En el transcurso de esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, en procura de recuperar de algún modo la iniciativa económica, avanzará con nuevas disposiciones. Una de ellas -que se conoce a través de trascendidos que no fueron desmentidos- es la de importar alimentos “para bajar la inflación” que cada mes aparece como fuera de control.
La información oficial más reciente da cuenta de que en enero pasado el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepó 6 %; en febrero la escalada fue de 6,6 %; marzo, 7,7 %; y abril, 8,4 %. Para el mes que corre, coincidentes analistas privados -al igual que evaluadores estatales que se desempeñan en organismos importantes y hasta en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)- desde la más absoluta reserva de sus identidades- estiman que “se acercará al 9 %”, en tanto que otros están convencidos de que “por una cuestión inercial podría acercarse hasta el 10 %”. Anualizada, se encuentra en torno del 108 %.
En ese contexto, la Secretaría de Comercio Interior -siempre en orden a trascendidos- por decisión del ministro Massa permitirá que la Corporación Mercado Central de Buenos Aires comience a operar como importador directo de alimentos tanto para productos frescos como no perecederos con arancel 0. Sorprendente en un país que cuenta -según estimaciones serias- con un territorio apto para producir alimentos para más de 400 millones de personas. La economía no va bien.
Diez meses atrás, cuando renunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, el dólar ilegal, paralelo, blue o como se quiera denominarlo, se transaba en torno de los $240 por unidad. Unos pocos días más tarde, cuando la sucesora ministerial Silvina Batakis regresaba desde Estados Unidos había dejado de ser ministra, pero aún no lo sabía, superó los $300 por cada billete estadounidense. El pasado viernes, al cierre de las operaciones cambiarias, el indicador dólar blue reporta que la unidad de divisa norteamericana se comercializa a unos $475. El que se menciona aquí como Índice de Riesgo País (sobretasa que debe pagar Argentina para tomar un crédito) fluctúa en los 2.400 puntos porcentuales. Desde el sector bancario se reporta que, semanalmente, salen depósitos entre 250 y 300 millones de dólares estadounidenses. Algunos operadores se preocupan mientras que otros niegan que sea un dato preocupante porque “el sistema está fondeado y las entidades pueden responder con la devolución del dinero a sus clientes cuando lo deseen, porque disponemos de cerca de USD 10.000 millones de los cuales la mitad son de los que se conocen como cara chica”, lo que plantea una complicación a los banqueros, porque muchas de esas promesas de pago que Estados Unidos emitió entre 1914 y 1996 -plenamente vigentes en ese país y en el mundo- en el mercado cambiario irregular se transan a un 5 % menos de su valor nominal. Algo parecido sucede en Paraguay que solo aceptan los dólares azules con cara grande. Travesuras, las hay en todas partes, pero en este país pega más fuerte porque fuera de EE. UU. y Rusia, Argentina es donde se encuentra la mayor cantidad de dólares, según la reserva Federal.
Así las cosas, o por lo menos algunas de las que se aprecian en el día tras día con mayor o menor fuerza, se puede afirmar que el gobierno del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández se deshilacha. La única herramienta para ejercer el poder en un país hiperpresidencialista de la que dispone el primero de ellos -la lapicera- está cada día que pasa con menos posibilidades para escribir la historia cotidiana por falta de respaldo parlamentario, única fuente proveedora de tinta para ese instrumento en un Estado democrático de derecho.
La segunda al mando, por su parte, verifica como se escurre el poder entre sus manos y nada puede hacer para detener esa sangría política inevitable que alcanza además al peronismo que, por sus características movimientistas y múltiples habilidades para interpretar las leyes electorales inventa y se reinventa para oxigenarse, aunque, como las arenas movedizas, hace que algunos de sus elementos constitutivos desaparezcan para siempre o simplemente muten en paquetes ideológicos múltiples.
En las oposiciones, mientras, el panorama no es mejor y, como es inevitable que suceda en toda confrontación interna en donde fuere, van todos y todas contra todos y todas. Inevitable y, según algunos estudiosos de la ciencia política, sano porque de eso se trata la democracia. Que todas las voces puedan escucharse hasta encontrar el camino común. Las discusiones internas consolidan, fortalecen, legitiman y ordenan a la vez que definen el matiz ideológico con el que las partes llegarán a la oferta electoral. La más relevante disputa luego de la del oficialismo, la de Juntos por el Cambio (JPC), la principal coalición opositora, es definir si se mantiene en su formato actual con posición dominante del partido Propuesta Republicana (PRO) que fundara y lidera Mauricio Macri o, si se abre ese espacio hacia otras fuerzas políticas como el peronismo no oficialista que es lo que pareciera proponer el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Algo nuevo? No tanto, por cierto. De hecho, en 2019, el propio Macri intentó su reelección con un peronista, Miguel Pichetto, como candidato a vice. Así suelen ser los tiempos electorales. En la Argentina y en todas partes.
La convulsión en el planeta de las élites políticas habrá de extenderse algunas semanas más. La grave situación económica y financiera será mucho más larga. El cronograma electoral precisa que el venidero 14 de junio cierra el plazo para presentar ante la autoridad electoral cuáles serán las alianzas que habrán de competir. Luego, el 24 de ese mismo mes, será el tiempo para hacer públicas las listas de precandidatos y precandidatas que dirimirán fortalezas en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que se concretarán el domingo 13 de agosto.
¿Qué pasa con Javier Milei, el líder y fundador de Libertad Avanza? Solo él lo sabe. Misterioso y desconcertante en su interna no competirá con nadie más que sus objetos del deseo para priorizar unos por sobre otros. Algunas encuestas lo dan en empate técnico con el oficialista Frente de Todos (FDT) y hasta con posibilidades de ubicarse en las presidenciales del 22 de octubre próximo en el segundo lugar, detrás de Juntos. Habrá que esperar.
Consciente de esa situación concreta y con carencia actual y futura de parlamentarios nacionales que acompañen sus eventuales propuestas tales como eliminar el Banco Central (BCRA), legalizar la portación de armas o habilitar la venta de órganos -temas de los que no quiere que el periodismo le pregunte- anuncia que alcanzará esas metas con consultas populares que en este país existen desde la última reforma constitucional en 1994. Sin embargo, en el estado actual ese tipo de herramientas electorales consultivas, además de no ser obligatorias no son vinculantes con las decisiones parlamentarias sobre lo que se pretenda reformar. Complejo, por cierto.
Especialmente en un país que -por su cronicidad- ha dejado atrás la idea de las crisis (un momento, un instante, un minuto) para devenir en un ecosistema social, político y económico alterado en el que la norma suele ser poco observada y, mucho menos, respetada. Anomia boba.
En este punto es atinado recordar que en un texto tan robusto como sólido –”Un país al margen de la ley”, Sudamericana, 1992- el sociólogo Carlos Santiago Nino, con precisión de neurocirujano, advierte que aquella categorización importa situaciones sociales en las que el conjunto social resulta perjudicado.
Apunta que “la anomia boba no es el resultado de intereses o valoraciones que la ley no pudo satisfacer y que se procura satisfacer al margen de ella (sino que) es una forma de inobservancia que produce una disfuncionalidad en la sociedad”. Claramente, aquí no hay crisis. Quizás se trate de tan discutibles como imprescindibles o inevitables estrategias de supervivencia ajustadas a las prácticas de cada segmento social “para salvarse”.