El nivel de la inflación -que, imparable, debería angustiar a una sociedad que orilla 42% de pobreza (52%, según el papa Francisco hace pocos días en el transcurso de una entrevista periodística), 9% de indigencia; 37,4% de las y los empleados en la informalidad, por solo aportar algunos datos estadísticos críticos, solo produce comentarios de baja intensidad. Hay analistas que pulsan con regularidad el estado de la opinión pública que aseguran que “la sociedad solo espera que llegue el momento de votar para expresar su disgusto y castigar”. ¿Será así?

En el seno de una buena parte del conjunto social, al conocer el último dato sobre la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que cerró enero con 6,1% de incremento sobre diciembre del 2022, y proyecta sobre el año en curso una suba que podría ser nuevamente cerca al 100% o superior, no hubo sorpresa; aunque en septiembre pasado, el gabinete económico gubernamental presupuestó para el año en curso 60%.

Vale recordar aquí que en el año último, el gobierno del presidente Alberto Fernández celebró que, en el 2022, la inflación acumulada no llegó al 100%. En enero de ese período, los precios solo crecieron 3,9%. La mitad que en este enero.

Para que tenga más sentido el recordatorio, es razonable puntualizar que, de hecho, la totalidad de las encuestas de opinión que se conocieron en el transcurso del último trimestre daban clara cuenta de que era socialmente esperada una desmejora en la economía. Alimentarse, curarse, vestirse, educarse es carísimo en la Argentina y, justamente por ello, el dato no sorprendió a casi nadie que cotidianamente se abastezca de productos de primera necesidad.

Tampoco fue un dato inesperado para el ministro de Economía, Sergio Massa, que casi una semana antes de que fuera divulgado, desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que conduce Marco Lavagna, se le adelantó la previsible mala noticia. La gestión gubernamental no va bien, claramente.

Desde el discurso oficial se insiste en que en los primeros tres años de gestión no ha sido fácil revertir ciertas tendencias negativas resultantes de los cuatro años del gobierno de Macri (Mauricio, ex presidente 2015-2019); de la pandemia de SARS-Cov-2; de la guerra entre Rusia y Ucrania; del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y algunas otras causales extremadamente reiteradas desde el 10 de diciembre del 2019, cuando el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández iniciaron la gestión.

“En los cuatro años de Macri no tiene que ver Alberto. En la pandemia no tiene que ver Alberto”, dijo en las últimas horas el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en París a la corresponsal de Clarín en Francia, María Laura Avignolo. El alto funcionario, además, aseguró creer que “la gestión (presidencial) es brillante”, pero considera que la caída que las encuestas coinciden en destacar que se advierte en la consideración pública es porque “le contamos mal a la sociedad” lo que la administración hace.

Pese a la opinión de Aníbal, en las calles de los grandes centros urbanos -en los conglomerados de alta complejidad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), Córdoba, La Plata, Mar del Plata, por solo mencionar algunos de ellos, es de sencilla verificación la crisis social y económica argentina. Cientos de familias numerosas integradas con pobres, indigentes y nuevos pobres (NUPOS) derrumbados del sistema, en situación de calle, pernoctan desde mucho tiempo atrás sin más coberturas que cartones sobre colchones en desuso o cualquier otra cosa, al tiempo que se alimentan con parte de los residuos que retiran de los basureros públicos o de lo que descartan en los comercios ubicados en los circuitos gastronómicos.

A ello, se añade, en algunas localidades, crecientes problemas de inseguridad. Rosario, 360 km al norte de la capital argentina, con más de un millón de habitantes y todas las emergencias mencionadas precedentemente, además, suma a la multiplicidad de violencias crecientes, las que devienen del avance en las calles de ese conjunto urbano de bandas delictivas transnacionales que disputan el poder al Estado para consolidar el narcotráfico, la trata y el tráfico de armas, entre otros delitos. En el 2022, el crimen organizado anotó allí un total de 288 asesinatos -muchos de ellos por acciones del sicariato- y, hasta el último día del mes pasado, en lo que corre de este año que recién se inicia, se suman las muertes violentas 24 personas. Casi un 10% del total registrado en los 12 meses anteriores.

Mientras, las dirigencias -tanto del oficialismo como de las oposiciones- claramente, están en otra cosa. ¿Cuál? Las elecciones presidenciales que comenzarán a dirimirse el 13 de agosto del 2023, cuando se realicen las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para definir quiénes serán las y los candidatos que disputarán, finalmente, quién ocupará la Casa Rosada (sede del gobierno federal argentino) y el Congreso nacional desde el venidero 10 de diciembre, cuando Alberto F. y su vicepresidenta Cristina Fernández concluyan el presente mandato, aunque legalmente están en condiciones de procurar una reelección.

¿Cuál es la encrucijada para los dos sectores? Para el oficialismo -profundamente enfrentadas que están las dirigencias de las tres patas sobre las que se sustenta el Frente de Todos (FDT), Alberto, Cristina y Massa- definir si el presidente irá o no por su reelección, luego de que la vicemandataria hiciera público que “no” será candidata a nada después que recayera sobre ella una condena judicial a seis años de cárcel -que no está firme- por la comisión de delitos contra la administración pública.

Sus allegados dicen que “Cristina está proscripta”. Inexacto. Los cercanos a Alberto -como es el caso del ministro de Seguridad- Fernández, ya mencionado, apoyado en la ley, en ese punto, lo tiene claro y lo dice públicamente: “Cristina no está proscripta, puede ser candidata si quiere”.

En el seno de la coalición opositora Juntos, la situación no es mejor. El ex presidente Macri, la ex ministra Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno de CABA Horacio Rodríguez Larreta, por el partido PRO (Propuesta Republicana); el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales; el senador nacional y ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el médico Facundo Manes, por la Unión Cívica Radical (UCR); y la ex diputada nacional Elisa Carrió, de la Coalición Cívica (CC), cada semana se exhiben beligerantes en extremo ante la sociedad para dirimir sus diferencias de cara a definir la candidatura presidencial del sector.

Así las cosas, el fundador y conductor del Partido Libertario, Javier Milei, diputado nacional, presentado como “antisistema” y que manifiesta públicamente con firmeza inusual ir contra “la casta” política”, pese a que para alcanzar el cargo electivo que ejerce se ajusta a todas y cada una de las disposiciones de ley, crece en la consideración pública, según las más recientes encuestas. Algunas, incluso, sugieren que podría estar entre las o los candidatos que definan al próximo presidente o presidenta en un balotaje.

La sociedad, a todos y todas, se presenten desde donde se presenten, “los mira sin comprender”, parafraseando a Enrique Santos Discépolo. Las urgencias sociales son otras. En tanto, el deterioro económico, social y político crece.