- Por Aníbal Saucedo Rodas
- Periodista, docente y político
La corrupción, como uno de los focos multiplicadores de la pobreza y la exclusión social, es un mal endémico que por décadas ha venido deteriorando el tejido social de la nación, desarticulando los vínculos de la convivencia comunitaria. Convivencia que solía sostenerse sobre los valores del interés común, la honestidad, la equidad, la justicia, la solidaridad y la libertad.
La sociología ya no la estudia como un fenómeno aislado, sino sistémico, razón por la cual requiere de un tratamiento igual para su desarraigo cultural. Debe ser encarada como un proceso multidisciplinario para que deje de ser una práctica tolerada a raíz de la impunidad que provoca el círculo vicioso de la reincidencia. Y como no hay sanciones, es una puerta abierta para la incorporación de nuevos socios al club de los inescrupulosos. De los que, en términos entendibles, construyeron su fortuna saqueando al Estado.
Destruyendo a su paso las instituciones, desgastándolas al ras del descrédito y el escepticismo ciudadanos. ¿Estamos dibujando un paisaje fatalista, de irreversible pesimismo? No. Al contrario, es la realidad de la cual debemos partir para plantear la transformación radical de un modelo de conducción donde el poder solo era un pretexto para el latrocinio y que puede arrastrarnos hacia los peligrosos límites del desencanto por la democracia, una advertencia global que venimos escuchando desde la década de los 90. Ningún crimen debe permanecer sin castigo.
Sobre todo, por chantajes o extorsiones políticas. O por espurios pactos para una engañosa gobernabilidad que ya de por sí tendrá un cimiento de escombros, insostenible y derruido. Todo esto ya habíamos escrito como un aviso al actual presidente de la República, Santiago Peña, antes, incluso, de que asumiera el cargo.
Esta preocupación no es nueva ni exclusivamente local. Ni mucho menos. Inquieta a la sociedad universal. Porque es prácticamente imposible cerrar todas las aberturas para evitar la corrupción posible. Donde ningún gobierno debe transigir es con la impunidad. El promocionado eslogan “caiga quien caiga” del exmandatario Mario Abdo Benítez solo sirvió para sus enemigos políticos. Sus amigos, familiares, cómplices y recaudadores encontraron las bóvedas abiertas para delinquir a costa del erario, principalmente, en las empresas hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá. Y lo hicieron con la soberbia de los intocables. Creyendo que el brazo de la justicia es demasiado corto para alcanzarlos. En los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, Salud Pública y Bienestar Social y Educación y Ciencias quedaron registros que ameritan ser elevados ante la Fiscalía General del Estado. Será la primera evidencia de que la lucha contra la corrupción ha ganado un espacio de confianza en la sociedad.
La fórmula planteada por el catedrático norteamericano Robert Klitgaard (ya citado en varios artículos anteriores) no es muy compleja si existe voluntad política para llevarla a cabo: “Las estrategias que dan resultado comienzan con ‘freír algunos peces gordos’. Cuando existe una cultura de realizar actos de corrupción con impunidad, la única forma de empezar a desbaratarla es que se condene y castigue a varias figuras importantes de la corrupción”. Y aquí viene la pieza clave: “Puesto que una campaña contra la corrupción muchas veces puede convertirse en una campaña contra la oposición, el primer pez gordo que se fría debe pertenecer al partido que esté en el poder”. Y ahí tenemos peces de gran volumen para tirarlos a la sartén.
La Carta Pastoral de la Iglesia católica paraguaya del 12 de junio de 1979, que se ocupa de la corrupción pública y privada, sigue conmoviendo los pisos de nuestra nación: “La quiebra de los valores morales en nuestra sociedad nos afecta profundamente: toca las raíces mismas de la comunidad nacional. El ritmo creciente en que suceden los hechos delictuosos, la impunidad de que gozan sus autores, la reacción cada vez más resignada y permisiva de la gente nos debe alarmar a todos, pero especialmente a los cristianos, que queremos ser la conciencia moral de la nación y el fermento liberador de nuestra sociedad”. Y añade lo que todos ya sabemos y que cada vez está más vigente: “El predominio del dinero, el ídolo de la riqueza como valor supremo, que exige adoradores incondicionales y sacrificios crueles (…) He aquí la primera fuente de la corrupción. Hay que conseguir dinero de cualquier modo”. Es el mejor retrato del gobierno que se fue del poder, aunque la impunidad de la que goza hasta hoy continúa lacerando la piel y el corazón de la sociedad.
La Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción, producto de una cumbre de poderes del Estado, tiene ante sí su primer desafío: una auditoría externa encargada por la Entidad Binacional Yacyretá en los rubros de fibra óptica y víveres que debían ser destinados a los sectores más vulnerables del país, durante la administración de Nicanor Duarte Frutos. Quedó a luz que cuatro empresas fueron las beneficiadas mediante procedimientos oscuros y direccionados. El informe final supone varios delitos, siendo el más visible la lesión de confianza. La recomendación, de acuerdo con lo que nos comentaron, es que dicho trabajo sea elevado al Ministerio Público para una investigación más profunda. Por de pronto, el documento podría ser socializado por las propias autoridades de la EBY, dentro del marco de la transparencia, aplicándose el axioma formulado por Norberto Bobbio: la democracia es el poder público ejercido en público. Es tiempo de freír algún pez gordo. Buen provecho.