El filósofo Aristóteles (384 a.C) fue uno de los grandes estudiosos de la ética, la cual entendía como el compromiso efectivo del hombre que debería llevarlo a su perfeccionamiento personal, es decir, todo aquello que hace cada uno para ser mejor persona. Se refería más bien a una decisión interna y libre que no representa una simple aceptación de lo que otros piensan, dicen y hacen.

De hecho, consideraba a la ética y la política como dos campos de estudio relacionados pero separados, ya que la ética persigue el bien del individuo, mientras que la política busca el bien de la ciudad-estado.

Dicen que, ante la pregunta: ¿Qué es mejor, el gobierno de los hombres o el de las leyes?, los antiguos griegos, a los que gustaban practicar la filosofía, respondían que cuando las leyes son buenas, benefician a la comunidad, siempre que los hombres las respeten y las apliquen; pero, ante la evidencia de que estas no se respetaban, la respuesta era contar con hombres buenos, ya que estos, además de actuar correctamente en cada uno de sus actos, respetaban la ley.

Como es sabido, la ética estudia precisamente los actos voluntarios que el hombre controla de modo consciente y de los cuales es también individualmente responsable.

Algunos sectores de la opinión pública han cuestionado en los últimos días la posición asumida por el presidente de la República, Santiago Peña, cuando fue consultado sobre los casos de nepotismo en el sector público que afectan principalmente a legisladores, quienes han hecho uso y abuso de sus prerrogativas para ubicar a sus familiares y amigos en los cargos denominados “de confianza”.

Aunque dichos nombramientos o contratos pueden estar revestidos de supuesta “legalidad”, lo que se critica es la conducta ética y moral de los parlamentarios, quienes sin ningún rubor admiten haber solicitado dichas contrataciones, rayando el tráfico y uso indebido de influencias, por los que incluso podrían llegar a ser procesados.

Por eso, tiene razón el jefe de Estado cuando insiste en la necesidad de desarrollar reglas más claras para el acceso al servicio público, y lejos de hablar de un incumplimiento de las leyes y reglamentaciones, en realidad debería comenzar a hablarse de un problema ético y moral, pues dichos factores chocan de manera directa contra la aplicación de las leyes. Es que la conducta ética no se puede imponer, pues por algo se dice que la ética es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté observando.

Demás está decir que la desconfianza en las instituciones del país se da precisamente por la ausencia de principios y valores morales en las personas que las dirigen. Al ser las instituciones de carácter público, es importante que nuestros políticos cuenten con una sólida formación ética, entendida esta como la herramienta poderosa que forma la conciencia de los hombres y desarrolla plenamente su capacidad de juicio.

Como vemos, más allá de las leyes, cada uno debe preguntarse si en sus acciones está cumpliendo con las obligaciones a las que está llamado como ciudadano y persona de bien y si estas labores se ajustan a la justicia y la verdad como ideales. El resto vendrá por añadidura. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.