Enviciado de corrupción desde el pri­mer día, el Gobierno quiere retirarse dejando como herencia un Estado quebrado, sin recursos, producto de la rapiña inmisericorde a que sigue sometiendo al Tesoro en los últimos tres meses de su man­dato. Con soberbia ha despreciado el llamado a la cordura y la prudencia de quienes tendrán la responsabilidad de dirigir a la nación a partir del próximo 15 de agosto. Este proceso siempre ha priorizado el latrocinio, mostrando su ros­tro más execrable durante la pandemia provo­cada por el covid-19, apropiándose discrecio­nalmente de un préstamo de 1.600 millones de dólares cuyo destino tendrán que investi­gar las autoridades entrantes. Desde este diario hemos denunciado los más inhumanos hechos de saqueo a costa del dolor de una población que estaba entonces inmersa en la desesperación y la agonía que ensombrecían los hospitales públicos por la carencia de insumos, camas, oxígenos y medicamentos. El saldo de esta tragedia, ampli­ficada por la inutilidad del Gobierno, es de 19.880 al 24 de mayo de este año. En vez de preocuparse por salvar vidas, se encargó de incrementar las ilegales recaudaciones para la corona, y lo hizo con toda la alevosía de su oscura conciencia.

Ahora se multiplicaron de repente las licitacio­nes, con el único y claro objetivo de apoderarse hasta del diezmo de las meriendas y el recreo. El pueblo puede ser muy manso, pero estúpido no es. Como los antiguos piratas, está dispuesto a llevarse hasta el último doblón –moneda de oro– antes de hundir el barco del Estado, hoy a la deriva, con toda la mala fe y la traición.

Será, tal vez, una estrategia de asesores, cre­yendo que la tarea de reconstruir el Estado por el camino de la institucionalidad se encon­trará con un gravoso elemento de distracción para no rastrear las huellas de la corrupción de este Gobierno. Antes de asumir, Santiago Peña deberá armar un ejército de auditores para no dejar impune ningún acto de latrocinio.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

Esperemos que los ladrones en condiciones de ordenar gastos no se declaren luego del 15 de agosto como “víctima de persecución política” cuando aparezcan los primeros resultados de las necesarias auditorías, reiteramos, que tendrán que realizar el nuevo mandatario y su equipo antes de acomodarse siquiera en sus respecti­vos cargos y funciones. La bravata del manda­tario de que con “histeria no se podrá construir una transición ordenada”, en su medio preferido y cómplice, Abc Color, es la reafirmación de una personalidad acomplejada, tosca y escasamente instruida, con toda la arrogancia y prepotencia que lleva en la sangre desde los tiempos en que su padre era el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. La democracia es para él un traje muy difícil de vestir. Tampoco es capaz de abstraer los conceptos, por lo que la semántica fue exiliada de por vida de su mente.

Acusó a Santiago Peña y Lea Giménez de pro­venir del sector privado, por lo que, supues­tamente, no manejan los criterios del Estado. Primero, ambos fueron ministros de Hacienda y, por lo tanto, están plenamente habilitados –intelectual, académica y técnicamente– para efectuar las observaciones puntuales que acer­caron al Poder Ejecutivo sobre temas de gas­tos, recursos y sobrante que quedaría en caja al Gobierno entrante. Y, segundo, ningún perio­dista tuvo la iniciativa de preguntarle qué entiende él por Estado; pues, si lo supiera, no habría dicho tantas barrabasadas.

Argumentó el mandatario que ya está de salida, que hubo una transición ordenada en el 2018, cuando él había ganado las elecciones y Hora­cio Cartes era el presidente de la República. Y eso, en realidad, habla bien de su antecesor que tuvo la educación, la cortesía y la buena volun­tad para propiciar que el traspaso de poder no tuviera rispidez alguna, contrariamente a lo que acontece actualmente, de modo que es fácil colegir que Abdo Benítez y su equipo care­cen de esas cualidades humanas y políticas. Y todas sus actitudes pueden comprenderse en la dificultad para digerir su doble derrota: en las internas del 18 de diciembre, en que el oficia­lismo fue vencido en dos frentes (para la Presi­dencia de la República y la Junta de Gobierno del Partido Colorado), y en las generales del 30 de abril pasado, en que Marito apostó abierta­mente a favor del candidato de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, fustigando ácidamente a Santiago Peña. Nunca fue apto para gobernar. Consecuentemente, durante todo su periodo de gestión, no se apeó del internismo republi­cano. Embriagado todavía de las burbujas de la victoria de cinco años atrás, ahora se encuen­tra a un breve paso de abandonar su inquili­nato en el Palacio de López y Mburuvicha Róga. Ingrato como él solo con quienes le ayudaron a llegar al poder, se dedicó a perseguirlos con un corazón supurando odio, rencor y revanchismo. Canalizó, quizás, sus frustraciones personales, de relacionamiento y emocionales, en aquellos a quienes llamó enemigos, en vez de simples adversarios. Los hostigó con la saña de quienes solo viven para hacer el mal. Propio de aquellos que nunca logran superar los hechos traumáti­cos que visualizó en su pasado.

La transición ordenada para Marito, por lo visto, es que el equipo designado por Santiago Peña se siente a esperar el 15 de agosto sin omitir juicios ni opiniones. Como si su gobierno fuera sinó­nimo de pulcritud y honestidad. La sociedad espera un castigo ejemplar a quienes provoca­ron tanta miseria, hambre y muerte de miles de familias paraguayas. Será justicia.

Dejanos tu comentario