- Por Jorge Torres Romero
- Columnista
Fue una bravuconada la del ministro argentino de Transporte, Diego Giuliano, quien en medio de toda la tensión que se generó por el ilegal cobro de peaje en la hidrovía Paraná-Paraguay reclamó al presidente de la República, Santiago Peña, por una supuesta deuda histórica de la Entidad Binacional Yacyretá que ya lleva más de 30 años.
En primer lugar, en términos diplomáticos, constituye una falta de respeto a la investidura presidencial, puesto que no corresponde que un funcionario de menor rango se dirija en dichos términos a un jefe de Estado; y, en segundo lugar, demuestra su total ignorancia acerca de la caótica situación financiera por la que atraviesa desde hace años la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), como consecuencia precisamente de la desidia del gobierno argentino, que no dio seguimiento al acta de entendimiento firmada por los presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri en mayo de 2017.
Dicho acuerdo se cerró luego de dos años y medio de intensas negociaciones basadas en la revisión del Anexo C del Tratado de Yacyretá, que venció en 2014; y se dio en un marco de entendimiento y de comprensión mutua para poner un punto final y establecer un nuevo inicio a todo lo que implica el ordenamiento administrativo de la EBY.
El objetivo principal de las negociaciones iniciadas con Argentina era sanear las cuentas de la entidad para tornarla viable económica y financieramente, no sin antes regularizar los procesos de comercialización de la energía generada por la central binacional, que hasta el momento se rige por las condiciones establecidas en la ilegal nota reversal de 1992.
El Acuerdo Cartes-Macri fijaba la deuda histórica de Yacyretá con el Tesoro argentino en alrededor de USD 4.084 millones, monto que podría incluso ser menor atendiendo a la eliminación de los intereses. Otro aspecto muy conveniente para la Entidad fue que el periodo de pago se fijó en un plazo de 30 años, con 10 años de gracia, por lo que se debía comenzar a pagar en el año 11 del acuerdo una vez que entre en vigor y sea ratificado por los Congresos de ambos países.
El Legislativo paraguayo cumplió con su parte y lo aprobó, pese a las objeciones iniciales que tuvo; en cambio, el Congreso argentino ni siquiera le dio entrada al documento para su tratamiento y aprobación.
Por consiguiente, es a la Cancillería de su país que el señor Giuliano debería reclamar por la desidia y la falta de interés en solucionar un problema que ellos mismos crearon al dejar por años sin recursos a la EBY.
En realidad, el que debería reclamar un pago de Yacyretá es el Paraguay, cuyo territorio fue inundado en un 80 % por el embalse para hacer posible la represa que genera la energía que, por si fuera poco, es la Argentina la que utiliza en mayor proporción. Se estima que el 95 % de toda la energía generada en más de 30 años de producción de la central hidroeléctrica fue aprovechada por el sistema eléctrico argentino.
Entonces, la verdadera deuda por la que deberían preocuparse las autoridades en Yacyretá es con el Estado paraguayo por su territorio inundado, la cual fue establecida en alrededor de USD 1.000 millones. Este dinero debía ser desembolsado precisamente desde este año 2023, en 10 años y en cuotas consecutivas, según el acuerdo de 2017.
Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández y el kirchnerismo dejaron las cosas como estaban y no se pudo avanzar en la solución definitiva a la crisis financiera que, al final, perjudica a la empresa binacional, puesto que la central hidroeléctrica no tiene ni siquiera una tarifa definida y esto hace que todos los pagos se hagan “a cuenta”. En el caso de Argentina es peor, puesto que al ser el mayor consumidor, siempre usó la energía y pagó como quiso y cuando quiso por ella.
Es momento que el presidente Santiago Peña se ponga firme y no permita que sigan los abusos del país vecino. Mantener el statu quo en Yacyretá solo beneficia a la Argentina y la pregunta que surge es ¿por cuánto tiempo más lo permitirán nuestras autoridades? Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.