La visita del presidente argentino, Alberto Fernández, a la Casa Blanca para reunirse a solas con su homólogo norteamericano, Joe Biden, la semana última pasó “sin gloria y con mucha pena”, señalaron a este corresponsal tres fuentes del oficialismo consultadas que exigieron preservar sus identidades. Alguien podría decir que “tiran la piedra y esconden la mano”, pero esa pésima práctica ha devenido en moneda corriente entre el elenco de portavoces seguros que es imprescindible contactar a la hora de saber qué pasa en este país.
Alberto F., con el mismo énfasis que exhibió tiempo atrás en el Kremlin, ante Vladimir Putin para ofrecer a este país como “la puerta de ingreso de Rusia en América Latina” sin haber tenido entonces una sola expresión crítica hacia la invasión rusa a Ucrania, lo que generó en el norte de Europa una situación bélica que afecta aún la economía y seguridad globales. En esta ocasión, exhortó a terminar con urgencia esa guerra y, según fuentes diplomáticas residentes aquí, procuró mostrar ante su interlocutor la más amplia empatía bilateral y despejar de toda sombra las preocupaciones norteamericanas por la relación de este país con la República Popular China.
Para hacerlo, recurrió al silencio profundo en la instancia conversacional con el mandatario estadounidense. “Solo escuchaba con atención”, confiaron dos testigos del cónclave. En especial, cuando abordó cuestiones tecnológicas relacionadas con pretensiones chinas para avanzar con el tendido aquí de la red para comunicaciones y soluciones móviles 5G –que abre la puerta, entre otras prácticas, para el internet de las cosas– al igual que eventuales compras de materiales para las fuerzas armadas y de seguridad, ciertos desarrollos tecnológicos nucleares para la generación de energía (la Central Atucha III) y la posible concesión de la operación y mantenimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná.
Llamó la atención de dos analistas que dialogaron con La Nación que el jefe de Estado local “parecía sobreactuar cada gesto social con el presidente Biden (especialmente al saludar frente a camarógrafos y fotógrafos) y que en no menos de tres oportunidades manifestó al anfitrión su deseo de “que nos sigan acompañando (en la gestión) como hasta ahora”.
Dichas expresiones –especialmente en el transcurso de un año electoral, cuando faltan 132 días para las elecciones primarias simultáneas y obligatorias (PASO) para saber quiénes habrán de participar de las presidenciales, dentro de 202 días para entregar el gobierno que finaliza su mandato o no el venidero 10 de diciembre (251 días)– apuntan básicamente a la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que aligere las obligaciones que la Argentina contrajo con ese organismo multilateral al momento de refinanciar cerca de US$ 50 mil millones y, de ser posible, recibir algún desembolso extra de fondos frescos para reforzar las mínimas reservas de las que dispone el Banco Central (BCRA) que conduce Miguel Pesce.
Mientras Alberto F. y Joe Biden dialogaban, primero en soledad y luego acompañados de algunos integrantes de sus gabinetes, la jueza sénior de la Corte de Distrito Sur de Nueva York Loreta Preska sentenció en contra del Estado argentino en un litigio en el que interviene para dilucidar el reclamo que un grupo inversor hace a este país contra la estatización de la hidrocarburífera YPF, hasta entonces gestionada por la privada española Repsol durante el segundo mandato presidencial de Cristina Fernández (2011-2015) –actual vicepresidenta– que podría obligar al tesoro local a erogar hasta casi US$ 18 mil millones para resa rcir a los litigantes de aquella operación que condujo el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, que hoy gobierna la provincia de Buenos Aires.
La novedad, “para nada inesperada”, según numerosos analistas especializados en derecho internacional público con amplia actividad local y transnacional, sin dudas genera un incremento en lo que algunos coinciden en denominar como “angustia fiscal” que abruma tanto a la actual administración como a las oposiciones que evalúan como posible que alguna de ellas sea electa para relevar a Alberto F. y Cristina F. en la Casa Rosada, sede del gobierno federal argentino, antes de que finalice este año.
La preocupación no es injustificada dado que el deterioro de la economía y finanzas argentinas desde diciembre de 2019 cuando comenzó el gobierno del presidente Fernández es tan notable como perceptible.
El valor del dólar blue, ilegal, informal o como se lo quiera llamar, en aquel momento, se ubicaba en torno de los $60 por unidad. En el cierre de las operaciones en el mercado cambiario del pasado viernes, por cada dólar se pagaron $395. El indicador oficial de pobreza, que se conoció horas antes de que finalizara el mes de marzo y corresponde al segundo semestre de 2022, se ubica en 39,2%; el de indigencia, 8,5%. El 29,6% del total de los hogares argentinos están por debajo de la línea de pobreza. El 45% de quienes habitan en el Gran Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, son pobres. También lo son el 55,2% de quienes residen en Concordia, provincia de Entre Ríos; el 54% de las y los que viven en el que se conoce como Gran Resistencia, entorno de la capital del Chaco; y, el 46,5% de las vecinas y vecinos de Santiago del Estero-La Banda, área urbana santiagueña.
Con este contexto de datos reales –oficiales– se desarrolla el proceso electoral argentino que, hasta el momento solo tiene, como novedad, que no participarán de él el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y, si cumple con su palabra, la vicepresidente Cristina Fernández. El actual jefe de Estado, Alberto F., hasta el momento del cierre de la presente columna, avanza en pos de su expresa voluntad de reelección que rechaza el kirchnerismo principal línea interna del peronismo que responde a la vicemandataria.