El senador Luis Pettengill anunció que se encuentra en marcha la elaboración de un proyecto de ley que establecerá un marco regulatorio para el sector de la herboristería y la medicina natural en Paraguay.

Según explicó, actualmente este ámbito carece de una legislación específica, lo que dificulta tanto la formalización de los productores como la posibilidad de exportar sus productos en cumplimiento con normas internacionales.

“La parte de herboristería en Paraguay no tiene una legislación, entonces se presentó una inquietud y nosotros vamos a transformar eso en un proyecto de ley”, manifestó el legislador. El objetivo es garantizar que quienes trabajan con hierbas naturales cuenten con una ley que respalde su actividad y les permita operar legalmente dentro del país.

Pettengill adelantó que el Ministerio de Salud Pública será el órgano de aplicación de la futura normativa, y que la institución ya manifestó su acuerdo con la propuesta. “Vamos a hacer una mesa técnica con todos los sectores involucrados y, por supuesto, el Ministerio de Salud participará activamente en el proceso”, agregó en conversación con varios medios de prensa.

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Además de regular la producción, el proyecto también buscará proteger las especies silvestres que actualmente se extraen directamente de la naturaleza. “La producción que no es cultivada debe cuidarse. No queremos quedarnos sin estos recursos por una extracción excesiva”, advirtió.

El senador remarcó que el proyecto no encontró objeciones, ni siquiera por parte del Ejecutivo. “Todos están de acuerdo, inclusive los del Gobierno. Lo que queremos es ayudar para que este sector pueda formalizarse y trabajar libremente, con reglas claras”, concluyó.

El proyecto también contempla aspectos vinculados a la exportación. Pettengill explicó que muchos productos naturales, como infusiones con mezclas de yerbas, ya se exportan de forma incipiente, pero la falta de regulación nacional es un obstáculo. “No se puede exportar algo que no está reglamentado en el país. Eso vamos a cuidar”, remarcó.

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• Brasilia, Brasil. AFP.

La corte suprema de Brasil retomó este miércoles pasado un juicio que debe decidir sobre la regulación de las redes sociales, en un proceso pionero en América Latina sobre el papel de las plataformas en la propagación de noticias falsas y discursos de odio. Tras varios meses de pausa, la corte vuelve a analizar varios casos referidos a las reglas para las plataformas y a su responsabilidad sobre los contenidos publicados por los usuarios.

El proceso ocurre en paralelo a un juicio en la corte al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro y varios excolaboradores, por un presunto intento de golpe de Estado en 2022 tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. Según la fiscalía, los supuestos golpistas usaron las redes sociales para desinformar sobre la fiabilidad del sistema electoral y justificar sus acciones.

El debate sobre las redes sociales en el máximo tribunal debe definir de qué manera las plataformas pueden recibir sanciones por publicaciones ilegales de los usuarios. Otro punto clave es si las empresas tecnológicas deben fiscalizar y eventualmente retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial como dicta el marco regulatorio actual.

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Ocho de once magistrados aún deben votar sobre la constitucionalidad de un artículo del llamado Marco Civil de Internet, vigente desde 2014, que establece que las plataformas solo son responsables por daños causados por publicaciones de usuarios si se niegan a acatar un mandato judicial para eliminar dichos contenidos.

Los tres que ya lo hicieron, entre ellos el presidente de la corte, Luis Roberto Barroso, se pronunciaron por una mayor responsabilización de esas empresas. “Establecer los criterios que regirán los casos que llegan al poder judicial es nuestro deber (...) y no tiene nada que ver con censura. Estamos hablando de responsabilidad civil”, resumió el miércoles Barroso al abrir la sesión.

Aunque se analizan casos puntuales, lo que defina el tribunal sentará jurisprudencia que deberá aplicarse de manera general en Brasil.

Uno de los casos bajo análisis se originó por una apelación de Facebook contra un fallo que obligó a la compañía a indemnizar a una mujer que descubrió un perfil falso con su nombre e imagen para divulgar material ofensivo.

El magistrado Luiz Fux argumentó en su voto que en casos de incitación al odio o a la violencia, racismo, pederastia y apología de golpe de Estado, las plataformas deberían “supervisar activamente” y eliminar el contenido de inmediato, sin necesidad de orden judicial.

El bolsonarismo se ha mostrado crítico con ese proceso. Existe “preocupación ante la posibilidad de que el poder judicial imponga, de forma unilateral, restricciones severas a la libertad digital en Brasil”, señaló la semana pasada en una nota la bancada bolsonarista en la Cámara de Diputados. El sensible debate ante el supremo no tiene fecha de finalización.

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La potencia sudamericana ganó protagonismo mundial en torno a las responsabilidades de las plataformas en agosto de 2024, cuando otro de los jueces de la corte suprema, Alexandre de Moraes, ordenó bloquear el acceso a la red X en todo el país por negarse a acatar órdenes judiciales relacionadas con el combate a la desinformación.

El dueño de X, el multimillonario Elon Musk, ignoró los pedidos de eliminar cuentas de partidarios de Bolsonaro, en medio de un pulso con Moraes sobre los límites de la libertad de expresión y las amenazas a la democracia. Después de 40 días suspendida, Musk cedió y X volvió a funcionar normalmente en Brasil.

El gobierno estadounidense de Donald Trump estudia actualmente posibles sanciones contra Moraes, luego de que el entorno de Bolsonaro lo acusara de “perseguir” al exmandatario (2019-2022). Por su parte, el presidente Lula abogó el martes por “acelerar la reglamentación” de las plataformas. “No es posible que un tipo intente dar un golpe de Estado (...) y diga que eso es libertad de expresión”, dijo en rueda de prensa el izquierdista, en alusión a Bolsonaro.

La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos de Hombre y la Mujer, desarrolla en la fecha una audiencia pública para analizar el proyecto de ley “que promueve el uso de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social del país”, presentado por varios diputados.

La presidenta de esta mesa asesora la diputada Rocío Abed indicó que siempre se está discutiendo sobre la necesidad o no de reglamentar y establecer un marco legal sobre la inteligencia artificial, que está trayendo la globalización.

“La IA puede ser positiva como negativa dependiendo del enfoque que se adopte como sociedad. Es conveniente el desarrollo de una legislación porque puede fomentar el desarrollo de la investigación y de la inteligencia artificial, así como garantizar el acceso equitativo a sus beneficios. Igualmente, debe promover la soberanía nacional y competitividad en este contexto globalizado”, explicó.

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Recordó la referencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio que hizo referencia a Paraguay y su potencial energético y a su vez vinculado a la IA; ya que cuenta con un importante excedente de la energía eléctrica que podría ser de interés de grandes inversionistas en el desarrollo de la IA, así como de tecnologías emergentes en el país.

“Este proyecto de Ley que está a discusión representa una propuesta visionaria, soberana y estratégica que permite aprovechar la ventaja geopolítica única, abierta por el reconocimiento de los Estados Unidos”, enfatizó.

La diputada Abed recordó que en paralelo a este debate, también se está llevando adelante el estudio de la Ley de Datos Personales, que actualmente cuenta con media sanción de Diputados, otorgados recientemente y que son temas de la agenda legislativa. Indicó que están estrechamente vinculados a la propuesta de legislación sobre las IA.

El diputado Rodrigo Gamarra, uno de los proyectistas de la regulación de la IA, señaló que se plantean alternativas de discusión sobre un marco teórico para darle forma a este tema que es la IA, que de a poco va a formar parte de la cotidianeidad de las personas a través de sus celulares.

“La IA es algo transversal que se puso en nuestro camino, es algo imposible de evitar y debemos transitar a través de ella. La idea con este proyecto es darle un marco regulatorio, a fin de ser parte de este desafío para que sea verdaderamente útil a nuestro país”, explicó.

Mencionó que la IA puede ser adaptada a las necesidades que hoy se tienen, brindando soluciones a corto plazo a muchos problemas que se vienen padeciendo desde hace muchos años.

Indicó que se busca una Ley que proteja a las personas, proteja sus datos personales, que incentive el uso de la IA, fomente a los desarrolladores, y sobre todo, se pueda tener a gente especializada en el país, porque existe la capacidad en el capital humano, pero lo que falta es incentivarlo y fomentarlo.

“El gobierno nacional ha demostrado desde todas luces que está abocado en que el desarrollo del país llegue lo más pronto posible. Por eso, creo que el Mitic será un aliado estratégico para poder llevar adelante esta iniciativa”, comentó.

En tanto, el ministro de Tecnología de la Información y la Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, valoró el desarrollo de la audiencia pública como una herramienta para poder escuchar a diferentes sectores y poder entender cómo impacta la IA en la sociedad.

Al respecto, resaltó algunos puntos relevantes, como ser que la regulación siempre va a estar detrás de la innovación y en materia de IA están en la parte inicial de lo que podría llegar a ser y cómo podría impactar en varios aspectos, como educación, salud, seguridad, entretenimiento.

No obstante, señaló que existen etapas que deben ser superadas, por eso, la importancia de contar primero con una Ley de Protección de Datos, que cuenta con media sanción de Diputados y está en estudio en el Senado.

“Debemos entender los cambios que se pudieran dar en otros proyectos de ley que son complementarios o que dependen del proyecto de Ley de Protección de Datos Personales; que en el caso de las IA dependen totalmente de los datos y del tratamiento del mismo”, indicó.

Indicó que igualmente están trabajando en otras propuestas regulatorias, y que este proyecto de Ley de IA, quieren que sea el primer paso, una herramienta, de un sandbox regulatorio que han visto que nunca se ha planteado en el país.

Explicó que un sandbox regulatorio es un entorno controlado creado por las autoridades regulatorias para permitir que empresas, especialmente startups y fintechs, prueben productos, servicios o modelos de negocio innovadores en un mercado real, pero con ciertas flexibilidades regulatorias y bajo supervisión.

“Sandbox viene del inglés arenero, donde juegan los niños. Refiere entonces, a ese entorno controlado. El objetivo es fomentar la innovación, permitiendo experimentar sin cumplir inicialmente con todas las regulaciones estrictas, mientras se protege a los consumidores y se evalúan los riesgos”, acotó.

Mencionó que existen una serie de proyectos regulatorios que deben ser analizados, pero siguiendo un orden. Por tanto, sancionar una Ley de Protección de Datos Personales, luego un sandbox regulatorio que permitirá comprender mejor el impacto regulatorio de una herramienta innovadora como es la IA, y tercero analizar los elementos que están ahí. "El orden en que salgan es importante, las discusiones se pueden tener indistintamente en cualquier orden", acotó.

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El presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras, informó que la institución recaudó en el mes de mayo un total de G. 18.700 millones, lo que establece un nuevo hito en materia de ingresos.

Destacó que al inicio de la actual administración las recaudaciones estaban en el orden de los G. 11.000 y G. 12.000 millones, y que esta cifra récord registrada en mayo se está alcanzando con pequeñas intervenciones implementadas por la Conajzar.

“Nuestro fin máximo como ente regulador no es la recaudación, pero increíblemente al hacer los controles aumenta la recaudación”, dijo Liseras durante una entrevista en Paraguay TV, luego de una reunión con intendentes de varios municipios del país, este lunes, en la que socializó los alcances de la nueva ley 7438 que modificó varios artículos referentes al régimen jurídico para la explotación de los juegos de azar.

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En la reunión con los intendentes, el presidente de la Conajzar afirmó que al contar con la prerrogativa de realizar incautaciones la recaudación de la institución irá aumentando hasta duplicar las cifras anteriores a la ley. Destacó que ese dinero ingresado no se utiliza para pagar sueldos o gastos superfluos, sino que se destina directamente a la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben).

Así también remarcó la corresponsabilidad de los intendentes en el combate a la explotación clandestina de juegos de azar, recordando que está prohibido terminantemente que menores de 18 años estén en salas de juego.

Por otro lado, informó que en el marco de una reestructuración del organigrama institucional, la Conajzar tiene previsto crear un departamento de lucha contra la ludopatía que trabajará de forma articulada con los municipios. “El fin supremo es la protección de los menores de edad para que no caigan en la ludopatía. Empecemos esta tarea, es de vital importancia para proteger a nuestros menores de edad”, expresó.

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Con la nueva ley, promulgada en enero de este año, la Conajzar pasó a depender de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y en conjunto adquirieron la potestad de incautar todos los materiales, enseres e implementos relacionados a hechos ilícitos.