El Viceministerio de Mipymes y el equipo técnico de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (Cispy), junto a intendentes de Cordillera, trabajan en un plan de trabajo a fin de potenciar el reciclaje y el desarrollo del ecosistema de economía circular en municipios del interior del país.

Para ello se reunieron a fin de evaluar el proyecto mediante una experiencia piloto de gestión y valorización de residuos, que permita articular esfuerzos entre el Gobierno, los gobiernos municipales, con el sector privado para promover al reciclaje como motor de crecimiento local.

La institución realizó una reunión con seis jefes comunales con la iniciativa de identificar en conjunto las principales oportunidades y desafíos vinculados a la reutilización de residuos en los municipios, de manera a diseñar estrategias que faciliten la formalización de actores del sector que generen nuevas oportunidades económicas y fortalezcan el ecosistema de economía circular.

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“La propuesta apunta a que Cordillera se convierta en la primera experiencia de articulación territorial en torno al reciclaje, permitiendo luego replicar el modelo en otros departamentos del país”, destacaron.

Durante la reunión también se abordaron acciones para fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la zona, así como iniciativas destinadas a impulsar el emprendedurismo local con un enfoque ambiental y productivo.

A su vez, apuntarán a ampliar la presencia de programas del Ministerio de Industria y Comercio en los municipios, incluyendo la implementación de planes orientados a mejorar la competitividad de las mipymes y emprendedores, así como la apertura de nuevos espacios de asistencia empresarial.

También, resaltaron que desde la cartera buscan acercar las políticas públicas al interior del país, promoviendo más oportunidades de desarrollo productivo, generación de ingresos en las comunidades, y trabajo formal.

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El gobernador de Alto Paraná, César Torres, refirió que ya tuvo oportunidad de dialogar con el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana, quienes le manifestaron que estarán conversando con los legisladores para ver la posibilidad de que se pueda revertir la decisión de retirar la administración del programa de Hambre Cero y pasarla al Ministerio de Desarrollo Social.

“En estos un año y seis meses de implementación del programa Hambre Cero, con una cobertura de más de 130.000 alumnos en más de 500 instituciones educativas, no hemos tenido ninguna denuncia que ponga en riesgo el programa. Ni ninguna situación que amerite algún tipo de intervención. Después de lo sucedido en el Senado tuve oportunidad de hablar con el vicepresidente Alliana y el presidente Peña, quien me dijo que estarán dialogando para revertir esto”, relató el jefe departamental a través de la 1000 AM.

Agregó que el presidente Peña le había manifestado de que estaba de acuerdo con que sean las gobernaciones las que continúen administrando el programa. “Teniendo en cuenta que la idea había nacido del propio presidente de la República, que, en su momento, nos había llamado a nosotros los gobernadores y nos propuso que el programa pueda aterrizar y ser ejecutado en todos los distritos del Paraguay a través de las gobernaciones”, explicó.

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El gobernador Torres, aclaró que no tuvo aun oportunidad de hablar con ningún legislador; no obstante, señaló que la ciudadanía altoparanaense sabe y conoce la forma como se está trabajando. “Nosotros seguiremos trabajando en esta misma línea, no vamos a cruzar los brazos, con o sin el programa Hambre Cero, vamos a seguir trabajando", puntualizó.

“Tengo una trayectoria de 15 años dentro de la función pública. Estuve como concejal en la junta municipal de la ciudad de Santa Rita. En el 2015 fui electo intendente municipal, reelecto con el 84 %. Mi propia gestión me abrió las puertas para ser candidato a gobernador y hoy ejerzo ese cargo que por primera vez en la historia, el gobernador no es de la capital departamental”, agregó.

“Pero esto no nos va a doblegar, vamos a trabajar con mucha más fuerza. Creo que la idea fue solamente darnos un akapete’i, pero creo que les saldrá el tiro por la culata. Porque yo me siento muy cómodo dentro del movimiento Honor Colorado, a pesar de esta situación”, concluyó Torres.

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• Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
• MBA

Se hace muy necesario que podamos avanzar con la reforma estructural del Estado, siendo uno de los aspectos de mayor relevancia la revisión y evaluación a fondo de la capacidad e idoneidad del 100 % de la plantilla de funcionarios del sector público en sus tres poderes, donde una parte importante sigue dejando mucho que desear.

Con la promulgación y reglamentación de la Ley del Servicio Civil ya no caben las excusas para que de una vez por todas en todos los entes que forman parte del Poder Ejecutivo, se pueda hacer la depuración que necesaria fuere.

Esto, para permitir que en todas las instituciones a través de una buena y profesional reingeniería puedan formar parte de su estructura organizacional los más idóneos y capaces, pues el objetivo primario debe ser la profesionalización al máximo de todos los servidores públicos .

A esta altura ya el viceministerio de Capital Humano debería haber solicitado a todos los ministerios y secretarías ejecutivas que dependen del PE los resultados obtenidos hasta ahora, dado que ya han transcurrido varios meses de su promulgación y reglamentación, donde el propósito primario era mejorar la actual estructura organizacional de los mismos.

Así, dándoles mayor eficiencia, agilidad y que sean los funcionarios más idóneos y capaces los que puedan ocupar posiciones de relevancia, para que la ciudadanía sienta una mejor calidad de servicio, disminuyendo la burocracia imperante, que enlentece los flujos de procesos y trámites que la gente realiza, cuyos resultados deberían estar concluidos máximo en 30 días, haciendo uso de la tecnología, y sin embargo, en muchos casos demoran meses y meses sin una explicación lógica.

El viceministerio de Capital Humano y los departamentos de RR. HH. de las diversas instituciones, apoyadas estrechamente por los profesionales en Organización y Métodos (O&M), tienen la obligación de hacer un análisis y evaluación en detalle de la calidad de la plantilla que poseen, para poder reubicar a los más talentosos y capaces y hacer la depuración necesaria, con lo cual se podría racionalizar importantes montos en pagos de salarios y otros beneficios y destinarlos a sectores vulnerables a nivel país, y que a fin de año la ciudadanos puedan visualizar los trabajos de depuración/reorganización que se han venido haciendo.

Dicha legislación, tuvo que haber alcanzado a los tres poderes del Estado, pues nuestra debilidad estructural no se da solo dentro del Poder Ejecutivo, aspecto que los potenciales inversionistas extranjeros sopesan, analizan y evalúan muy bien antes de tomar sus decisiones de radicar sus capitales en nuestro país, independientemente al valor agregado que implica que ahora tengamos un doble grado de inversión en nuestra calificación de riesgo-país.

Se escudan en que son independientes del Ejecutivo y que cuentan con su propio reglamento. Ok, pero que también “se remanguen” y hagan el trabajo de reorganización administrativa, eliminando todo “lo que sea grasa”, que de hecho sigue siendo mayoría.

Un claro ejemplo es el Poder Legislativo, con un número considerable de direcciones, subdirecciones, coordinadores, etc., mucho más allá de sus reales necesidades, y siguen incorporando más funcionarios.

La ley del Servicio Civil debe abarcar globalmente todo lo que atañe a la cualificación de nuestros servidores públicos, a través de coordenadas bien definidas para el ingreso a las diversas instituciones y paralelamente evaluando a través de RR.HH.

La performance de cada uno de ellos, pues si no aportan valor agregado, no hace sentido alguno seguir manteniéndolos, pues es preferible tener menos funcionarios pero que sean capaces, inteligentes, proactivos y que se consideren verdaderos servidores de la ciudadanía, quienes a través del pago de sus impuestos y otros tributos les pagan mes a mes su salario.

De esta forma se estará premiando a la meritocracia, capacidad e idoneidad, como siempre debió haber sido dejando de lado, el prebendarismo, clientelismo político y el “color del pañuelo”, pues muchísimos jóvenes capaces y guapos de verdad están esperando su turno para demostrar que están en condiciones de brindar un excelente servicio, derribando la odiosa burocracia que sigue siendo “un cáncer” en pleno siglo XXI.

El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, expuso los lineamientos estratégicos que orientarán la gestión institucional durante el período febrero 2026–febrero 2027, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional 2026–2030.

El acto fue precedido por palabras del presidente saliente, César Diesel, quien destacó el trabajo desarrollado y formalizó la transición institucional. Participaron también los vicepresidentes primero y segundo, doctores Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander Dans, integrantes del Consejo de Superintendencia.

Durante su intervención, el nuevo titular de la máxima instancia judicial destacó que la conducción del Poder Judicial es una responsabilidad colegiada, señalando que el liderazgo institucional recae en el Pleno y no en una persona en particular. En ese contexto, anunció que la gestión se desarrollará sobre ejes programáticos alineados con el Plan Estratégico Institucional 2026–2030, priorizando eficiencia administrativa, modernización tecnológica y mecanismos de transparencia.

Entre los desafíos centrales mencionó el fortalecimiento del Registro Unificado Nacional (RUN), herramienta estratégica para el desarrollo económico y para el ordenamiento progresivo de situaciones registrales pendientes.

Señaló que su implementación constituye un proceso técnico de largo alcance orientado a dotar de mayor seguridad jurídica al sistema registral. En materia de transparencia institucional, anunció el fortalecimiento del Observatorio de Causas Judiciales Emblemáticas mediante la incorporación de personal permanente, con el objetivo de consolidar un servicio estable de información pública sobre causas de interés ciudadano.

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Asimismo, confirmó la continuidad del sistema de publicación de conclusiones de auditorías internas, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. En el ámbito tecnológico, informó que se impulsará una plataforma accesible para el seguimiento de denuncias ciudadanas, permitiendo mayor trazabilidad y transparencia en la gestión administrativa.

Respecto a la digitalización de procesos, anunció el inicio progresivo de la digitalización de los trámites de nacionalización que se sustancian en la Sala Civil, así como de los sumarios administrativos vinculados al ejercicio de la competencia disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia. El proceso comenzará con la digitalización de notificaciones dirigidas a funcionarios, abogados y escribanos.

Como plan piloto, se prevé la implementación de un sistema de control biométrico para personas procesadas o condenadas que cumplen medidas alternativas en sus domicilios, con el objetivo de optimizar el registro de comparecencias y fortalecer los mecanismos de control. Asimismo, señaló que se trabajará en la reorganización de los modelos de gestión en los juzgados, adecuándolos a la realidad del proceso judicial digital, en coordinación con la Dirección General de Planificación y Desarrollo.

En materia de fortalecimiento institucional, se proyecta avanzar en la digitalización progresiva de juzgados de Paz, con una meta estimada de hasta 59 unidades durante el año, conforme a disponibilidad operativa, dando continuidad a los procesos iniciados recientemente en J. Augusto Saldívar y Capiatá, como parte de un progreso gradual orientado a reducir la dependencia del expediente físico.

Posteriormente destacó la reciente implementación y ampliación del Sistema Integral de Gestión de los Registros Públicos (SIGRE), herramienta que permite la realización de trámites a distancia y que continuará incorporando mejoras progresivas. El presidente concluyó señalando que estos lineamientos constituyen una síntesis inicial de trabajo para el período, cuyo desarrollo será informado oportunamente conforme avance la gestión.

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