La mirada de la sociedad argentina está puesta en la cada día más compleja situación económica. Pese a ser un año electoral, los pocos datos oficiales que se conocen sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) -la inflación- la recesión, la carencia de dólares, la falta de productos en las góndolas de los supermercados, las caídas en las ventas de los productos esenciales para la cotidianidad de cualquier persona, los costos que demanda la salud, por solo mencionar algunos indicadores, son los que concentran todas las miradas y preocupaciones.
El inicio del año activo -como sucede en marzo en cada año- cuando se retoman las actividades educativas hace trepidar los presupuestos familiares. A la compra de indumentaria e insumos escolares, debe añadirse los aumentos en las cuotas mensuales de los establecimientos educacionales, en el costo de los servicios de la medicina prepaga, el incremento del precio de los combustibles. La nómina podría extenderse hasta alcanzar todos los rubros y ámbitos de la vida cotidiana. En los próximos días se conocerá oficialmente el costo de vida en el pasado mes de febrero.
Según el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci), que mide precios en los alrededores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), la mensura del segundo mes de este año da cuenta que se ha producido “la suba mensual más alta desde la crisis de principios de siglo” que, en diciembre del 2001, puso fin dos años antes del fin de su mandato al gobierno de Fernando de la Rúa. Coincidentes datos privados proyectan que en el mes más corto del año se verificaron incrementos en los precios en torno del 6%. Habrá que ver. De todas formas, de confirmarse ese guarismo, la proyección anual para la inflación -hasta ahora- alcanzará a casi el 103%. La gestión del ministro de Economía Sergio Massa tambalea. Sus aspiraciones presidenciales, se desdibujan. No son pocos ni pocas quienes recuerdan que Massa, meses atrás, estimó que, a partir del mes de marzo que corre, la inflación habría de ubicarse en torno del 3% y que continuaría en descenso para lo que resta del 2023.
Pero no solo se esfuman las posibilidades presidenciales del jefe de la Economía. Lo mismo sucede con otros precandidatos y precandidatas del oficialismo. Con estos números, no se recuerdan antecedentes, en este país, de gobiernos que hayan conseguido triunfar en las elecciones. Pese a ello, el presidente Alberto Fernández insiste con su voluntad reeleccionista y, con esa perspectiva, una y otra vez, a través de voceros, voceras o él mismo, sostienen que participará de las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para ungirse candidato del peronismo. ¿Triunfará?
Por el lado de la segunda al mando, su compañera de fórmula en el 2019, la vicepresidenta Cristina Fernández, la intención de Alberto F. es rechazada de plano. Trascendidos que circulan desde tres días atrás dan cuenta que “Cristina lo emplazará, de dará un ultimátum, para que decline ya de su precandidatura”. ¿Será así? Cristina F., condenada en primera instancia a 6 años de prisión e inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos por defraudar el Estado con obras públicas -aunque dicha condena no está firme porque tiene derecho a apelar para que al caso sea sometido a tribunales de alzada- se mantiene, hasta el momento, en su negativa pública de ser candidata y “no” estar con su nombre en “ninguna lista”. Sus máximos allegados y allegadas, han lanzado lo que llaman un “operativo clamor” para que desista de esa idea y, para ello, proponen un “luche y vuelve” con el que interpelan a la militancia para presionar a la lideresa de esa facción. En ese contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue claro: “No se puede hacer peronismo sin Cristina”. No todo el peronismo piensa lo mismo. Los fundamentos de la condena judicial mencionada -que se hicieron públicos el pasado 9 de marzo- son demoledores. Todo un desafío para el oficialista Frente de todos (FDT), transitar un año electoral con inflación de más del 100% y Cristina condenada (aunque esa condena aún no sea definitiva) a seis años de prisión por graves sucesos de corrupción cometidos en la gestión de fondos públicos.
Por el lado de las oposiciones, la actividad se centra en las definición de alineamientos internos para llegar hasta las PASO el venidero 13 de agosto y salir de esos comicios ordenadamente con las candidatas y candidatos que participarán de las elecciones generales el próximo 22 de octubre. Los nombres de candidatos y candidatas suenan y resuenan por todas partes. Las batallas en las que las encuestas son parte de los movimientos tácticos de quienes se proponen para competir son algo así como el pan nuestro de cada día no solo de quienes compiten sino de los medios periodísticos que siguen el minuto a minuto de las campañas ya lanzadas.
¿Propuestas de cara a una sociedad angustiada y pauperizada? Hasta el momento de escribir esta columna no se conocen. Solo se disparan críticas y frases preventivas porque la gestión económica actual -que afecta gravemente a quienes menos tienen y a las ayudas sociales que se distribuyen entre los sectores vulnerables- permite proyectar que, el gobierno que asuma el 10 de diciembre de este año no tendrá los tradicionales 100 días de “luna de miel” que las sociedades suelen conceder a líderes y lideresas que inician sus mandatos porque las urgencias y las demandas de soluciones son y serán muy grandes. Más que nunca antes quienes triunfen deberán entender que ganar no será -de ninguna manera- un punto de llegada sino el punto de partida para resolver lo que hoy parece muy difícil.