Un reputado experto en física que encarecidamente pidió a este corresponsal no ser identificado, investigador con la máxima jerarquía del Conicet (Consejo de Nacional de ciencia y Técnica), mientras observaba con extrema atención el mensaje que el presidente Alberto Fernández expresó frente a la Asamblea Legislativa el pasado miércoles, explicó a quien quisiera escucharlo que la palabra presidencial “no es sinérgica y, más grave aún, es claramente entrópica”. Adelantándose a cualquier pedido de explicación, aclaró que, pese a ello, “no demando al oficialista Frente de Todos (FDT) encarar una acción coordenada ni exhortó a la cooperación o, a una gestión colaborativa para desarrollar en los 279 de gobierno que quedan hasta el fin de su mandato y el de Cristina (Fernández, vicepresidenta)”.
Claramente, entre el mandatario y la vicemandataria se evidencia una desganada relación funcional al tiempo que no se percibe ningún vínculo porque trasuntan que nada los une. Nada nuevo. Desde cuando promediaba el 2019 el periodismo advirtió (¿profetizó?) que esta situación, sin ser deseada, era muy probable. “Están todos preocupados por cómo me voy a llevar con Cristina” –lanzado y en campaña–, dijo Alberto F, el 8 de agosto de aquel año y, en ese contexto, prometió: “Nunca más me voy a pelear con Cristina porque vamos a hacer todo por la Argentina...” El tango, se baila de a dos. Poco menos de cuatro años después de aquellas palabras, se verifica que no pudieron, no supieron o no quisieron cumplir con lo prometido a la sociedad.
El mandatario una vez más dejó trascender que va por su reelección. La vicemandataria y sus seguidores no quieren que así sea. Alberto quiere que en el FDT varias candidatas y candidatos participen de una elección primaria abierta simultanea y obligatoria (PASO) para que la ciudadanía –dentro de 160 días, el 13 de agosto– decida quienes quieren que sean sus postulantes para los comicios presidenciales del venidero 22 de octubre, dentro de 230 días. Todos y todas frente a una difícil encrucijada que no será de sencillo trámite.
El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aliado con Cristina y enfrentado con Alberto, no tuvo pelos en la lengua para reportar que el kirchnerismo “no participará de ninguna PASO” si el presidente no declina de su intentona reeleccionista.
El Parlamento operó como un enorme espejo público de los enfrentamientos en el oficialismo que se extienden hasta casi todo el país. El jefe de Estado se presentó ante la Asamblea Legislativa, con escasos acompañamientos. Solo media docena de gobernadores y gobernadoras ocuparon sus lugares en el hemiciclo. Cinco peronistas y el opositor jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a la presidencia 2023–2028, desde un puñado de días atrás.
Pero más allá de estas situaciones que no son nuevas dado que son parte del ecosistema de la política desde mucho tiempo, la coyuntura también se exhibe compleja e inesperada.
Un par de horas más tarde de que el presidente anunciara que la demanda energética global mira hacia la Argentina para satisfacerse, 22 millones de usuarios se quedaron por varias horas sin suministro eléctrico porque un incendio de pastizales en las inmediaciones de la central nuclear de Atucha –poco menos de 120 km al norte de la capital argentina– salió de servicio. Tarde de perros.
Por su parte, la economía que conduce con éxitos menores o acotados el ministro Sergio Massa -elogiado por Alberto F. en un tramo de su discurso- cruje. Especialmente en lo que tiene que ver con el control de precios que no dejan de crecer. En esta semana se conocerá la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Rondará nuevamente el 6%. Con ese valor –de confirmarse– similar al del pasado enero, la proyección técnica anual podría superar el 100%. El ministro, semanas atrás, sostuvo que, desde marzo ese indicador descendería al 4%.
El capítulo de la seguridad ciudadana también fue contrastado con la realidad de la palabra presidencial. En Rosario, 360 km al norte de Buenos Aires, la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe que gobierna el peronista Omar Perotti, con más de 1 millón de habitantes, en donde se registraron hasta el día de ayer 57 personas asesinadas –la última un niño de 11 años cuando fue baleado el frente a su vivienda en donde también fueron heridos otros 3 menores– dos prolijos tiradores encapuchados, de espaldas a las cámaras de seguridad callejeras, parsimoniosamente, que se movilizaban en moto, se detuvieron y balearon el frente de un local de supermercados Único, propiedad de la familia política de “Leo” Messi y, antes de retirarse, dejaron un mensaje en el que le hacen saber a “The Best” que “te estamos esperando”.
A partir de ese instante las expresiones públicas del funcionariado no tuvieron límites ni racionalidad. Alberto F. sorprendió cuando dijo que las y los rosarinos “también son argentinos”. Vaya novedad. Luego, admitió que “algo hay que hacer” con esas violencias que tampoco son nuevas. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández, por su parte, luego de precisar que esas situaciones se dan “desde hace 20 años” sentenció que -en ese lapso- “ganaron los narcos”. El lapso temporal que estableció el ministro coincide, por cierto, con el inicio del gobierno del presidente Néstor Kirchner (2003-2008), que fue sucedido por Cristina Fernández en dos períodos (2008-2015), Mauricio Macri (2015-2019) y, los tres años que lleva el actual mandatario.
Desde el instante mismo del ataque múltiples emisores públicamente, se expresan sobre lo sucedido y cómo evalúan el cuadro de la situación en las calles rosarinas. Ineficientes, ineptos, tremendistas o sencillamente alarmistas por lo que se percibe cada día, sabios y sabias de nada y sin dar cuenta de fuentes precisas dicen que en lo que concierne al narcotráfico aquí “se verifica un cambio geopolítico porque la droga ya no ingresa a la Argentina ni transita por ella desde Bolivia, sino que se ha sumado Paraguay” y que “entra en forma preferente por la Hidrovía hasta Rosario”. Un par de voceros políticos opositores que respondieron a este cronista con el compromiso de mantener sus identidades en reserva, fueron más allá y sostuvieron enfáticamente este país se encuentra bajo “agresiones extranjeras que vulneran la soberanía”. Sorprenden.
“Agresión de origen externo”, según el académico Juan Alberto Rial del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), debe entenderse como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país, o en cualquier otra forma que sea incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. ¿Alguno de estos supuestos se da en la Argentina? En 1974, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió “el alcance del término agresión” y lo significó como “la invasión o el ataque”; “el bombardeo”; “el bloqueo de los puertos o las costas (…) por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado”. Claro y contundente. ¿Algo de esto pasa en la Argentina?
Si algo no se dice, no se informa, no se comunica sobre este tema. Es grave. El acceso a la información pública no solo es un derecho humano, sino que claramente se establece como valor a alcanzar en la Agenda 2030 (ODS 16.10). Una vez más se percibe en esta sociedad el deseo de saber de qué se trata.