Sin identificar nombres, por razones de procedimiento, Óscar Orué, director de Ingresos Tributarios, puso como ejemplo el caso de una empresa importadora que entre enero y agosto de este año tributaba en concepto de impuestos en lo que era la Aduanas, un promedio de G. 400 millones por mes. Desde agosto, tras la fusión de la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección Nacional de Aduanas, esta misma importadora pasó a pagarle al fisco más de G. 3.500 millones al mes.

Es decir, evadía al mes cerca de G. 3.100 millones. “Tenían el arco libre para operar”, confiesa Orué. De enero a agosto de este año (era Abdo), las recaudaciones bajaron en comparación al año 2022, desde agosto a diciembre (nuevo gobierno), los número se triplicaron incluso con menos volúmenes de importación. ¿Qué pasó? Según explica el funcionario, “tolerancia cero” a la corrupción. Sin embargo, de manera maliciosa, un consultor económico fustigó contra la administración actual por la reducción en las recaudaciones comparando el 2022 con este año. Pequeño detalle, obvió que ocho meses de este 2023 seguía al frente del país Mario Abdo, y menos aún consideró estos últimos datos expuestos. Cero honestidad intelectual.

El operativo Dakovo, relacionado al esquema de armatráfico, además de desmantelar la organización, confirmó que los importadores que proveían armas al crimen organizado (PCC-Comando Vermelho) nunca fueron molestados en el gobierno de Mario Abdo, pese a que ya tenían la información en 2021 de cómo estaba operando el esquema en complicidad con la Dimabal. “Lo afirmo de manera categórica, tenían el arco libre para hacer lo que querían”, declaró Jalil Rachid, ministro de la Senad.

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Las autoridades brasileñas aguardaron el cambio de gobierno para disponer el procedimiento conjunto con las autoridades paraguayas para los allanamientos, porque no había confianza en quienes estaban anteriormente en el poder, sobre todo luego de los vínculos del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio con el presunto narco Marcus Vinicius Espíndola.

La puesta en vigencia de la Ley de Jubilaciones y Pensiones, a pesar de la campaña maliciosa de un sector de la prensa carroñera y la oposición tilinga, viene a ponerle punto final a la discrecionalidad en el manejo de las cajas de jubilaciones. “Le pusimos un arquero al arco libre”, dijo el senador Gustavo Leite. En 15 años, el Estado tuvo que invertir USD 2.335 millones para calzar las deficitarias cajas de jubilaciones.

Y cerramos la semana pasada con el anuncio del procurador general de la República, Marco Aurelio González, de que Paraguay recibió la notificación del laudo arbitral internacional, en la demanda de Mota-Engil contra el MOPC. Se determina que el MOPC debe pagar a la empresa portuguesa cerca de USD 17 millones. “Mala gestión en la defensa de los intereses del Estado por parte del gobierno anterior”, es decir, los abogados de la empresa tuvieron arco libre para actuar sin que desde el Estado, era Abdo, se reaccione. Una obra que estaba avanzando y que por odio y capricho político, sumado a la campaña de cierta prensa, truncaron el proyecto y cancelaron el contrato. Un ejemplo de lo caro que nos cuesta a los paraguayos, los improvisados y la prensa que destila odio. La política del arco libre de Abdo casi termina liquidando al país. Necesitamos varios buenos arqueros para salvar al Paraguay. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.

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