• Por Aníbal Saucedo Rodas
  • Periodista, docente y político

El hambre es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, apuntaba en un discurso don Federico Mayor Zaragoza, entonces director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con una lucidez intelectual que aún mantiene intacta a sus noventa años. Lanzaba esta desgarradora proclama a mediados de los 90, cuando terminaba “un siglo de progreso inigualable, junto a una desigualdad también inigualable”. Lo hacía en un mundo donde la bipolaridad administrada por dos potencias había adquirido otros contornos: la gigantesca brecha entre los países cada vez más opulentos que exportan consumismo y los pueblos cada vez más empobrecidos, cuya deuda externa se incrementaba en detrimento de la deuda social interna, ensanchado los márgenes de la exclusión social. La educación –subrayaba– es el puente entre la esclavitud (engendrada por la miseria y la ignorancia) y la libertad. A las que, sumada la solidaridad, garantizan y dinamizan “el triángulo interactivo formado por la paz, el desarrollo y la democracia”. En las primeras dos décadas de este nuevo siglo, la crisis de la desigualdad diagnosticada en 1996 no había cambiado de rumbo: el 20 por ciento de la población mundial dispone del 85 por ciento de la riqueza del planeta. Es por ello que este intelectual español insistía tres años atrás: “Tenemos que acabar con el hambre y la pobreza”.

Paraguay no está inmune a los síntomas de este paisaje desolador. La Encuesta Permanente de Hogares que en 2022 llevó adelante el Instituto Nacional de Estadística desnudó un preocupante aumento de la pobreza extrema en el país en relación con el año anterior. De acuerdo con el informe, elaborado con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), eran 414.867 las personas que pasaron a ubicarse en esa franja que representa el deterioro, también extremo, de su calidad de vida. La página oficial de esta institución estatal relataba, en aquel momento, que “los hogares o personas que afrontan una inseguridad alimentaria grave es probable que se hayan quedado sin alimentos, experimentando hambre y, en las situaciones más extremas, hayan pasado varios días sin comer, lo cual pone su salud y bienestar en grave riesgo”. Considerando estas cifras, es lícito deducir que los programas de contenido social que, incluso, fueron ampliando sus bases, solo sirvieron, quizás, como elementos de contención para que esta crítica situación no se desbordara aún más, pero no están logrando que la gente emigre de la pobreza en general hacia un estadio de mayor dignidad humana, escapando de la marginalidad y satisfaciendo plenamente sus necesidades básicas.

El 25 de setiembre de 2015, las Naciones Unidades, a través de sus líderes mundiales, adoptó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que son considerados como “el corazón de la Agenda 2030″ y que en esta parte del continente contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En la fundamentación de su “Objetivo 2: hambre cero”, expresa que sostienen el ideal de “crear un mundo libre de hambre para 2030. El problema global del hambre y la inseguridad alimentaria han demostrado un aumento alarmante desde 2015 (…) Se estima que 2.400 millones de personas se enfrentaron a inseguridad alimentaria de moderada a grave en 2022, lo que significa que carecen de acceso a una alimentación suficiente”.

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La experiencia “Hambre cero” en Brasil tuvo indicadores satisfactorios desde su implementación en 2003, al punto que la FAO lo había declarado como “país libre de hambre”; sin embargo, para 2018, volvió a ingresar al mapa de la inseguridad alimentaria severa a raíz de los cambios en la conducción gubernamental (El País, de España, 3 de febrero de 2021). En México, dentro de este mismo contexto, aplicaron estrategias tales como Comedores Comunitarios, Escuelas de Tiempo Completo, Tarjetas Sin Hambre (permiten a las familias adquirir alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles), Suplementos Alimenticios, Programa de Abasto Social de Leche, Programa de Desayunos Escolares del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con avances y retrocesos, pero con un saldo promedio positivo. Que estos ejemplos nos sirvan de muestra.

Nuestro país ha optado por el programa “Hambre cero en las escuelas”, que tiene como prioridad cubrir el almuerzo escolar al ciento por ciento de los estudiantes de las instituciones públicas y las privadas subvencionadas por el Estado durante los 180 días lectivos anuales. La premisa es sencilla: un niño bien alimentado aprende mejor. Y la educación –en célebre frase de Simón Bolívar– es la clave de la libertad. Sin embargo, ha encontrado voces disidentes dentro de la oposición y sus aliados mediáticos en cuanto a las fuentes de financiamiento y los responsables de su ejecución. Es lógico suponer que estamos ante una línea de acción que tendrá un punto de comunión con otros proyectos con la misma finalidad de disminuir los índices de pobreza. Por tanto, sería razonable que el presidente de la República convoque a una cumbre de líderes sociales y de partidos políticos, con o sin representación en el Congreso, donde los técnicos tendrían que explicar los fundamentos y alcances de este planteamiento que, si nos guiáramos por su nombre, sería racionalmente imposible de rechazar. El diálogo es el único camino que puede acercarnos al consenso, puntual en este caso. De acuerdo con la Agenda 2030, aún tenemos por delante seis años para “poner fin al hambre”. Buen provecho.

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