- Por Jorge Torres Romero
- Columnista
En 1998 dos ciudadanos paraguayos (Catalino Balbuena y Miriam Balbuena) y un mexicano con cédula paraguaya (Peter Neufeld P.) firmaron unos pagarés por la compra de una camioneta de la firma Tape Ruvicha. No pudieron seguir pagando por el vehículo y dejaron pendiente un pagaré por valor de USD 16 mil. La concesionaria recuperó el rodado y lo puso a remate, pero la deuda quedó.
La abogada de la firma María Silvia Acha inició el juicio ejecutivo para cobrar el saldo pendiente, pero, los deudores afirmaron que no poseían bienes para un eventual embargo. Por esas cosas raras del sistema, la abogada Acha obtuvo de la Dirección de Registros Públicos la copia de un título de propiedad en el Chaco paraguayo, de 2.500 hectáreas, valuadas en USD 5 millones, de un ciudadano canadiense de nombre Peter Neufeld, sin documento paraguayo y metieron en el juicio para un eventual remate a fin de cobrar los USD 16 mil.
Un claro caso de homonimia. Esto no importó a los administradores de justicia y avanzaron con el caso hasta que, finalmente, remataron primero unas 500 hectáreas por valor de G. 250 millones y ahora están en proceso de rematar las 2 mil hectáreas que restan. El ciudadano canadiense, quien se casó con una paraguaya de nombre Ramona Caballero, falleció el año pasado. La viuda inició en enero de este año un juicio de sucesión y ahí de carambolas se entera de que ya perdió parte de su propiedad y está a punto de perderla toda por una deuda que nunca existió para esa familia.
Una artimaña que involucró a jueces, actuarios judiciales y a funcionarios del Registro Público. “La caja negra” reveló la rosca judicial que terminó perjudicando a esta familia que nada tenía que ver en un proceso por deuda impaga. “Yo no esperaba que esto pasara porque mi esposo nunca dejó deudas en Paraguay. Si mi marido no moría, nosotros no nos íbamos a enterar”, lamentó la mujer.
En el expediente figura que el mexicano advirtió que la propiedad del canadiense Peter Neufeld no tenía que ver con él. Pero a la rosca judicial no le importó y avanzaron con el objetivo de despojo. “El poder judicial va a tener que pedirle disculpas a esta señora por los daños y perjuicios ocasionados y van a tener que pagar todo”, dijo el abogado Robin Miranda.
¿Es esta la seguridad jurídica que existe en el Paraguay? La Corte Suprema de Justicia debe lavarse la cara y los nuevos ministros que ingresaron con la promesa de renovación deben actuar. Si no lo hacen, seguiremos afirmando que el principal cáncer del país está en el Poder Judicial. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.