Somos un país pequeño, con un poco más de 6 millones de habitantes, por lo que no justifica que en plena era de la tecnología sigamos teniendo más de 406.000 funcionarios públicos, aportando en su gran mayoría un limitado valor agregado, pero multimillonarios montos en pago de salarios.
Se habla mucho acerca de la necesidad de dar el lugar que corresponde a la meritocracia, idoneidad, capacidad de gestión y trayectoria profesional que nos permita poder tener una administración pública de calidad comprobada, que toda la ciudadanía anhela, pues a través del pago de sus impuestos permite que estos funcionarios puedan seguir percibiendo sus salarios mes a mes.
La mayoría de nuestras instituciones públicas siguen adoleciendo de una deficiencia estructural donde tenemos a muchísimos funcionarios con escasa preparación académica y técnica ocupando posiciones de relevancia, por lo que difícilmente podrán llegar a desempeñarse en forma eficiente, tornando por ende complicado que puedan exigir calidad y eficiencia a los mandos medios para abajo dentro de su estructura organizacional.
Siguen absorbiendo el mayor porcentaje de los ingresos presupuestarios, ya que se deben provisionar para el pago de gastos rígidos (sueldos y salarios) más del 80 por ciento de lo asignado dentro del PGN, quedando en contrapartida relegados otros sectores prioritarios para el desarrollo del país como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Santiago Peña señaló la necesidad de contar con reglas claras dentro de la función pública, remarcando que el Parlamento pueda tratar al inicio del próximo periodo legislativo el proyecto de reforma del servicio civil, donde se puedan establecer claramente las coordenadas para el ingreso, permanencia y salida de los funcionarios públicos.
Resaltó la importancia de establecer concursos competitivos para el ingreso a la función pública que permitan que sean los más capaces e idóneos los que tengan chances de ocupar una determinada posición dentro de los entes. Siempre tuvo que haber sido así, pero no se cumple.
Creemos que de una vez por todas debemos priorizar la calidad del nivel académico y técnico de los servidores públicos, que hoy por hoy en la mayoría de las instituciones no están a la altura de su posición y responsabilidad asignádales no permitiendo tener un Estado moderno, acorde al mundo globalizado en que vivimos.
Es hora de que dejemos atrás el clientelismo y prebendarismo, y contar con una ley del servicio civil que incluya con claridad y transparencia los perfiles del puesto, conocimientos técnicos y académicos que los requieran para que aquel que estudia y se sacrifica por ser mejor persona y profesional tenga posibilidades de ser tenido en cuenta como corresponde.
Dentro de las instituciones del Estado muchos son capaces e idóneos, pero subutilizados, por lo que precisamos de una reingeniería que nos permita aprovechar los talentos y reubicarlos o darles otro destino a los que no rinden en función a la posición y responsabilidad que les son asignadas o que den un “paso al costado” de ser necesario si no dan valor agregado.
Es hora de que a los que muestran meritocracia, capacidad e idoneidad se los mantenga y se los promocione para que podamos tener una administración pública moderna con servidores honestos, capaces y patriotas.
La ciudadanía está harta de la ineptitud de muchísimos funcionarios que ingresan a la función pública no precisamente por los valores arriba mencionados, lo que determina que cualitativamente se torne difícil la toma de decisiones que requerimos dentro de un mundo ya casi totalmente globalizado e integrado.
Así como las entidades financieras vienen reinventándose cada día desde el punto de vista tecnológico, para ofrecerles a sus clientes la calidad de atención que se los merecen, a través de la implementación de diversas aplicaciones, permitiendo que desde la comodidad de su casa u oficina, realicen una infinidad de transacciones que antes solo eran posible hacerlo “in situ”, también es aplicable al sector público si nos proponemos con profesionalismo y sin fanatismo.