• Por el Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA
• jzaratelazaro@gmail.com

El anteproyecto del PGN 2024, presentado al Congreso Nacional por el Ministerio de Economía, si bien incorpora un incremento del 6,8 por ciento vs. el vigente a la fecha, focalizando mayores recursos para inversiones en salud, educación y seguridad, sigue siendo ultradeficiente, si tenemos en cuenta a las ingentes necesidades a nivel país que se observan en dichos sectores.

El 87 por ciento del total incorporado dentro del Plan de Gastos está destinado a la cobertura de gastos rígidos (en su mayor parte destinado al pago de salarios y otros beneficios mensuales) a los funcionarios de la administración pública, que a la fecha suman más de 406.000, un despropósito total para un país pequeño como el nuestro, donde ahora “nos desayunamos” que no superábamos los 7,4 millones de habitantes, sino que apenitas somos un poco más de 6,1 millones, lo que con más razón aún hace ultranecesario que todas las instituciones del Gobierno trabajen y se aboquen a full a través de sus direcciones de talento humano a realizar un relevamiento global de la cantidad de funcionarios de cada una de ellas y las funciones específicas que desarrollan.

Tengo la cuasiplena seguridad de que nos encontraremos con muchas “sorpresitas”, pues solo en el primer trimestre de este año, el gobierno que se fue incorporó a más de 76.000 nuevos funcionarios, totalmente inaceptable en pleno siglo XXI en donde la tecnología y los procesos digitales los tenemos al alcance de un clic, lo que de por sí nuestro sentido común nos dice que con no más del 70 por ciento de la plantilla global actual, compuesto por personas inteligentes, talentosas, proactivas y con capacidad innovativa y creativa, la administración pública a nivel país podría ser manejada “de taquito”.

Todo lo que señalamos no debería de sorprender a nadie, dado que por citar algunos casos solo en el IPS, el presidente del Consejo dijo que al cierre de 2018 la institución contaba con 16.000 funcionarios, y que durante el último periodo presidencial se han incorporado 10.000 funcionarios adicionales.

Quizás sería probable que se hayan dado necesidades puntuales, teniendo en cuenta la última pandemia sanitaria, pero para salir de las dudas se debería hacer una auditoría interna institucional que cubra todo el espectro de su estructura, ya que es casi seguro que posterior a ello “salte la liebre” en muchas reparticiones.

Resulta doloroso tomar decisiones “antipáticas” de tener que despedir gente, pero si realizado el relevamiento se encuentran que muchas de ellas no cumplen funciones específicas y, por ende, tampoco aportan valor agregado a la institución, deberían ser cesados en sus funciones.

Lo mismo ocurrió en Petropar, donde fueron desafectados unos 500 funcionarios, quienes también si bien tenían contratos, no desempeñaban aparentemente funciones específicas.

También el recientemente director de la EBY ha dicho que, de ser necesario, realizarán una depuración de todos aquellos que los denominó “posibles planilleros” y es casi seguro de que los haya.

Muy probablemente en todas las demás instituciones del PE se encontrarían con “muchas perlitas” si realizan un buen trabajo de auditoría interna a nivel corporativo.

Esta es una de las razones por las cuales para el próximo año se destinarían no menos del 87 por ciento de lo recaudado para dichos propósitos, por lo que ya en forma proactiva todos los responsables de las instituciones (ministros, presidentes de entes, directores, etcétera) deberían hacer dicho relevamiento departamento por departamento y si es necesario abocarse a una racionalización, pues no hay vuelta que dar. Habrá que hacerlo.

No puede ser que apenas el 13 por ciento de la proyección de ingresos del fisco tenga que ser destinado a salud, educación y seguridad. Con ese porcentaje en valores relativos y absolutos “no podremos ir ni al mercado”.

Estamos aún a tiempo, por lo que se espera que dentro de estos primeros 100 días de gobierno todas las instituciones se aboquen a realizar dicho trabajo de depuración y racionalización de su plantilla de personal, recursos que muy bien a posteriori podrían ser redireccionados a los tres sectores arriba mencionados que son de primerísima necesidad a nivel nacional.

Resulta doloroso tomar decisiones “antipáticas” de tener que despedir gente, pero si realizado el relevamiento se encuentran que muchas de ellas no cumplen funciones específicas y, por ende, tampoco aportan valor agregado a la institución, deberían ser cesados en sus funciones.