En los últimos días, tres presidentes de países fueron noticia por diferentes motivos. El primero, el mandatario ruso Vladimir Putin, quien no contento con la guerra que libra contra Ucrania, ahora avisó que piensa en candidatarse de nuevo para permanecer en el Kremlin durante otros seis años más.

El viernes 8 de diciembre, día de la Virgen de Caacupé, Putin anunció que planea presentarse el 17 de marzo en las elecciones presidenciales, y de ganar, sería su quinto periodo. Antes completó dos de cuatro años y otros dos de seis.

Esta decisión no es una sorpresa puesto que un hombre tan poderoso, al abandonar la cúspide, quedaría expuesto a peligrosas represalias de sus adversarios. Por ejemplo, todavía quedan dudas sobre la muerte ocurrida hace cuatro meses de Yevgeny Prigozhin, el líder del Grupo Wagner, que lo desafiara abiertamente y que falleciera “accidentalmente” en un vuelo de avión. Tampoco sorprende la actual noticia de la desaparición desde hace una semana de Alexei Navalny, el principal opositor de Putin, quien cumplía una condena de 30 años en prisión. Extrañados, sus abogados fueron informados de que el condenado “ya no figura en la lista de la colonia penal IK-6″.

El segundo presidente que fue noticia es Nayib Bukele. Como Putin, el mandatario salvadoreño tiene miles de enemigos, como los Mara Salvatrucha, para los que mandó construir especialmente la mayor cárcel de Latinoamérica, con capacidad para más de 40.000 pandilleros.

Lo curioso es que, a pesar de que la Constitución de su país lo prohíba, Bukele se presentará a los comicios del 4 de febrero para otro periodo de cinco años, esto gracias a un fallo del Tribunal Supremo Electoral que habilitó su candidatura.

Pero lo realmente sorprendente no es que quiera la reelección, hecho normal para todos los que prueban las mieles de las alturas, sino que en transmisión nacional por televisión citó a todos sus ministros y en vivo pidió al fiscal general del Estado que los investigue a todos antes de irse, puesto que no solo quería ser recordado como el presidente que no robó, sino que además tampoco permitió impunidad a sus colaboradores más cercanos. Todos se quedaron con la boca abierta, tanto la teleaudiencia como los ministros y hasta el propio fiscal general.

Supongo que a Mario Abdo jamás se le hubiera ocurrido hacer un pedido semejante, menos decir que fue un presidente que no robó. Mientras, el fiscal general sigue buscando ladrones de gallinas.

El tercer presidente que fue noticia es Javier Milei, no por haber asumido a la Presidencia de Argentina hace seis días, tampoco por sus primeros discursos como mandatario ni por los memes que generó ese hecho, tampoco por las draconianas medidas que anunció que implementará su gobierno.

Lo resaltante es la advertencia que hizo hace dos días sobre las sanciones severas que recibirán los manifestantes que cierren las rutas, tanto para “el que corta, el que transporta, el que organiza y al que financia”. Los poderosos sindicatos como Unidad Piquetera (UP) y Polo Obrero ya se organizaron para darle batalla al nuevo gobierno, que tendrá que enfrentar su primera prueba de fuego.

Durante su campaña, en cierta ocasión le habían preguntado a Milei sobre qué pensaba de drogarse. Él respondió, como muchas veces antes, que “el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Por lo tanto, la persona puede hacer de su vida lo que le dé la gana, mientras no agreda al resto”. Aplicado a los manifestantes, podrían protestar todo lo que les diera la gana, pero al cerrar una ruta ya agrede a los demás.

Como muchos presidentes que no quieren dejar el poder, la mayoría de los sindicalistas hace años están enquistados en sus cargos solo para beneficios personales y no reportan algo positivo a la sociedad y ni siquiera a los que dicen representar.

¿Por qué un sindicalista se cree con derecho de ordenar cerrar rutas si perjudica a terceros que nada tienen que ver con su lucha? ¿O por qué amenaza con cortar la energía eléctrica? Es el primero en huir de las consecuencias si un paciente en ambulancia no llega al hospital, o cuando le priva a un estudiante de su obligación de asistir a clases. O cuando un operador está trabajando y no puede quedarse sin electricidad.

Los presidentes deberían reconocer que no son eternos y los sindicalistas entender que su derecho termina donde comienza el de otros.