como ciudadano. El Gobierno de Paraguay está decidido a enfrentar con todos los elementos disponibles al crimen organizado y esta operación es una muestra más de esa aseveración. Queremos dar un mensaje de tranquilidad, apoyo, cercanía con nuestros compatriotas“, dijo el ministro en una conferencia de prensa.

La iniciativa "Viviendas en Barrio Chacarita Alta – Asunción, Paraguay", impulsada desde el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), fue distinguida en los Premios Fundación Holcim 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del mundo en materia de construcción sostenible.

“Este reconocimiento mundial reafirma que Paraguay puede liderar políticas públicas urbanas con impacto real en la calidad de vida de las personas. Chacarita Alta demuestra que la sostenibilidad y la inclusión social pueden ir de la mano”, sostuvo el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

El director de Comisiones Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, indicó que los intendentes que busquen su reelección para el periodo 2026-2031 deberán presentar sus renuncias al cargo tres meses antes de las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre de 2026.

Detalló que el plazo será el 3 de julio a más tardar. “El día de ayer, lunes, se dio a conocer la convocatoria para las elecciones de intendentes y miembros de la junta municipales en todos los distritos del país, esto fue el último acto que faltaba para las elecciones municipales en las 263 ciudades a nivel país”, indicó.

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Regional n.º 11 de Filadelfia, desmantelaron un esquema de distribución de drogas que afectaba directamente a comunidades indígenas del Chaco.

En tres allanamientos simultáneos fueron capturados el líder y los principales distribuidores del grupo criminal. El operativo principal se realizó en el barrio Primavera, donde fue detenido el cabecilla, Eugenio Rodrigo Melgarejo, con antecedentes por tráfico de drogas y transgresión a la ley de armas.

En Paraguay, más de 700 mil personas apuestan por crear su propio negocio, muchas veces sin saber conscientemente que forman parte de un fenómeno económico que impulsa el desarrollo local y la innovación. La mayoría lo hace por necesidad, otros por oportunidad, pero todos comparten un mismo desafío: hacer sostenible una idea en un entorno aún dominado por la informalidad.

Hoy 11 de noviembre se celebra en nuestro país el Día Nacional del Emprendedor, de acuerdo a la ley 5635/16, que busca promover la actividad emprendedora para fomentar la creación de empresas, empleos y así, potenciar el desarrollo económico del país.

Luis Alberto Rojas cumplió su condena de 25 años de cárcel por ser el autor material del magnicidio del entonces vicepresidente de la República, Luis María Argaña. El hijo del exsegundo del Ejecutivo dice que este hombre fue el que disparó, pero lamenta que nunca se haya podido llegar a los que ordenaron el crimen.

Tras permanecer encerrado desde el 2000, Luis Alberto Rojas, asesino de Luis María Argaña, finalmente compurgó la pena carcelaria por el magnicidio que estremeció al país el 23 de marzo de 1999.

Con la imputación a directivos del banco Atlas, el diario de la calle Yegros reutiliza el mismo marco narrativo: victimización, politización y la idea de un supuesto asedio al “periodismo independiente”.

La línea editorial del Grupo Zuccolillo apela de nuevo a su libreto recurrente y victimi­zante: cualquier acción ins­titucional en el ámbito sani­tario, financiero o judicial es instalada como una opera­ción política y una “perse­cución a la prensa”. Con la imputación por parte del Ministerio Público a direc­tivos del Banco Atlas por lavado de dinero en el caso Conmebol/Leoz, de nuevo la maquinaria amarilla se alinea al guion de una per­secución, obviando que la medida fiscal tiene funda­mentos sólidos.

No es la primera vez -ni será la última- que el grupo comunicacional que enca­beza su directora Natalia Zuccolillo, recurre a este recurso de supuesta perse­cución para victimizarse. Lo hace con más fuerza en esta ocasión puesto que uno de los acusados por lavado de dinero, en el caso de la denuncia de la Conmebol para recuperar el dinero desviado por Nicolás Leoz es nada más y nada menos que el esposo de la señora Zuccolillo, Miguel Ángel Zaldívar.

Apenas este año, el diario de la calle Yegros utilizó esta narrativa cuando varios hechos objetivos salpica­ron al holding empresarial: la disputa por derechos de autor del core bancario de la compañía itti o el cierre temporal de la cadena de mini mercados Biggie.

Cuando las autoridades nacionales suspendieron las actividades comerciales de Biggie -que pertenece en un 50 % al Grupo Zuccoli­llo- por cuestiones estric­tamente fitosanitarias, Abc Color lo planteó y convirtió el caso en un capítulo polí­tico, cuando en realidad la medida gubernamental se limitaba exclusivamente en defender al consumidor ante la posibilidad de adqui­rir productos vencidos o en mal estado.

Todo es persecución en el mundo del Grupo Zuccoli­llo. Esta máxima también se ha expresado en otros casos donde claramente la posición del diario que fun­dase Aldo Zuccolillo busca pasar al ataque responsa­bilizando al poder político de sus jugarretas. Se dio de igual forma con el caso itti que acusa al Banco Atlas de incumplir un contrato de licencia y, presuntamente, plagiar su software banca­rio principal (“IT Gestión Financiera”). En este capí­tulo, la compañía tecnoló­gica reclama una millonaria indemnización en una dis­puta contractual que podría derivar en el ámbito penal, ya que la presunta copia del software podría estar vincu­lada a la fusión de Atlas con Banco Familiar.

El mismo plan de victimiza­ción ocurrió con el uso irre­gular de energía de la ANDE para una criptominera que funcionaba en el Shopping Mariscal López y que per­tenece al Grupo Zuccolillo. La empresa Esur SA (Ener­gías del Sur) utilizaba como pantalla al citado shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la empresa estatal. En setiembre de 2023, debido a la pérdida ocasionada que rondaba los USD 300.000, la Ande realizó el reclamo para el abono correspondiente.

La instalación de que estos casos suponen un acoso del poder político no solo se limita a la opinión pública local, sino que el Grupo Zuc­colillo -utilizando sus nexos en el exterior- pretende tam­bién manipular a organis­mos internacionales. Eso se ha visto recientemente cuando un relatorio que había sido preparado por el diario Abc Color (solo des­cribió los casos que afecta­ron al citado medio) fue presentado como un com­pendio de la persecución a la libertad de prensa en el Paraguay nada menos que ante la Sociedad Interame­ricana de Prensa (SIP), que concluyó hace unas semanas su asamblea anual.

Así como en los casos ante­riores, que son apenas lo que se menciona en los últimos años, ni siquiera se reme­moran los pormenores que llevaron al entonces presi­dente Nicanor Duarte Fru­tos a perpetuar la frase que “Abc ijapú”, también en el sonado caso de la denuncia de la Confederación Suda­mericana de Fútbol (Conme­bol) contra su expresidente, Nicolás Leoz, ahora el grupo Zuccolillo se muestra como víctima.

El Ministerio Público pre­sentó la semana pasada imputación por varios hechos punibles como lavado de dinero contra nueve personas vinculadas a este caso, entre ellos al esposo de Natalia Zuccoli­llo, Miguel Ángel Zaldívar. Se basa en la reconstrucción de operaciones financieras que no fueron sometidas a los controles exigidos por ley que debía realizar el Banco Atlas y que no lo realizó.

Según la Fiscalía, las tran­sacciones analizadas corres­ponden a fondos sustraídos del patrimonio de la Conme­bol por su entonces presi­dente, Nicolás Leoz, y depo­sitados en el Banco Atlas. Entre 2013 y 2016, Leoz habría introducido más de USD 5 millones en efectivo y firmó contratos de fidei­comisos por USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones, sin que el banco haya veri­ficado a cabalidad el origen lícito de los recursos, pese a que Leoz ya tenía un perfil “en rojo” y ya pesaba sobre él una extradición desde los Estados Unidos.

Es así que casos como los descritos aquí la incohe­rencia queda expuesta si se mira el contexto histórico: cuando un gobierno aliado a ellos persiguió abiertamente a adversarios políticos, con el uso instrumental de ins­tituciones del Estado, en Abc Color no solo se ignoró el hecho de utilizar a insti­tuciones como la Seprelad como garrote político, sino que lo defendió.

El problema no es la defensa de la libertad de prensa -que es absolutamente legítima y necesaria y que el gobierno de Santiago Peña defiende a rajatablas- sino la manipu­lación discursiva en función del propio interés corpora­tivo. En el mundo Zuccoli­llo, la persecución solo existe cuando afecta a los suyos; cuando la ejercen sus alia­dos, la narrativa se trans­forma en silencio.