En la tercera semana de enero del 2023, el conflicto interno entre los líderes de poca densidad que conducen las tres patas sobre las que se apoya en la Argentina el oficialista Frente de Todos (FDT), escala en los niveles de gravedad y, desde algún lugar, será para recordar. El presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa, encapsulados cada uno de ellos y ella en sus ecosistemas que pueden ser mensurados en nanómetros, parecen no advertir que “lo más positivo que producen de cara a la sociedad y al bien común lo hacen cuando duermen”, dijo a este corresponsal con la condición de que su identidad no fuera revelada, un dirigente peronista de larga militancia desde sus años jóvenes, aún activo aunque sin encolumnarse “con ninguno de los dislates que vemos y enuncian”.

Consultado con mucha frecuencia por todos los sectores por ex presidentes, empresarios, dirigentes políticos de todo color, sindicalistas y altos prelados eclesiales, no duda en sostener que “el gobierno está parado, la economía no se recupera más que hasta los niveles previos a cuarentena por la pandemia, la pobreza avanza, la inflación devora los magros salarios, la inseguridad jurídica se extiende, la corrupción estructural crece, las inversiones extranjeras se demoran, los inversores dudan, la política exterior es errática o, como dice el estudioso compañero Lohlé (Juan Pablo), ‘a la bartola’ y, por si algo faltara, dentro de 265 días, el 22 de octubre, habrá elecciones presidenciales que -si no hacen nada para cambiar y, por lo menos, mejorar algo- el peronismo corre el alto riesgo de ser derrotado como en 1983, 1999 y 2015, aunque creo que no está todo perdido”.

Tres sucesos marcaron los días más recientes. Todos en el marco externo, pero con innegables repercusiones internas. El primero de ellos se verificó en el momento que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, en el transcurso del EPU (Examen Periódico Universal) ante el pleno del Consejo para los DDHH de las Naciones Unidas, oficialmente, denunció que jueces, dirigentes opositores y medios de comunicación sostienen una persecución política contra la vicepresidenta Cristina F. para proscribirla. La primera información oficial que desde ese organismo multilateral se emitió a través de la cuenta @UN_HRC en Twitter, reporta que “En #UPR42, los Estados recomendaron que #Argentina asegure la plena independencia del poder judicial y de @FiscalesGobAr, mejore las condiciones en las prisiones, garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”. En ese contexto, el viernes último el gobierno argentino consideró que lo realizado ante el Consejo fue “exitoso” y destacó que 4 de 287 países hicieron recomendaciones alineadas con las denuncias de Pietragalla. “La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania”. Respecto de la recomendación realizada por Alemania sobre la “independencia del poder judicial y de fiscales” -de la que se da cuenta más arriba- considera que “contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados del 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”. Esas situaciones antidemocráticas que destacó Alemania, según la información gubernamental argentina, hace foco sobre la administración 2015-2019 del presidente Mauricio Macri. Observadores de las actividades del Consejo para los Derechos Humanos en Ginebra destacan que Argentina sorprendió porque, en general, es la sociedad civil la que denuncia a los Estados y no que lo haga un gobierno contra su propio país. El académico Lohlé con 18 años de experiencia en la diplomacia argentina con los presidentes Carlos Menem (1989-1999), Néstor Kirchner (2003-2008) y Cristina Fernández (2008-2015) fue crítico de la denuncia realizada por el secretario Pietragalla. “Solo es posible usar al Consejo de la ONU de derechos humanos para el ‘partido de la impunidad’ cuando se confunde el enriquecimiento ilícito como lawfare”, sostuvo desde su cuenta @jplohle en Twitter.

El segundo de esos hechos, la Cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se desarrolló en Buenos Aires, dejó a la vista de todas y todos quienes participaron de ella las diferencias profundas y relacionales que existen entre el presidente Alberto F. y su vicepresidenta Cristina F. En ninguna de las actividades oficiales se mostraron juntos. Incluso, algunos mandatarios, como el colombiano Gustavo Petro o la hondureña Xiaomara Castro, para ver y escuchar a Cristina que no consiguió una bilateral con el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva que solo se reunió con Alberto, tuvieron que hacerlo en las oficinas del Parlamento. Alberto, por su parte, recibió a todos y todas como presidente temporal de la Celac, las y los despidió como ex mandatario comunitario porque el martillo de madera se lo llevó de regreso a su país el caribeño premier de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalvez, impulsado para el cargo por México, Cuba y Venezuela que consiguieron el apoyo del resto.

El tercero de los sucesos de relevante impacto local fue cuando se supo aquí que el papa Francisco, en el transcurso de una entrevista que concedió a la agencia de noticias estadounidense Associated Press, después de hablar sobre China, Latinoamérica, las mujeres, las guerras, sus viajes, habló sobre Argentina y, después de advertir que “no” hace política, dijo: “Leo los datos. Tienen un nivel de inflación impresionante. En el año 55, el nivel de pobreza de Argentina era el 5%. Hoy está en el 52, creo. ¿Qué pasó? Mala administración, malas políticas”. El presidente Alberto F., sostiene que “Francisco tiene razón” y luego destacó que el pontífice “habla de la Argentina después de que cayó Juan Domingo Perón” y, desde aquel golpe de Estado “salvo los gobiernos de Duhalde, Néstor, Cristina y el nuestro, todos los demás, aplicaron recetas liberales que generaron pobreza y marginación”. Inesperada opinión papal que podría ser caracterizada como una intromisión vaticana en asuntos internos argentinos. Más aún, aunque con mediación periodística, el intercambio no es menor porque se produjo entre dos jefes de Estado. Alberto F. de la Argentina, una república democrática latinoamericana elegido por el voto popular; y, Francisco, soberano del Vaticano, una monarquía teocrática europea elegido por el Colegio de Cardenales con intercesión del Espíritu Santo que, además, es argentino. Pero, de esto, nadie habla.