- POR AUGUSTO DOS SANTOS
- Analista
El covid se fue pero la pandemia de la corrupción no tiene atisbos de retirarse. Todos saben que fue un lustro de corrupción sin igual, pero nadie sabe cuál es el volumen real hasta que se investigue desde adentro a las instituciones.
Lo que sí se sabe es que en el proceso de transición hay una especial preocupación por la irresponsable actitud de líderes de la actual burocracia estatal que están “rifando” sus instituciones antes de hacer las maletas.
Combatir la corrupción en un gobierno saliente es un desafío que atraviesa por un campo minado porque la política ha diseñado una serie de estrategias que saltan como eficientes fusibles a proteger e inmunizar a los ladrones que huyen.
El nuevo presidente deberá lidiar con las clavos que dejó la administración aún en curso, por sobre la presión de congresistas, lo mismo que la Contraloría y el Ministerio Público deben poner lo suyo.
Hay cuestiones que -incluso- deberían legislarse como por ejemplo herramientas para evitar el descontrol en las cajas del gobierno saliente. Si bien, constitucionalmente es imposible que el gobierno entrante tenga influencia sobre el tema (salvo denuncias), deberían existir mecanismos que regulen el carnaval que hoy se observa con licitaciones al galope y chorrera de monedas por todas partes.
Lo mismo pasa con el Presupuesto General de la República, en cuyo caso, las autoridades entrantes y sus promesas quedan a expensas del presupuesto que ha diseñado la administración anterior.
Por ello es muy importante una política de consenso que es el mejor camino para diseñar el futuro.
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Contraloría Ciudadana analiza presunto daño patrimonial en proyecto de “Plazas Vivas” de CDE
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este analiza una nueva denuncia por presunto daño patrimonial en la administración del exintendente Miguel Prieto, que está comenzando a salir a la luz gracias al reclamo de los ciudadanos. En este caso tiene que ver con el proyecto de construcción de cinco “Plazas Vivas”, o “plaza modelos”, que fue adjudicado por el exintendente poco antes de que sea destituido del cargo y ejecutado por sus sucesores aliados.
Al respecto, el abogado Samir Sánchez, miembro de la Contraloría Ciudadana, explicó que en el contrato que figura en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con ID 445444, realizado por la Unidad de Contratación de Ciudad del Este por sistema de Adjudicación de lotes, es por un monto total de 20.607.545.199 guaraníes, fue adjudicado en junio del año 2025 debiendo haber culminado en 180 días o a fines de diciembre del 2025, pero recién este año se inauguraron 2 de las 5 plazas previstas.
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Indicó que hicieron un análisis preliminar del contrato y detectaron que los precios cuestionados en varios ítems tienen diferencias de hasta 526 % frente a referencias de mercado y elementos que no fueron ejecutados, porque no se encuentran en las plazas ya inauguradas.
Sánchez explicó que la licitación para la construcción de las plazas fue adjudicada durante la administración de Miguel Prieto, mientras que la ejecución y los pagos se desarrollaron durante las gestiones posteriores en la Municipalidad de Ciudad del Este.
“Estamos notando un daño patrimonial severo, porque más o menos se está calculando, con relación al tema de mediciones, para ser contundente, pero los precios que se encontraron, viendo el contrato, que solamente figura la descripción del ítem y el precio global, pero no figura cantidad de metros cuadrados, ni la dimensión, no hay ningún elemento que en este caso pueda corroborarse con el precio que figura en el documento”, explicó.
Denunciarán después de las municipales
Mencionó que desde Contraloría Ciudadana analizan los documentos y se prepara una denuncia por presunto daño patrimonial, que será presentada ya posterior a las elecciones municipales del próximo 4 de octubre, porque no quieren que este tema sea utilizado como supuesto ataque electoral.
“Estamos preparando la denuncia para presentar ante la Fiscalía; vamos a esperar que termine este proceso electoral, para que no digan que es supuestamente una cuestión electoral. Aclaro, nosotros en la Contraloría Ciudadana no tenemos ningún vínculo ni político, ni mucho menos electoral con ninguno de los gobiernos”, precisó.
Mencionó que en la organización están personas afiliadas al Partido Colorado, al Partido Liberal; incluso gente de Patria Querida, Cruzada Nacional y otros que fueron aliados de Miguel Prieto en su momento, pero luego tomaron distancias al observar las graves irregularidades de su gestión.
Costos sobrefacturados
El abogado Sánchez, explicó que luego de recibir los reclamos de los vecinos de los barrios donde se están proyectando estas plazas, comenzaron a revisar los documentos del contrato y comparar los precios de mercado.
Tomando solo el caso del Parque Viva del barrio Pablo Rojas, encontraron que al solicitar un presupuesto de una empresa china proveedora del parquecito o juegos infantiles con tobogán gigante, similar al que fue colocado en esta plaza, el presupuesto que dispuso Prieto para la compra de este parque y juego infantil de procedencia china fue por un monto de 532.643.760 guaraníes.
“Cuando hicimos las consultas el presupuesto que me pasaron fue de más o menos 85 millones de guaraníes, que ya incluye mano de obra y colocación. Incluso, el que me pasaron fue más grande que ese parque que está en el Pablo Rojas. Pero ellos hicieron en este caso que el costo sea de 532 millones de guaraníes, una verdadera locura”, cuestionó.
Obras no entregadas
Otra de las cuestiones que llamó la atención al momento de analizar el contrato, es que figuran varios ítems que debían ser ejecutados o entregados, pero que al observar en las plazas no se encuentran esos elementos presupuestados.
“Por ejemplo, ítem 76, dice: colocación de carrusel en el parquecito, presupuesto G. 7.108.200, pero no existe el carrusel, la famosa calesita. También dice: mesada y bancos de hormigón armado; pero en el lugar no existe ninguna mesada de hormigón armado; pero, sin embargo, se pagó también, que figura en el contrato firmado que deberían entregarse y no se entregó”, acotó.
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Contralor ratifica uso discrecional de transferencias en administración de Prieto
El contralor general de la República (CGR), Camilo Benítez, ratificó que una de las irregularidades detectadas en la Municipalidad de Ciudad del Este durante la gestión de Miguel Prieto fue el uso discrecional y excesivo de transferencias para el pago de contrataciones. Indicó que en la administración del líder de YoCreo se realizaban contrataciones directas, sin control y sin pasar por el proceso de contrataciones.
“Las denuncias de Ciudad del Este fueron porque usaban discrecionalmente el uso de transferencias, pagaban sin ningún tipo de proceso de concurso de precio. Todas (las denuncias) se basaron, y que fueron confirmadas luego en la intervención, en ese uso excesivo del rubro de transferencia”, refirió el titular del ente contralor en la 1020 AM.
Benítez explicó que para evitar este tipo de situaciones existen normas que un administrador público debe cumplir, que es el proceso de licitaciones, estos procesos evitan que el dinero público sea mal utilizado o el desvío de los fondos públicos.
“Si vos tenés que gastar, te doy dinero que tenés que gastar y te doy una norma de cómo gastar eso, tenés que hacer una licitación pública, tenés que publicar, la gente tiene que presentar ofertas, se hace una metodología, hay menos riesgos de que te quedes con el dinero, pero si agarrás el efectivo y repartís como querés es mucho más posible que parte de ese dinero que vos te quedes como si fuera tuyo”, refirió Benítez.
En mayo del 2025, la Contraloría General de la República emitió un informe sobre la detección de irregularidades en la administración de Miguel Prieto y pidió la intervención de la municipalidad esteña. Entre las escandalosas infracciones denunciadas se encuentran las compras de alimentos con contrataciones por urgencia y los hallazgos en el caso de clínica móvil sindicada como “mau”, en plena pandemia del covid. También la transferencia a una ONG para la organización de una “Navidad sustentable” por valor de G. 2.000 millones sin las documentaciones regidas por las normas de la administración pública.
El informe realizado en ese momento señaló que “el municipio de Ciudad del Este ejecutó G. 27.933.370.178 en gastos de capital, predominantemente vía Transferencias al Sector Privado. Al utilizar este mecanismo para financiar lo que constituían obras públicas, incumplió directamente la Ley n.° 3966/10 Orgánica Municipal y eludió los procedimientos de contratación pública exigidos. “Esta práctica irregular introduce riesgos sustanciales de ineficiencia, menoscaba gravemente la transparencia y debilita los mecanismos de control sobre los recursos municipales”, puntualizaba la Contraloría.
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Oficialismo respalda gestión de Fretes y pide esperar resultados de las auditorías
El senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, de la Cámara Alta, respaldó la gestión del presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes. Solicitó aguardar los 15 días que faltan para evaluar los primeros resultados de las auditorías internas antes de exigir nuevas denuncias por presuntos hechos de corrupción. El senador Chase sostuvo que las acciones ante el Ministerio Público deben sustentarse en pruebas contundentes y no en especulaciones.
En charla con varios medios de prensa, el legislador señaló que el Dr. Isaías Fretes está haciendo una transformación en el IPS, que ve y siente la ciudadanía, porque se está dando a conocer ese trabajo. Indicó que el pasado lunes, tuvieron esta misma discusión en Mesa Directiva del Senado, donde algunos autores políticos quieren resultados inmediatos, pero señaló que eso es imposible, que eso no se puede dar.
“El presidente del IPS había pedido un mes de tiempo para tener resultados concretos, y eso se cumple en 15 días más, y bueno, ahí sí vamos a exigirle seguramente al presidente del IPS los resultados concretos que él había prometido”, remarcó.
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Asimismo, sostuvo que ninguna denuncia puede presentarse sin pruebas ante el Ministerio Público y considera que la primera denuncia que ha presentado el actual presidente del IPS ante la Fiscalía por faltantes de materiales eléctricos es un avance importante, porque se trata de daños patrimoniales y espera que en 15 días más, el Dr. Fretes presente un informe acabado de todas las demás auditorías que está llevando adelante.
“Yo soy del criterio de que hay que darle tiempo para que evalúe y presente denuncias sobre las irregularidades que haya encontrado. Es imposible que eso esté todo dispuesto el día que él llegó, y bueno, hay que darle el tiempo para que la transformación tenga lugar”, acotó.
No existe injerencias
El senador Chase señaló que el doctor Fretes es una persona muy particular y lo conoce personalmente, sabe que no va a soportar ninguna presión externa que no sea la del propio presidente de la República, Santiago Peña, quién fue el que lo nombró en el cargo. No obstante, señaló que no se puede señalar al jefe de Estado de tener injerencia ya que tiene todas las atribuciones para así hacerlo, inclusive cambiarlo nuevamente del cargo.
“Fue la presidencia la que hizo el cambio justamente para mejorar, no para empeorar. No creo que haya una obstrucción del trabajo que tiene que hacer el doctor Fretes; o si no hubiera estado el mismo presidente anterior. No existe el entorno, ese es un cuento político; no existe el entorno que pueda tener injerencia en el nivel de decisión entre el presidente de IPS y el presidente de la República”, enfatizó.
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Itaipú transfirió USD 239 millones al Estado en el primer semestre
La Itaipú Binacional cerró el primer semestre de 2026 con transferencias por USD 239 millones al Estado paraguayo, recursos que fueron destinados al financiamiento de las finanzas públicas, el fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y el desarrollo de programas ejecutados por gobiernos locales.
De acuerdo con los datos divulgados por la entidad, los desembolsos corresponden a los conceptos establecidos en el Anexo C del Tratado de Itaipú, que incluyen royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Del total transferido entre enero y junio, USD 131 millones correspondieron a royalties, mientras que USD 66 millones fueron generados por la cesión de energía paraguaya. A su vez, la ANDE recibió USD 42 millones en concepto de resarcimiento por las cargas de administración y utilidades del capital.
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Solo durante junio, los pagos por royalties alcanzaron USD 22 millones, mientras que la compensación por cesión de energía sumó otros USD 10 millones. En el mismo periodo, la ANDE percibió alrededor de USD 1,7 millones por resarcimiento.
Los recursos provenientes de la hidroeléctrica continúan representando una fuente relevante de ingresos para el sector público. Parte de los fondos generados por royalties son canalizados al Presupuesto General de la Nación (PGN), contribuyendo al financiamiento de programas, inversiones y obligaciones del Estado.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra la distribución de estos recursos hacia las gobernaciones y municipalidades, que utilizan dichos fondos para la ejecución de obras de infraestructura, servicios básicos y proyectos de desarrollo local.
Por otra parte, la compensación por cesión de energía también beneficia a los gobiernos subnacionales y al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), mecanismo que financia programas vinculados a la alimentación de estudiantes en instituciones educativas públicas.
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